Inminente llamado a indagatoria a Alberto Fernández por los negocios con los seguros
El juez Ercolini sumó nuevas evidencias sobre el interés del expresidente en los contratos que cerraban su exsecretaria y su marido; se analiza citar a declarar a otros exfuncionarios
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LA NACIONHernán Cappiello
Es cuestión de tiempo, pero falta poco, para que el expresidente Alberto Fernández sea citado a prestar declaración indagatoria como sospechoso del delito de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de los contratos de seguros con dependencias oficiales que gestionaba su exsecretaria María Cantero con su esposo, Héctor Martínez Sosa.
La medida, que alcanzará también a Cantero, a su marido y a la mayoría de los treinta imputados que tiene el expediente, es analizada por el juez Julián Ercolini y tendría lugar en los próximos días, cuando se complete la prueba.
El juez decidió el viernes último enviar nuevas órdenes de presentación a compañías de seguros que tenía las pólizas investigadas para determinar su relación con las cooperativas San Ignacio y 7 de Mayo, para terminar de determinar la relación entre ellas y funcionarios del Estado.
Las evidencias que apuntalan la acusación contra Alberto Fernández son el decreto 823 del año 2021, que obligaba al Estado a contratar con Nación Seguros, durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano.
Los chats hablan de la génesis de este decreto y si durante el proyecto de la norma se contempló siempre la participación de productores en las contrataciones.
Se suman a este indicios los chats del teléfono de Cantero, de donde surge que la mujer actuaba desde la antesala del despacho presidencial como la gestora de los negocios de seguros de su marido.
Cada funcionario que pasaba por allí era abordado por Cantero para que su esposo le ofreciera llevar las pólizas de su dependencia pública.
Hay en los chats abundantes ejemplos de la búsqueda de contratos con Cancillería, donde estaba Santiago Cafiero, Fabricaciones Militares, el ministerio de Trasporte, el ministerio de Planificación, y también municipios.
En dos casos al menos hay una intervención directa de Alberto Fernández, que aparece en los chats ocupándose de que efectivamente esos negocios quedaran en manos de Martínez Sosa.
El delito de negociaciones incompatibles con la función pública se castiga con hasta seis años de prisión y basta con que el funcionario se “interese” en el negocio para obtener un beneficio propio “o de terceros”.
Es decir que para probar el delito no hace falta determinar que Alberto Fernández se enriqueció con los contratos de seguros oficiales, por los cuales su amigo cobraba millonarias comisiones.
Las otras figuras penales que se analizan son las de fraude, si es que hubo perjuicio para la administración pública por que los precios o las comisiones eran mayores a las del mercado, y eventualmente asociación ilícita.
Al lado de los cargos por violencia de género, las acusaciones de corrupción contra el expresidente aparecen minimizadas. No por la gravedad de las penas, que pueden ser mayores en el caso de corrupción que en el de lesiones leves agravadas, sino por las consecuencias políticas y sociales que tiene el expediente por los golpes.
Los investigados en esta causa de corrupción por los seguros son Alberto Fernández, Alberto Pagliano, Héctor Horacio Martínez Sosa, Guillermo Alonso, María Marta cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA.
También son investigados Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Corotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo y Irigoin Limitada.
De acuerdo con la investigación, desde el Estado se direccionaron las contrataciones hacia esas empresas, donde ya había vínculos anteriores, incluso antes del dictado del decreto que obligaba a contratar con Nación Seguros.
Una auditoría de Nación Seguros ubicó en la cúpula de estos intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 a Bachellier SA, a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, a Castello Mercuri en el tercer lugar, a San Ignacio en el cuarto y a TG Broker.
“En conjunto, las cinco acumulan $2.782.170.946 percibidos en comisiones de Nación Seguros SA desde 2020, sobre $3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%”, dijo Ercolini.
San Ignacio y TG Broker actuaron como intermediarios de las pólizas contratadas con Nación Seguros por parte de la Anses, que fue el inicio de esta investigación. Entre 2020 y 2024, el organismo ocupa el segundo lugar entre los estamentos públicos que pagaron mayor cantidad de dinero en comisiones.
Según el juez, Brian Kelly y Hernán Bressi figuran como presidente y director suplente de San Ignacio, pero su domicilio no pudo ser encontrado.
En uno de esos procedimientos, uno de los acompañantes de Kelly entregó dos cajas con documentos de la empresa, que había recibido poco tiempo antes en un garage por Carlos Suárez y Alfredo del Corro.
El juez estableció que hay nexos entre Del Corro y Marcos Federico Eufemio, ahora exgerente de compras de Nación Seguros. Es decir, esta segunda parte de la investigación averigua sobre los nexos entre los productores y funcionarios.
El magistrado estableció que estos productores están ligados con cooperativas de trabajo que autorizaban a conducir sus autos a Mauro Damián Tanos, despedido como gerente general de Nación Seguros.
La sospecha es que el dinero del fraude que investiga el juez se hizo mediante la compra de autos de alta gama y a través de las cooperativas.
De la lectura de las pólizas de Nación Seguros con la Anses surge la intermediación de San Ignacio y TG Broker como organizador y productor, y la coaseguradora es San Germán Seguros, presidida por Héctor Villaverde. El juez encontró nexos entre la coaseguradora y los productores.
Bachellier, ligada a Martínez Sosa, según la auditoría de Nación Seguros, “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación (referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad), representando casi la mitad del monto total pagado en comisiones”.
El presidente de Bachellier es Osvaldo Tórtora y su director, Ricardo González. El domicilio de la empresa es la casa de Tórtora y su esposa, “inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”.
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