Interviene la Justicia la obra social de la Uatre tras el asesinato del chofer del vicepresidente

Un juzgado federal de La Pampa dispuso hoy la intervención de las cuentas de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la prestadora médica del gremio de los ruralistas (Uatre) y que administra unos $2800 millones por mes. El control de esa caja había sido motivo de una violenta disputa dentro del sindicato, que tuvo su episodio más oscuro con el asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, vicepresidente de la obra social y opositor a José Voytenco, el actual jefe del sindicato.

La Justicia tomó medidas de carácter “precautorio” y designó como “administrador provisorio” a Néstor Horacio Acuña, quien a partir de ahora manejará los fondos de Osprera e investigará el patrimonio de la prestadora médica. Además, suspendió provisoriamente de sus cargos a la comisión directiva y se activó una auditoría.

El avance judicial no es por el asesinato del chofer de Ansaloni sino que surge a partir de una denuncia promovida por una afiliada y delegada de la obra social que hizo foco en la interna que mantuvieron Voyenco y Ansaloni y las consecuencias que eso trajo en el servicio a los afiliados. En la denuncia se precisan hechos sobre un presunto deterioro de la calidad de las prestaciones de la obra social en los últimos meses.

“La falta de prestaciones médicas se ha agravado en el último tiempo debido a la interna político gremial que mantienen el Sr. Voytenco, Presidente de la Obra Social, con el Sr. Ansaloni, Vicepresidente de la Obra Social y en mayor medida luego de las elecciones internas que se celebraran el pasado21 de diciembre de 2022 en el seno de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, en la que los mencionados compitieron electoralmente con listas separadas”, expresó la denunciante ante la justicia.

Tras ganar la elección y revalidar su poder en la Uatre, Voytenco está hoy parado sobre una caja millonaria. La Uatre administra $600 millones mensuales mientras que su obra social, Osprera, maneja unos $2800 millones, según fuentes que manejaron hasta hace poco las finanzas del gremio. Son aproximadamente 12 millones de dólares que surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento, como pueden ser el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), a cargo de los recursos del fondo de desempleo, y el Fondo Especial del Tabaco, una caja que se nutre por ley de un porcentaje de las ventas de cada paquete de cigarrillos y que este año le reportaría $1290 millones, según proyectó un referente de la industria tabacalera. Las cifras podrían ser incluso mayores si se tiene en cuenta que siete de cada 10 trabajadores rurales están contratados en negro, de manera irregular, según denunció Voytenco.

“Si el objetivo de la Justicia es despejar las dudas, bienvenida sea la actuación”, dijo hoy Voytenco tras conocer la medida judicial. Además, a través de un comunicado, recordó que en el directorio de Osprera él se movía en minoría por lo que su peso como presidente de la institución estaba diluido ante el accionar de sus opositores.

Además de esta causa, Ansaloni había sido denunciado por asociación ilícita y malversar fondos de la obra social.

LA NACION

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