La Justicia falló contra los tres jueces que el kirchnerismo quiere correr de sus cargos

Mientras el kirchenrismo avanzó en el Senado para sacar de sus tribunales a tres jueces clave, la Justicia rechazó pedidos de los tres para ser mantenidos en sus cargos, a los que llegaron por traslado durante el gobierno anterior. Los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli no pierden sin embargo la esperanza y aún confían en que un fallo de la Corte Suprema les permita conservar sus lugares.

Los jueces a los que el oficialismo quiere regresar a los cargos que ocupaban en 2018 dictaron fallos contra el kirchnerismo. Bertuzzi y Bruglia confirmaron en la Cámara Federal los procesamientos de Cristina Kirchner y numerosos funcionarios de su gobierno, y Castelli fue sorteado para juzgar a la vicepresidenta en la causa de los cuadernos de la corrupción.

El eje del problema es que el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura les cuestionó que no tenían acuerdo del Senado para sus nuevos cargos. Afirmó que el acuerdo que les había dado el Senado solo era válido para los cargos que ocupaban con anterioridad (cuando eran, igual que hora, jueces federales en lo penal, pero de otros tribunales). Con esa decisión del Consejo, el Senado realizó una audiencia hoy para darles nuevo acuerdo. Los camaristas no concurrieron, porque entendieron que no necesitan otro acuerdo: ya tienen el que se les otorgó cuando fueron designados jueces.

Mientras el kirchnerismo avanzaba contra ellos, los tres jueces fueron a la Justicia, que hoy rechazó sus pedidos para frenar los nuevos traslados que intenta el Senado. La jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez rechazó la medida cautelar pedida por el juez Castelli para que la Justicia detenga el trámite en la Cámara alta. Castelli sigue litigando, con una apelación ante la Cámara y esperando que la jueza falle sobre el fondo de su reclamo, que busca que declare innecesario el nuevo acuerdo del Senado.

Bruglia y Bertuzzi ya perdieron en primera instancia con un fallo de la jueza María Alejandra Biotti y ante ese revés, plantearon dos caminos paralelos: por un lado, apelaron ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, por otro, fueron directamente ante la Corte Suprema de Justicia con un per saltum. Este recurso implica no esperar a que se pronuncie la Cámara y reclamar que la Corte se aboque de inmediato al problema.

Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy la medida cautelar que habían pedido para frenar el trámite en el Senado. Los camaristas Jorge Alemany y Guillermo Treacy dijeron que en el marco de una medida cautelar no ven verosímil la ilegitimidad del acto del Consejo de la Magistratura que les exige un nuevo acuerdo del Senado. Además, por los argumentos que esbozaron hoy los magistrados, no parecen muy proclives a darles la razón cuando analicen el fondo del asunto.

Así las cosas, el único camino que les queda a los camaristas Bruglia y Bertuzzi para seguir batallando es la Corte. Allí pidieron al tribunal que de inmediato frene a la Cámara alta y argumentaron que la propia Corte ya dijo en una acordada de 2018, ante el traslado de Bruglia, que no es necesario un nuevo acuerdo del Senado cuando los traslados "se dan dentro de la misma jurisdicción, para desempeñar funciones de la misma jerarquía, con igual o similar competencia material, mediando el consentimiento expreso del magistrado". Y esto se ajustaría al caso de los camaristas.

La Corte analizó el caso esta semana y no tomó ninguna determinación. El máximo tribunal se volverá a reunir virtualmente el martes de la semana próxima. A fines de esa semana está prevista una sesión del Senado donde la mayoría kirchnerista rechazará, en el pleno, el acuerdo de Bruglia y Bertuzzi, y activará el mecanismo para que regresen a su tribunal oral.

Los tiempos son clave. Una cosa es que la Corte se pronuncie antes de fin de la semana que viene e ir contra una resolución del Consejo de la Magistratura (un órgano del Poder Judicial), y otra es que lo haga después, cuando ya debería ir contra una decisión del Senado y del Poder Ejecutivo, que, una vez notificado de la negativa de los legisladores a dar los acuerdos, podría emitir un decreto para regresar a los jueces a sus tribunales de origen, lo que abriría, si la Corte les diera la razón a los camaristas, un conflicto entre poderes.