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Juicio por Oderbrecht: el fiscal Luciani pidió cuatro años de prisión para De Vido
El Ministerio Público acusó al exministro kirchnerista del delito de negociaciones incompatibles con la función pública; también solicitó penas de cárcel para otros cuatro acusados
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LA NACIONFederico González del Solar
El fiscal Diego Luciani pidió este jueves que el exministro de Planificación Federal del kirchernismo, Julio De Vido, sea condenado a cuatro años de prisión por su rol en parte de los hechos del caso conocido como Oderbrecht, en el que se revisan irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos, entre 2006 y 2008.
Luciani describió en su alegato, que abarcó las últimas dos audiencias del juicio, cómo se direccionó -según su criterio- un contrato que superó los 2300 millones de dólares en favor de la empresa brasileña que violó “todos los principios básicos de contratación pública”.
De Vido está actualmente detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, la única firme de sus condenas. Antes había estado detenido en el marco de otros expedientes, como la causa por irregularidades en Río Turbio y en la compra de Gas Natural Licuado, por la que también fue condenado a 4 años. En paralelo, sigue afrontando otros procesos judiciales, entre ellos el juicio de los Cuadernos de las Coimas y el caso Skanska.
Además de De Vido, en este juicio fueron acusados por el fiscal el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar; el exgerente general y exvicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.
Para Cameron y Folgar, el fiscal pidió penas de cuatro años y de tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Para Beuret, solicitó tres años y medio, y para Bragulet, en cambio, pidió la absolución, por no poder asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra”.
Cammesa aparece en la causa como uno de los engranajes del esquema estatal que, según la fiscalía, desplazó a las transportistas y permitió direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht.
“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el fiscal Luciani en su alegato.
La causa nació como una deriva del caso Skanksa -también en la instancia final de juicio oral- y revisa, en particular, la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).
El juicio comenzó en diciembre, está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, y comprende solo lo relativo al delito de negociaciones incompatibles. La otra parte, en donde se revisa la posible comisión de cohecho, es decir, del pago y cobro de coimas, sigue en etapa de instrucción.
Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, el 12 de mayo.
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