
Juristas cuestionan la postulación testimonial
Pero discrepan sobre si un juez puede frenarlas
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El posibilidad de que el gobernador Daniel Scioli e intendentes del conurbano compitan por cargos legislativos que jamás asumirán generó fuertes críticas de constitucionalistas, que dijeron que se trata de una maniobra poco ética y una "estafa electoral".
Sin embargo, ninguno de los juristas consultados por La Nacion advirtió que fuera ilegal. Al menos, no a primera vista: no hay norma que impida que un gobernante se presente como candidato y anuncie que, aunque gane, no va a ejercer ni un solo día el nuevo cargo.
¿No hay forma entonces de impugnar estas candidaturas simuladas? Los constitucionalistas discrepan.
"Lamentablemente, desde el punto de vista legal se pueden hacer este tipo de maniobras –dijo Félix Loñ–. Si se anuncia que no se va a asumir el cargo, se está engañando al electorado. Sería interesante plantear la impugnación por fraude electoral, pero de todos modos veo remota la posibilidad de que prospere."
Gregorio Badeni coincidió en que "desde el punto de vista estrictamente jurídico no habría inconvenientes formales" para estas "candidaturas testimoniales", como las llama el Gobierno. Pero fue más optimista sobre el posible éxito de una impugnación: "Si el candidato manifiesta que no va a asumir el cargo, es muy probable que prospere cualquier impugnación contra su candidatura".
Según Eduardo Barcesat, podría intentarse una "acción de amparo" contra estas postulaciones sobre la base de los principios generales del derecho. "Es la misma maniobra que inició Gabriela Michetti, algo absolutamente inmoral", declaró.
En el mismo sentido, Delia Ferreira Rubio afirmó: "El ex presidente ha creado una nueva categoría en la política argentina: los candida-truchos, candidatos de mentira, puestos en las listas para engañar a la gente. Esta maniobra es una burla a la ciudadanía, una violación de los principios esenciales de la democracia y una total falta de ética".
Ferreira Rubio cree que no prosperaría una impugnación porque la ley no incluye este caso. En cambio, advirtió que podría castigarse luego a quienes se hubieran presentado sabiendo que no iban a asumir. "Encuadraría en el delito de inducción con engaños previsto por el artículo 140 del Código Electoral, que pena con prisión de hasta 2 años a quien indujere con engaños a otro a sufragar de determinada forma".






