Kicillof presentó otro recurso por las deudas de Milei y se quejó de la falta de celeridad de la Corte
El gobernador reclamó una audiencia al máximo tribunal y recursos de la Anses; hizo el mismo planteo en abril de 2024 e hizo notar que ya se resolvieron los casos de Córdoba y Santa Fe
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LA NACION
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo este martes una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el tribunal se expida sobre una denuncia que el mandatario provincial hizo el 26 de abril del año pasado, en la que le solicitó que se intime al gobierno de Javier Milei a reintegrarle a la Provincia fondos previsionales de la Anses destinados a compensar el déficit del régimen jubilatorio bonaerense que no fue transferido a Nación. Según informó ayer el gobierno provincial, esa deuda asciende a $1.603.648 millones, dentro de un total reclamado de $12,1 billones si se suman todos los rubros exigidos por la administración de Kicillof.
Kicillof, en un escrito que firmó junto al fiscal de Estado de la provincia, Hernán Gómez, basó su pedido a la Corte “en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de la acción (26/4/2024)”, según se lee en la presentación. Pidió que el tribunal que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti “tenga a bien expedirse sobre su competencia” y que “se fije una audiencia de citación de las partes a los fines de procurar una salida conciliatoria, en función de la apremiante situación económica oportunamente descripta en la demanda, y a los intereses públicós comprometidos de índole previsional en juego”.
Como antecedentes que sustentan su reclamo, el gobernador de Buenos Aires apeló a la situación de las causas por recursos nacionales que iniciaron las provincias de Córdoba y Santa Fe. “Respecto a la fijación de audiencia, solicitamos el mismo tratamiento que se ha otorgado a otras provincias en procesos similares”, subrayó Kicillof en el escrito, antes de mencionar el caso de Córdoba, con una “audiencia convocada por el Alto Tribunal mediante resolución de fecha 19/3/2025, celebrada el 14/5/2025″, y el de Santa Fe, con “audiencia convocada a través de la resolución de fecha 6/6/2025, celebrada el 15/7/2025″.
En su presentación original ante la Corte, el 26 de abril de 2024, el gobierno bonaerense solicitaba que el tribunal declarara inconstitucional el artículo 18 del decreto 280 del año 2024 y que “restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en concepto de compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”.
La Provincia reclama en su demanda la “actualización por anticipos 2023 (con base 2018)”; la “deuda por anticipo 2024 (con base 2020 más su actualización)”, y las “diferencias entre el déficit y percibido por anticipos sin actualizar por los ejercicios 2018, 2019 y 2020″.
En su presentación de abril ante la Corte, el gobierno provincial recordó que la Anses debe transferir de forma mensual “el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado de acuerdo con el Decreto N° 730/18″ a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado Nacional.
El gobierno provincial presentó el lunes un informe en el que actualizó las deudas que le atribuye a la Nación y en el que concluyó que la deuda existente es de $12,1 billones.
En materia de deudas directas (las deudas efectivas al día), la administración de Kicillof reclama $3.044.800 millones; por lo que agrupó como “saldos de obras públicas comprometidas por el gobierno nacional”, pide el pago de $6.906.928 millones, y en concepto de “discontinuidad o retrasos de programas nacionales”, $2.165.919 millones.
Además de los fondos por transferencias de la Anses, los montos más abultados que reclama el gobierno de Kicillof son los de 180 obras públicas ($4.018.602 millones); los del Plan Procrear ($1.254.900 millones), y los del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (Fofofi), que suman $1.251.271 millones.
La de este martes fue la séptima presentación judicial que el gobierno bonaerense hace frente al máximo tribunal contra la gestión de Milei en su pulseada por el reparto de fondos.
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