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La AFA ganó una batalla clave, pero Tapia y Toviggino siguen preocupados por el frente externo
El proceso que se lleva adelante en Miami puede terminar complicando al presidente y al tesorero de la entidad de fútbol; las otras causas en las que resisten
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LA NACIONNicolás Pizzi
La maniobra ideada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se terminó de consumar. La causa que investiga la compra de la mansión de Pilar, junto con sus colectoras, regresará, en breve, al mismo juez que querían los presuntos testaferros y los dirigentes de la entidad. “Va a terminar volviendo para acá”, repetía el juez de Campana Adrián González Charvay desde que le sacaron el expediente. En estos dos meses no hubo avances. En el medio, hubo jueces que cambiaron de opinión abruptamente. El resto de los involucrados prefirió mirar para otro lado.
La batalla legal arrancó el 29 de diciembre, apenas unas horas después de que LA NACION reveló la maniobra para desviar los fondos de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, con sede en Miami. El 30, último día hábil del año, González Charvay pidió correr al juez Marcelo Aguinsky, que venía avanzando con medidas de prueba. El objetivo de semejante apuro era que la instancia de revisión fuera la Cámara Federal de San Martín. Primera victoria.
A partir de ese momento, el juez de Campana comenzó a reclamar otras causas sensibles que rozaban los intereses de la AFA. Una suerte de esponja que absorbía todo para conformar una megacausa.
El primer trofeo fue una causa que tenía el juez federal Luis Armella, que allanó la causa del empresario Javier Faroni y las sedes de la AFA. De esa manera se consiguieron los contratos con la empresa TourProdEnter. El juez de Campana también absorbió la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón pidió las detenciones de Tapia y Toviggino y analizó en profundidad el entramado de sociedades del tesorero de la AFA.
La única causa que quedó a salvo es la que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su mujer, Erica Gillette.
En junio, la maniobra tuvo un traspié importante: la Cámara en lo Penal Económico le sacó la causa a González Charvay y se la dio a la jueza María Verónica Straccia, que la terminó delegando en el fiscal Claudio Navas Rial. Ese fallo planteaba que el traspaso se tenía que hacer de “manera urgente”. Nada de eso ocurrió. También cuestionaba con dureza la actuación, hasta ese momento, del juez de Campana.
En esos primeros seis meses, González Charvay ordenó pericias contables -una medida habitual para ganar tiempo—, pero nunca avanzó sobre los jefes de la AFA. Tampoco citó al monotributista Luciano Pantano y Ana Conte, los presuntos testaferros. “Más allá de haberse incorporado elementos probatorios a la investigación que se sigue por el legajo CFP 5277/2025, hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso”, dijeron los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
LA NACION reveló en mayo decenas de imágenes que vinculaban a Toviggino de manera directa con la mansión. Y el plan para borrar todos esos rastros. Ninguna de esas pruebas fue agregadas al expediente. Tampoco se investigó ese supuesto plan ni a sus protagonistas.
En cambio, el juez de Campana fue muy expeditivo para anular como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino. De ese teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares.
El pronóstico de Charvay se cumplió o está a punto de cumplirse. Más temprano que tarde, la causa volvería a Campana. La Cámara de Casación determinó hoy, con la firma de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que la Cámara de San Martín debe definir la competencia. “Otra vez se lavaron las manos”, razona, con crudeza, uno de los abogados que sigue estas causas. En mayo, los jueces del máximo tribunal penal tampoco se metieron de lleno y delegaron la decisión en la Cámara en lo Penal Económico. En ese caso, el fallo lo firmaron los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y el propio Borinsky. Dos jueces se excusaron en el camino. En este caso, Barroetaveña siguió adelante pese a su vínculo histórico con la AFA.
La decisión de Casación terminó siendo previsible. Hace tiempo que los abogados que orbitan alrededor de Tapia y Toviggino, algunos desde las sombras, están más preocupados por el frente externo. Nunca lo van a reconocer en público.
La causa que tramita en Miami es extremadamente reservada, mucho más después de la filtración de la citación a un testigo, que no se presentó. La difusión pública de la “subpoena” causó “profundo malestar” entre los fiscales, que pretendían avanzar la pesquisa por debajo de los radares públicos y requirieron “confidencialidad extrema” a las personas hasta ahora contactadas.
Cada vez es más fuerte la versión de que el testigo X era el exresponsable comercial y de Marketing de la AFA Leandro Petersen, quien lo sigue negando. En medio de los rumores, Petersen renunció a su cargo y a los pocos días se fotografió con Lionel Scaloni en España. En los tribunales de Miami trascendió que sus abogados estarían negociando un acuerdo con la Fiscalía. Si eso ocurre, Tapia y Toviggino tienen razones para estar preocupados.
La pesquisa del Departamento de Justicia busca determinar si pudieron cometerse múltiples delitos bajo jurisdicción estadounidense, entre ellos lavado de activos mediante un presunto fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa. Todos esos contratos pasaron por las manos de Petersen.
El Gobierno trata de mostrar hace tiempo un supuesto desinterés por esta batalla legal que puede reconfigurar el manejo del fútbol argentino. Pero los propios protagonistas saben que la definición está en manos de la política. “Vos quedate tranquilo, que el año que viene volvemos y todo se acomoda”, escuchó uno de los empleados de la quinta cuando se hicieron los allanamientos, en enero pasado. A un costado, uno de los abogados escuchaba azorado.
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