La causa por la quinta de Pilar se reactiva con pericias y 30 nuevos requerimientos
El juez González Charvay ordenó sus primeras medidas de prueba al frente del caso; intervienen ocho dependencias policiales
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LA NACION
La causa que investiga la suntuosa quinta de Pilar por un presunto lavado de dinero se reactivó este miércoles con una nueva tanda de medidas ordenada por el nuevo juez Adrián González Charvay, que incluye tres pericias y una treintena de requerimientos de informes a entidades públicas y privadas, indicaron fuentes judiciales.
El caso busca esclarecer quiénes son los verdaderos dueños del complejo, que cuenta con helipuerto, una colección de más de 50 autos, algunos de ellos de alta gama, y que está valuado en 20 millones de dólares.
La investigación cambió de manos por segunda vez el pasado martes, por orden del juez Alberto Lugones, de la Cámara de San Martín, luego de resolver un planteo que iniciaron los propietarios formales del lugar y presuntos testaferros, Luciano Pantano y Ana Conte, solicitando que el expediente pasara a la Justicia de Campana.
Lugones dio luz verde al pedido y el caso quedó bajo la órbita del juez González Chavay, que no delegó la investigación y este miércoles ordenó un conjunto de medidas, en las que intervienen ocho dependencias policiales, según deslizó una fuente del caso.
El hecho de que el perfil económico de Pantano y Conte no guardara correlación con los bienes que tienen a su nombre, bajo la sociedad Real Central, fue el primero de una serie amplia de indicios que reforzaron las sospechas de la Justicia respecto de la quinta.
En el primer allanamiento, la Justicia encontró un bolso y una placa homenaje con el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; una colección de autos cuyos tele-pases se pagaban con una tarjeta corporativa de la entidad deportiva, y unos kartings muy parecidos a los que el hijo del tesorero usaba en competencias locales.
Esos y otros datos afianzaron la hipótesis de que todo el lugar podría pertenecer a las autoridades de la AFA, por lo que la Justicia inició un camino “hacia atrás” para, con la hipótesis de lavado bajo el brazo, poder esclarecer el delito que habría posibilitado la compra de todos esos bienes, ajenos a la capacidad económica de Pantano y Conte.
El juez Lugones avaló el planteo de ambos luego de que el camarista durante la feria, Juan Pablo Salas, no se pronunciara al respecto y el juez que debía resolverlo tras él, Néstor Barral, extendiera su licencia. Así, el caso quedó con Lugones, quien acreditó el argumento territorial con el que González Charvay reclamó el caso para su juzgado.
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