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La CIDH ofreció visitar la Argentina por las denuncias de agresiones a periodistas
El organismo interamericano de derechos humanos planteó la propuesta en una audiencia con asociaciones civiles; el subsecretario del área, Alberto Baños, acepta el diálogo, pero no hubo una definición
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LA NACIONMariano De Vedia
Las denuncias contra el gobierno de Javier Milei por hostigamiento, agresiones y estigmatizaciones a la prensa dominaron la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó este miércoles para acercar a las partes. El encuentro se desarrolló en la Universidad de Miami, durante una hora y media cargada de tensión, y el organismo internacional recomendó dar pasos para encontrar canales de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
La comisión estratégica de la Organización de Estados Americanos (OEA), recordada por la histórica visita que realizó a la Argentina en 1979 a para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos en plena dictadura militar, ofreció la posibilidad de enviar una misión para contribuir a encontrar caminos de acercamiento.
“Estamos interesados en hacer una visita, dijo el presidente de la CIDH, el mexicano José Luis Caballero Ochoa, quien reivindicó los aportes históricos de la Argentina en la construcción del sistema interamericano de derechos humanos. Entre el año pasado y el actual, la CIDH emitió cinco comunicados sobre la libertad de prensa en la Argentina y celebró una audiencia sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión.
Esta vez la audiencia fue pedida por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre numerosas organizaciones de la sociedad civil. La posición del Gobierno fue expresada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, quien negó la existencia de un plan destinado a la “persecución de periodistas”.
La presidenta de Fopea, Paula Moreno, presentó datos que sustentan la preocupación por el crecimiento de la violencia digital y el hostigamiento por parte del gobierno libertario contra la prensa, a lo que se suma el hostigamiento del propio Milei en las redes sociales. “Hay un aumento significativo de ataques a la prensa, que pasaron de 179 casos en 2022 a 256 en 2023”, reveló, a exhibir cifras que “superan el récord histórico de 2013”, en referencia la presidencia de Cristina Kirchner.
Insistió en que el Presidente encabeza la mayor parte de los agravios con posteos y réplicas en las redes sociales, con niveles por encima de Nicolás Maduro y Nayib Bukele. Y alertó, también, sobre el incremento de la violencia física contra la prensa en las movilizaciones sociales por parte de fuerzas policiales. Recordó, al respecto, la inquietante frase del Presidente, cuando animó a sus militantes con la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
El periodista de investigación Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción de LA NACION, relató que el 25 de mayo pasado reveló existencia del Plan de Inteligencia Nacional, un documento secreto, que entreabre la puerta al desarrollo de tareas de espionaje ilegal sobre políticos opositores, movimientos sociales y periodistas, entre otros objetivos. “El Gobierno alegó que el documento existe, pero que se trata de una interpretación sesgada”. El resultado de la primicia fue que afrontó diez intentos de hackeo, ataques en correos electrónicos, en la red X, insultos y amenazas desde cuatro números telefónicos distintos.
“Lo expuesto explica el estado de ánimo y el impacto sobre periodistas, que repercute en un silenciamiento, temor, autocensura, prácticas de disciplinamiento y ataques a la integridad moral y la credibilidad”, resumió Claudio Jacquelin, vicepresidente de Fopea.
El abogado Hugo Wortman Jofré, vocal del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, mencionó el uso de acciones judiciales paras disciplinar e intimidar a los periodistas, entre otros mecanismos que afectan el trabajo de la prensa. Sumó la polémica ley que modificó las condiciones para acceder a la información pública, en un contexto de promoción del “acoso legal o litigioso” para silenciarlas voces críticas. Mencionó el caso de la querella iniciada contra el periodista Carlos Pagni.
A su turno, Julia Mengolini, de Futurock, presentó también la experiencia que vivió como víctima de violencia y denunció que el Presidente “usa el poder del Estado para perseguir y silenciar con campañas de odios, para instalar enemigos y construir mentiras”. Dijo que el Presidente publicó en las redes cien mensajes en mi contra en cuatro días y usó el poder penal para perseguirme”.
Surgió, además, el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de un disparo de un gendarme, durante la cobertura de una marcha de jubilados. “La granada que abrió su cabeza nos cambió a todos. Un mensaje directo para todos”, señaló Tomás Cuesta, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina.
El subsecretario Baños, la voz oficial, respondió los cuestionamientos y dijo que las presentaciones de los referentes de las organizaciones de la sociedad civil fueron recibidas y analizadas. “Estas solicitudes contienen afirmaciones y listados de episodios y casos judiciales que exceden el objetivo de la audiencia. La finalidad no es ventilar casos particulares, ni sustituir procesos judiciales y administrativos”, afirmó, al desestimar los reclamos.
Explicó que las audiencias temáticas de la CIDH son espacios de diálogo, información y cooperación técnica. No tienen un carácter contencioso, no es la vía para investigar casos concretos o promover medidas cautelares”, planteó.
Frente a la propuesta de la CIDH para enviar una misión a la Argentina, Baños dijo: “Nos prestamos al diálogo al que nos invitan con algunos de los representantes de las sociedades civiles. Pero hay que diseñar una hoja de ruta previa para que no se convierta en un contencioso contradictorio”.
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