La CIDH recomendó la prisión domiciliaria para Milagro Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió un cambio en la condición de detención, pero evitó reclamar su libertad, como pretendía la dirigente
Rosario Agostini
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29 de julio de 2017  

Sala, en junio pasado, cuando la visitó una misión de la CIDH
Sala, en junio pasado, cuando la visitó una misión de la CIDH Crédito: CIDH

SAN SALVADOR DE JUJUY.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expidió ayer sobre el pedido de libertad que había solicitado la defensa de Milagro Sala , y recomendó que se le otorgue la prisión domiciliaria o la libertad con fiscalización electrónica a la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, que está detenida desde enero de 2016.

La respuesta generó satisfacción en sectores del Gobierno, dado que la resolución de la CIDH no exigió su liberación inmediata, como reclamaba la dirigente, ni calificó su detención como "arbitraria" y, por lo tanto, ratificó de alguna manera lo realizado por las instituciones judiciales de la Argentina. Sí hizo lugar a reclamos respecto de garantizar la integridad física de Sala, petición solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el equipo de abogados que defienden a la dirigente.

La CIDH, un organismo autónomo que trabaja bajo la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitó al Estado nacional que adopte las medidas necesarias para garantizar "la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala en el contexto de la detención preventiva que actualmente se encuentra; concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, y que las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares descritos, medidas alternativas a la detención preventiva, como el arresto domiciliario, o bien que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica".

La CIDH también reclamó al Estado argentino que informe, dentro del plazo de 15 días, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información en forma periódica.

El organismo, además, le recordó al Estado argentino que "debe atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU" que sostuvo que es "arbitraria" la prisión de Sala y llamó a su "liberación inmediata".

Vale aclarar que, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia tomada en febrero de este año, que definió que sus pares de carácter internacional no puedan revocar sus fallos (aun cuando el país haya firmado tratados de adhesión), la decisión de la CIDH se convierte en una recomendación no vinculante para la justicia local.

De hecho, aún está pendiente el fallo respecto del pedido de libertad que la defensa de Sala presentó ante el máximo tribunal de la Nación. Es esperable que luego de esta resolución de la CIDH, la Corte se expida en las próximas semanas.

La medida cautelar ante la CIDH había sido solicitada por el CELS, Amnistía Internacional y el equipo de abogados de Sala, quienes habían expresado preocupación por la "irregular privación de libertad" de la diputada del Parlasur, indicando que se vulneraban estándares internacionales "como las disposiciones de las Reglas de Mandela o de los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas".

El documento presentado lleva las firmas de Gastón Chillier, por el CELS; Ana Laura Lobo Stegmayer y Gabriel Pereira, por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, y Mariela Belski, directora ejecutiva de la sección Argentina de Amnistía Internacional. Desde estos sectores celebraron la decisión de la CIDH. Lo mismo, aunque por razones opuestas, hizo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj.

Minutos más tarde de conocerse la resolución, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación emitió un comunicado en el que se comprometió a comunicar "dicha solicitud" a las autoridades judiciales y administrativas de Jujuy "para su conocimiento e intervención, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales".

"El gobierno nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia", concluyó el texto de lo que fue la respuesta formal de la Casa Rosada.

Se espera que en las próximas semanas comience un nuevo juicio oral contra Sala, en este caso por la supuesta amenaza de poner una bomba en la comisaría 56 de Alto Comedero.

El fiscal de Investigación Penal Nº 6, Gustavo Araya, había requerido la elevación de la causa a juicio oral en marzo de 2016. En el expediente se le atribuyó a Sala una amenaza a un oficial de policía de apellido Vázquez mientras se encontraba recibiendo una denuncia de una mujer de apellido Clemente, que se presentó a su oficina refiriéndole que la entonces diputada provincial kirchnerista deseaba comunicarse con él telefónicamente, y le exigió en forma autoritaria que se le restituyera a una compañera de apellido Vargas todas las prendas y calzados secuestrados.

Un año y medio de medidas y debates legales

La detención

La dirigente fue detenida el 6 de enero de 2016 en Jujuy mientras acampaba frente a la gobernación

La primera condena

Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el escrache realizado al entonces senador radical Gerardo Morales

Críticas de la CIDH

El grupo de trabajo del organismo tildó de "arbitraria" la detención de Sala y dijo que "urge" resolver su situación

ONU

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU consideró que Sala debe ser liberada "inmediatamente"

Un guiño de los fiscales

La procuradora Alejandra Gils Carbó consideró que la prisión preventiva de Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto"

La Corte Suprema

El máximo tribunal debe expedirse sobre la detención de la líder social

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