La Corte analiza los reclamos de 13 gobernadores

CÓRDOBA.- Tal como habían advertido, la mayoría de los gobernadores opositores presentaron ayer demandas ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional los tres decretos (561, 566 y 567) por los que la Nación eliminó el IVA a un grupo de alimentos, subió el piso de Ganancias y congeló el precio del petróleo. La presentación incluyó una cautelar para que -hasta que se resuelva la cuestión de fondo- no se retraigan los recursos de los fondos coparticipables.

Será la Procuración General del cuerpo la que determine si es competencia de la Corte definir este tema. Las presentaciones las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.

El listado original incluía también a Misiones, Chaco, Río Negro y Neuquén, que postergaron la presentación ante algunas llamadas desde la Casa Rosada; la administración rionegrina desistió después de haber ingresado la documentación.

El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, confirmó que recibieron una llamada de ministros de la administración nacional: "Nos solicitaron aguardar hasta fin de mes para conocer el impacto de las modificaciones en IVA y Ganancias, con el compromiso de compensar cualquier pérdida que puedan sufrir los recursos provinciales".

Su par rionegrino, Alberto Weretilneck, escribió en su Twitter: "Desde Nación confirmaron que a fines de este mes se realizará un análisis del impacto de las medidas económicas sobre la coparticipación de las provincias, y a partir de allí se buscarán alternativas para evitar la afectación de los fondos provinciales".

El chaqueño Domingo Peppo indicó: "Ir a la Corte no decimos que no, pero tenemos que pagar sueldos a fin de mes: estamos dispuestos al diálogo".

En el caso de Córdoba, que resigna hasta fin de año unos $3500 millones, todavía analiza qué camino seguir. Hasta ahora el gobernador Juan Schiaretti no recibió ninguna señal desde la Casa Rosada.

Federico Nazur, fiscal de Estado de Tucumán, explicó a LA NACION que las presentaciones realizadas -que son individuales- cuestionan la constitucionalidad de la medida. El funcionario tucumano argumentó que incumple el artículo 99 inciso tercero, que señala que el Poder Ejecutivo no podrá "en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos".

Hace una semana, en una reunión, los mandatarios tomaron la decisión de acudir a la vía judicial si desde la Casa Rosada no los convocaban para buscar una "compensación" para el recorte que significará en la coparticipación la baja de impuestos. Calculan que la medida le costará a todas las provincias casi $35.000 millones hasta fin de año; en las más grandes el peso es mayor, pero en las que más dependen de la coparticipación el impacto relativo es más significativo.

Además de esta presentación, Tucumán realizó otra por la inconstitucionalidad del DNU que suspendió desde el año pasado el Fondo Federal Solidario (fondo sojero); se sumó a otras seis provincias que ya lo habían hecho. "Intentamos agotar todas las instancias de diálogo, pero como no hubo avances, no quedó otro camino", dijo Nazur.

Después de la reunión de hace una semana, en un documento los gobernadores plantearon: "Nos parece positivo que el gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución como por el pacto fiscal".

Por Gabriela Origlia

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