La Corte evalúa cambios en la oficina de las escuchas

Con la llegada de Carlos Rosenkrantz como nuevo presidente, la Corte Suprema de Justicia analiza si cambia el destino de la oficina que realiza las escuchas telefónicas a pedido de los jueces que tienen investigaciones criminales.

No se trata de una mera decisión administrativa, sino de una determinación de alta sensibilidad en un país donde el espionaje ilegal de las comunicaciones a funcionarios, empresarios o periodistas o la utilización política de las escuchas hace tiempo que dejó de ser una leyenda urbana.

La oficina de escuchas telefónicas estuvo históricamente en manos de los servicios de inteligencia, pero, al final del kirchnerismo, pasó a depender del Ministerio Público, es decir, de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, y con el gobierno de Mauricio Macri pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Todos esos cambios se hicieron mediante un decreto, y el Gobierno no está dispuesto a derogarlo, dijeron a LA NACION fuentes oficiales.

Mientras tanto, con la llegada de nuevas autoridades a la cabeza del Poder Judicial en el Palacio de Tribunales analizan tres opciones para la oficina de escuchas judiciales:

-Que siga dependiendo de la Corte, tal cual como está ahora.

-Que se convierta en un organismo descentralizado con dependencia orgánica, pero no funcional de la Corte, junto con el Cuerpo Médico Forense, la Morgue o la oficina de peritos anticorrupción.

-O que dependa de algún tribunal inferior, como la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional o la Cámara Federal de Casación Penal.

Pero en lo inmediato -esta semana-, la Corte no hará ninguna reconfiguración del mecanismo. Está ocupada en otra cosa. Mañana comienza el J-20, un megaencuentro de presidentes de las Cortes de los países más poderosos, que integran el G-20. Este encuentro cortesano, adelanto del que tendrán a fin de noviembre los presidentes de las naciones, será presidido por Carlos Rosenkrantz, y a la inauguración concurrirán Mauricio Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconfirmado en su cargo.

El encuentro comenzará con una recepción en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, que se realizará al atardecer de mañana, y continuará con cinco paneles, encabezados por cada uno de los jueces de la Corte Suprema, que se realizarán en el CCK entre pasado mañana y el miércoles. Así, el acuerdo de jueces de la Corte de la próxima semana recién tendrá lugar el jueves y allí no se tratará el asunto de la oficina de escuchas.

Esta modificación responde a que quien maneje esta oficina con permiso legal para espiar siempre será objeto de miradas suspicaces, por el enorme poder que genera el manejo de esa información reservada.

De hecho, cuando la oficina pasó a la Corte Suprema de Justicia, durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti, la diputada Elisa Carrió, aliada del gobierno de Macri, denunció que se trataba de una agencia de inteligencia paralela, manejada por el alto magistrado. Y cada vez que podía sembraba sospechas sobre su utilización.

Apenas quedó en manos de la Corte, Lorenzetti la puso en manos de dos personas de su confianza; el presidente de la Cámara Federal Martín Irurzun y el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra.

Audios filtrados

No obstante, durante la gestión de Lorenzetti se filtraron los audios de escuchas telefónicas sobre el teléfono de Oscar Parrilli. Esa pinchadura permitió grabar conversaciones con la expresidenta Cristina Kirchner, de alto contenido político y escaso valor probatorio para el asunto que se investigaba.

Lejos de ser destruidas esas escuchas inútiles para el caso terminaron en los medios.

Las escuchas telefónicas a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli habían sido autorizadas por orden de la jueza federal María Servini ante el pedido de la AFI para corroborar si el entonces secretario de Inteligencia se había llevado información perteneciente al organismo. Al no haber encontrado información relativa al tema, Servini ordenó la destrucción del contenido que, de todas formas, llegó a manos de la prensa.

Un caso similar se dio con otra serie de audios que se filtraron a la prensa en una causa en la que Oscar Parrilli era investigado por el juez Ariel Lijo, por el presunto encubrimiento del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi.

La Corte tomó distancia de las filtraciones y responsabilizó indirectamente a la AFI, el organismo de inteligencia que preside Gustavo Arribas, cercano al presidente Mauricio Macri.

Históricamente llamada OJ (u "Ojota"), por las siglas de Observaciones Judiciales cuando la manejaban los espías, al blanquearse se llamó Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

El titular de la Dajudeco es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien trabajó como secretario del juzgado federal de Ariel Lijo y está como candidato en la terna elevada para ocupar el juzgado que dejó Norberto Oyarbide.

Entre las atribuciones de la Dajudeco, se encuentran las de realizar análisis financieros, mapas de relaciones, perfiles económicos y rastreos en redes sociales, entre otras facultades para investigar el crimen organizado y la corrupción pública y privada.

Las escuchas telefónicas y la captación de otras comunicaciones se llevan adelante en el edificio de Avenida de los Incas 3834.

En la acordada 02/2016, a través de la cual se creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, se estableció que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, elegido por sorteo durante un período de un año "no renovable".