La Corte intenta reactivar el Consejo de la Magistratura, paralizado hace seis meses
En los tribunales responsabilizan a la política, que impidió la elección de los consejeros senadores y diputados; el kirchnerismo señala al máximo tribunal y a su presidente, Horacio Rosatti
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LA NACIONHernán Cappiello
El Consejo de la Magistratura está paralizado desde hace seis meses, cuando ocurrió la última reunión plenaria, sin que pudieran votarse desde entonces ningún candidato a juez para cubrir el 25 por ciento de juzgados vacantes en la justicia nacional y federal, y sin que avanzaran los expedientes disciplinarios y de juicio político contra magistrados investigados por inconductas.
La parálisis del Consejo de la Magistratura tiene sus razones según quien las explique: en los tribunales señalan que la política trabó todo el funcionamiento a raíz de la lucha por controlar el cuerpo de cara a los próximos cuatro años, mediante planteos judiciales o a través de maniobras que buscaron ventajas para colocar más consejeros senadores o diputados que los que preveía la ley.
En cambio, el kirchnerismo le echa la culpa a la Corte por haber anulado la integración del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, como la concibió un proyecto de ley impulsado por Cristina Kirchner en 2006, y ordenar que se regresara al viejo consejo de 20 miembros, presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La Corte viene tomando medidas desde que en diciembre del año pasado ordenó en un fallo volver a la vieja ley del Consejo de 1999. Se realizaron las elecciones de nuevos consejeros y juraron los representantes de los jueces, los abogados y los académicos. Además, en otro fallo, señaló al kirchnerismo por elaborar un “ardid” falto de “buena fe” para alterar las reglas y burlar la representación de las minorías parlamentarias en el Consejo. Finalmente, abordó las medidas que trababan las juras de los diputados. Solo resta resolver lo que sucederá con los senadores.
En su ultima acordada, los jueces de la Corte dijeron que, ante todo, tienen el deber de evitar que el Consejo de la Magistratura se paralice y deben propender a que se integre y funcione “en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.
Asimismo, sostuvieron que los consejeros de los diferentes estamentos tienen el deber constitucional y legal de designar a sus representantes, “y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento” del Consejo. En otras palabras, el deber de la Corte es que el Consejo actúe y que la política, por más que pretenda trabarlo, no puede evitar el funcionamiento de uno de los organismos de la Constitución.
“Como principio la parálisis del consejo es un tema preocupante. Que el organismo que se tiene que encargar de la administración del Poder Judicial no funcione desde hace seis meses como principio general es preocupante. Los consejeros que intentamos llegar no hemos podido jurar por razones ajenas a nuestra voluntad”, dijo el diputado Álvaro Gonzalez, de Pro.
En el kirchnerismo sostienen que la Corte está extraviada. “Hace seis meses que no pasa nada y es exclusiva responsabilidad de Rosatti, que preside la Consejo y no convocó a sesiones. Rosatti no integró el Consejo y debe resolverlo la Corte”, dijo a LA NACION un consejero cercano a Cristina Kirchner.
Los jueces están preocupados por la parálisis, sobre todo porque son ellos los que deben hacer avanzar los concursos para que sus colegas puedan ascender. La falta de eficiencia en la administración de justicia por los juzgados vacantes repercute en la consideración social de la Justicia y sus mecanismos de acceso.
La parálisis del cuerpo, motivada por la pelea política, hizo que no se puedan realizar concursos para cubrir cerca de 200 vacantes y que tampoco avancen asuntos cruciales como la votación del juicio político contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de cobrar coimas a presos y de enriquecimiento ilícito.
Otro de los asuntos que se acumulan sin que puedan tramitarse son las denuncias para analizar la conducta de los jueces que viajaron junto a funcionarios de la Ciudad y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, cerca de Bariloche. También se van venciendo y cayendo los expedientes disciplinarios contra magistrados que no se tratan y que cumplen tres años sin avances.
La Corte puso en marcha en diciembre del año pasado la vieja ley del Consejo de la Magistratura, con 20 integrantes y presidido por Rosatti, titular de la Corte. La anterior conformación, inspirada por Cristina Kirchner, fue declarada inválida porque les daba preminencia a los estamentos de la política por sobre los jueces, abogados y académicos.
La nueva conformación del Consejo quedó trabada por la política. Los consejeros cumplieron sus mandatos el 18 de noviembre y desde entonces fueron elegidos para el nuevo período 2022-2026 los representantes de los jueces (cuatro), los académicos (dos) y los abogados (cuatro).
La Corte solo pudo tomar juramento a los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit -responderían al exconsejero Diego Molea-; a los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez (también ligada a Molea); a los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo y hermano del ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro.
Pero la Corte objetó que Cristina Kirchner dividiera el bloque del Frente de Todos (de 35 miembros) en el Senado para designar a tres consejeros propios de los cuatro representantes que tiene la Cámara alta. Dos fueron elegidos por la vicepresidenta como senadores de la mayoría (el camporista Mariano Recalde y la kirchnerista María Pilatti de Vergara, que representaban al bloque Nacional y Popular, de 21 miembros) y uno por la segunda minoría (el también camporista Martín Doñate, por el bloque Unidad Ciudadana, de 14 bancas). Solo quedó para la oposición un consejero por la primera minoría, en manos del radicalismo (18 miembros). El senador Luis Juez, de Pro (9 miembros), quedó afuera.
La Corte dijo que la partición del bloque del kirchnerismo fue un ardid para hacer trampa y eludir la representación proporcional de los legisladores. Invalidó así la designación del senador Doñate. Pero cuando el Senado envió los nombres de los consejeros para el período 2022-2026, el kirchnerismo insistió con la partición de su bloque y mandó nuevamente el nombre de Doñate. El senador Juez planteó un amparo que fue rechazado en primera instancia y apelado en la Cámara, aunque fuera de plazo. Al mismo tiempo planteó un per saltum para llegar directamente a la Corte, que finalmente resolvería la próxima semana en un intento de destrabar la conformación del Consejo de la Magistratura y que puedan jurar los consejeros.
Este miércoles, a las 11, está previsto que juren los consejeros que representan a la Cámara baja: los diputados Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos; Álvaro González, por Pro, y Roxana Reyes, por la UCR. Si bien con esos cuatro miembros el Consejo ya contaría con quorum para funcionar, la idea es que sus actividades se reanuden cuando hayan jurado todos los consejeros.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau había enviado inicialmente el decreto designando a estos cuatro legisladores. Pero a instancias del oficialismo, el juez Martín Cormick, cercano a La Cámpora, logró que se anulara la postulación de la radical Reyes. Moreau retiró entonces los nombres de todos los legisladores, no solo de Reyes. El larretista González protestó y planteó un recurso judicial, que está en trámite. En el medio, la Corte anuló la decisión de Moreau de retirar los nombres y puso en marcha la jura de los consejeros diputados.
El kirchnerismo está en llamas con la decisión de la Corte. “No solo ignoraron lo que decidió Moreau como autoridad de la Cámara de Diputados, sino que ignoraron lo que dijo un juez acerca de que Reyes no puede ser consejera, y no resolvieron tomarle juramento a Doñate, que no tiene ninguna cautelar en contra como Reyes. No resolvieron lo que tienen que resolver ,que era la cuestión de los senadores (para bien o para mal, como sea) y resolvieron lo que no podían resolver sobre los diputados porque solo había un fallo de primera instancia en contra”, dijo un consejero del kircherismo a LA NACION. Entendió que estas resoluciones son “un quemo” para la Corte.
En Juntos por el Cambio coinciden en parte con la opinión en los tribunales y señalan que el Consejo está paralizado por la pelea de la política, que al no poder llegar a un acuerdo busca que la Justicia arregle sus problemas.
El último plenario del Consejo de la Magistratura fue el 15 de julio. Estuvieron presentes los consejeros Graciela Camaño, Juan Manuel Culotta, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Martín Doñate, Silvia Giacoppo, Alberto Lugones, Diego Sebastián Marías, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Roxana Reyes, Vanesa Siley, Carina Pamela Tolosa, Pablo Tonelli, Gerónimo Ustarroz y María Fernanda Vázquez. Participaron de forma remota Carlos Matterson y Diego Molea. Hoy, Molea, Matterson, Doñate, Marías, Tonelli y Camaño no integran el cuerpo.
En aquella se sesión se aprobaron concursos para la designación del juez Federal de Puerto Iguazú, en Misiones; de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; y del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. También se avanzó con el funcionamiento de las Comisiones de Disciplina y Acusación.
Ahora, cuando juren todos los consejeros, se deberá empezar a discutir la integración de las comisiones y sus autoridades, junto a los concursos y expedientes disciplinarios pendientes. En los últimos seis meses, el Consejo siguió trabajando en la faz administrativa, en el pago de sueldos y gastos del Poder Judicial.
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