La Corte Suprema no dará marcha atrás

Los jueces nacionales que trabajan en la Capital, y que amenazaron con una sublevación contra una decisión de la Corte Suprema, deberán resignarse: jamás el máximo tribunal de Justicia del país revocará una decisión legalmente adoptada por la mayoría de sus miembros. “No habrá marcha atrás. Lo que se decidió ya está decidido. Punto”, se escuchó ayer en los despachos más elevados de la Justicia.

La noticia es asombrosa porque es también la primera vez que un grupo de jueces se levanta contra la cabeza misma del Poder Judicial.

Hubo momentos en que los magistrados se sublevaron contra decisiones del Poder Ejecutivo o contra proyectos en consideración del Poder Legislativo, pero nunca contra la propia autoridad suprema de la Justicia.

La cuestión que provocó la amenaza de insurrección de los jueces es una resolución de la Corte de fines de diciembre pasado por la que dispuso que la Justicia nacional capitalina debe reconocer como recurso extraordinario al Tribunal Superior de la Capital, que existe aunque nadie lo note. Sí: existe una Corte Suprema de la Capital que nunca es noticia porque, como dicen en la jerga judicial, solo se ocupa de las “peleas entre vecinos”.

La Corte Suprema nacional intervendrá en adelante en muy pocos casos porteños, luego de que se pronuncie el máximo tribunal de la Capital, como sucede con el resto de las provincias. La inmensa mayoría de los casos provinciales se terminan en las provincias, y solo cuestiones relacionadas con los derechos humanos o con los derechos electorales (ejemplo: los intentos de reelección de los gobernadores aunque les esté prohibida por la Constitución provincial) llegan a la Corte Suprema.

Esa decisión a la que se resisten los jueces nacionales fue refrendada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; por el entonces juez decano del tribunal supremo, Juan Carlos Maqueda, y por el juez Ricardo Lorenzetti. El entonces cuarto juez, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia porque consideró que el mecanismo era muy desordenado.

Pocos días después, Maqueda cumplió 75 años, el límite etario que la Constitución les impone a los jueces, y se jubiló. Desde entonces, pero en funcionamiento real desde el lunes último tras la feria judicial de enero, la Corte Suprema está integrada solo por tres jueces (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti). Como ese tribunal está formado legalmente por cinco miembros, la mayoría se conformará en adelante con la unanimidad de los tres jueces que quedaron en funciones. No podrá existir el dos a uno.

Si fuera imposible la necesaria unanimidad, Rosatti deberá ordenar el sorteo de jueces subrogantes, que se eligen entre los presidentes de las cámaras federales. Nada grave: desde que se jubiló, hace cuatro años, quien era la quinta jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, se nombraron jueces subrogantes más de 90 veces y no pasó nada.

Los jueces nacionales se llaman así porque trabajan en la Capital, pero en realidad resuelven problemas que en cualquier provincia tratan los jueces locales. Los jueces nacionales de la Capital nunca quisieron pasar a la jurisdicción de la Capital y esa resistencia, debe consignarse, demoró una resolución de la Corte para cumplir con la Constitución reformada en 1994. Los jueces nacionales sienten un menoscabo en su tarea al pasar a la Capital.

Tal obstinación sucedió hasta que en diciembre pasado la mayoría de los miembros del máximo tribunal dijo basta. Tenían un “leading case” con una causa iniciada por la familia del artista plástico León Ferrari contra el conocido periodista Gabriel Levinas, el amigo más cercano de Jorge Lanata en los últimos años de este.

Levinas estuvo patrocinado por el abogado Enrique Paixao, exfuncionario de Raúl Alfonsín. Es sorprendente que una simple disputa por una rendición de cuentas de los derechos de una exhibición de obras de Ferrari deba ser resuelta por la Corte Suprema. Por eso, la Corte ordenó que el caso FerrariLevinas pasará a la Justicia porteña, lo que creó un precedente que incluyó a la causa del Correo Argentino, de la familia Macri, que se encontraba en la Justicia nacional en manos de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo. También el expediente del Correo Argentino deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de la Capital, no por la Corte Suprema.

En rigor, la reforma de 1994 estipuló en la Constitución que la Capital es una provincia más, aunque luego la llamada “ley Cafiero”, cuyo autor fue el entonces senador nacional Antonio Cafiero, limitó muchas funciones de la Capital que son propias de las provincias. Cuando Mauricio Macri llegó a la jefatura del gobierno porteño acordó con Néstor Kirchner la derogación de esa ley. De todos modos, la Corte Suprema viene dictando fallos desde hace por lo menos nueve años en los que se respeta la condición de provincia argentina de la Capital. En muchas de esas sentencias influyeron sobre todo los jueces de la Corte Maqueda y Rosatti porque los dos fueron constituyentes de la reforma de 1994; conocen la letra y el espíritu de aquella reforma. Para peor, a la llamada Justicia nacional de la Capital la financian los impuestos que se pagan en las provincias, en lugar de ser costeada con los recursos de la Capital.

Hubo dos reclamos concretos ante la Corte Suprema. Uno fue del procurador general de la Nación (jefe de los fiscales), Eduardo Casal, quien planteó que los fiscales federales no estarán en adelante en condiciones de apelar en las causas que se trasladaron a la Justicia de la Capital. En la Corte, todos valoran la integridad moral y profesional de Casal y señalan que, en todo caso, pidió con razón que se ordene el conflicto de los fiscales que podría sobrevenir. “Pidió un trámite más ordenado, no una revocatoria”, aclararon en la Corte.

Es más o menos lo que ya había planteado el juez Rosenkrantz. Fiscales importantes del fuero federal están buscando una solución: señalaron que los fiscales nacionales de la Capital podrían pedir el traslado a la Justicia local o al fuero federal, que tendrá una creciente necesidad de fiscales cuando en toda la Justicia se aplique el sistema acusatorio, que les da a los fiscales mucho más poder del que tienen. Es posible, eso sí, que deban salir de la Capital para trabajar en el primero o en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Nadie sabe si están dispuestos a ese sacrificio.

El otro planteo lo hizo la Asociación de Magistrados, que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para pedir directamente la revocatoria de aquella decisión del máximo tribunal sobre las atribuciones de la Justicia capitalina. No habrá tal revocatoria. Sucede que gran parte de los afiliados de esa asociación son jueces nacionales que trabajan en la Capital y que en adelante deberán ser magistrados de la Capital.

Resulta, sin embargo, que no existe una causa por la decisión de la Corte Suprema y, por lo tanto, la Asociación de Magistrados no es parte ni podría serlo. No está en condiciones de presentarse ante ese empinado tribunal en este caso. El problema lo tendrá la Corte Suprema si existiera más adelante un expediente y debiera expedirse. La actual Corte está dos a uno (Rosatti y Lorenzetti, por un lado, y Rosenkrantz, por el otro): no hay, entonces, la mayoría (unanimidad) necesaria para un pronunciamiento del tribunal. El conflicto sucederá cuando deba elegir a los conjueces porque casi todos los presidentes de las cámaras federales son miembros de la Asociación de Magistrados. “Tendrán que hacer un sorteo entre abogados de la matrícula”, zanjó, sin darle importancia, un importante funcionario de la Corte.

En los alrededores del tribunal supremo nacional insisten en advertir que no habrá inconvenientes porque hayan quedado solo tres jueces en la Corte Suprema. La advertencia es oportuna cuando se sabe que el Gobierno señaló que nunca aceptará que el Senado le dé el acuerdo solo al juez Ariel Lijo como miembro de la Corte. Lijo fue objetado como no lo fue ningún otro candidato a juez supremo en la historia reciente.

La administración de Javier Milei quiere también a Manuel García Mansilla, su otro candidato para cubrir las dos vacantes, sentado en el máximo tribunal del país. El Presidente sabe, dicen, que García Mansilla es un académico ideológicamente más cercano al Gobierno que Lijo, sobre todo en los puntos de vista económicos, que son los que le importan a Milei. La versión que circuló en las últimas horas es que el jefe del Estado nombrará a García-Mansilla en comisión como juez de la Corte si el Senado le diera el acuerdo solo a Lijo.

De todos modos, trascendidos que surgen del bloque peronista, imprescindible para alcanzar los dos tercios de los votos afirmativos que necesita el acuerdo de los propuestos como jueces de la Corte, señalan que no hay acuerdo con el mileísmo y que ni siquiera comenzó, por ahora, una negociación. “Cristina ya está en modo electoral y, además, la acaban de dejar sin sus dos jubilaciones. Es muy difícil que acepte en tales condiciones un acuerdo con Milei. Hasta es difícil que alguien se lo vaya a plantear”, señaló un senador con acceso directo a la expresidenta. En síntesis, la Corte deberá acostumbrarse a trabajar con los tres jueces que tiene, y los jueces nacionales deberán aceptar que la Capital no es un mal lugar para interpretar las leyes.

Por Joaquín Morales Solá

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