1
La denuncia del Gobierno contra periodistas contradice la propia normativa interna que impuso Milei
Denunció en la Justicia un caso de “espionaje” y cerró la sala de prensa por una grabación en pasillos de la Casa Rosada; la reglamentación considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación
7 minutos de lectura'
LA NACION
El sorpresivo cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada significó una adaptación de las reglas que el propio gobierno de Javier Milei impuso hace un año para el trabajo de los periodistas acreditados en el palacio presidencial.
Las autoridades justificaron la medida en la necesidad de “garantizar la seguridad nacional”, en sintonía con una denuncia penal por espionaje ilegal que presentó la Casa Militar contra periodistas del canal TN que tomaron imágenes sin solicitar autorización en áreas comunes del edificio.
El escrito judicial argumentó que aquella acción "se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada".
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”. Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
El Gobierno aludió a otro párrafo de la misma normativa que habla de conductas “indecorosas o temerarias” que alteren “el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones”. En esos casos la Secretaría de Medios “podrá suspender o revocar la acreditación otorgada y el acceso” del responsable.
“La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional”, escribió el secretario de Medios, Javier Lanari, para explicar el castigo generalizado. Milei avaló el mensaje con un posteo en el que añadió: “NOLSALP”, las iniciales de la expresión “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La denuncia que firmó Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, considera que la grabación que hizo el periodista Ignacio Salerno, de TN, "representa una amenaza para la seguridad de la Nación, que deberá investigarse en función de los elementos correspondientes a los delitos previstos en los artículos 222 y 223 del Código Penal, o de conformidad con otras figuras afines que puedan acreditarse a lo largo de la investigación". Es decir, reclama enmarcarlo en un caso de espionaje ilegal, con penas de prisión.
El informe de televisión
Salerno presentó el domingo pasado un informe en el programa “¿Y mañana qué?“, conducido por Luciana Geuna, en el que mostró imágenes del patio de las palmeras, escaleras internas y despachos que tenían la puerta abierta. Son todos espacios comunes, de paso cotidiano para los periodistas destinados a la Casa Rosada. La filmación la hizo con unos anteojos inteligentes y así aparecía declarado en el video difundido.
La nota -de poco más de un minuto- se titulaba “Guerra de despachos en la Rosada” y es una crónica en la que no se ven espacios reservados. Se hablaba de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y la única persona que aparece en cámara fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Salón de los Bustos, mientras salía del edificio. En la edición se añadieron imágenes indisimuladamente generadas con inteligencia artificial de Santiago Caputo y Lule Menem, además de una infografía 3-D del exterior de la Casa Rosada.
“El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro alguno la actividad de la sede principal del Gobierno Nacional a través de una grabación subrepticia. En el graph colocado en la parte superior izquierda de la pantalla, la producción del programa explicitó que la inspección ocular y la filmación clandestina se habrían concretado mediante la utilización de lentes inteligentes”, sostiene la presentación judicial de Ibáñez.
Destaca, además, que el periodista reconoció al aire que no habían pedido autorización para filmar y que hablaba en voz baja, señal de que era una “actividad furtiva”.
Ibáñez considera que puede aplicarse el artículo 222 del Código Penal, que reprime con pena de reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”. O, en su defecto, podría caber el artículo 223, que prevé una pena de prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo para el que “por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio”.
El texto describe las directivas establecidas en el reglamento interno. Menciona la prohibición de filmar en zonas no habilitadas, pero sin aclarar que la revocación de una acreditación podrá considerarse en caso de reincidencia (y solo limitada al periodista acusado). Especifica que a Salerno se lo suspendió de manera preventiva por la cláusula sobre “conductas indecorosas o temerarias” que “alteran el normal funcionamiento de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno”.
Al avanzar en el terreno penal considera que debe investigarse “las verdaderas razones que motivaron este proceder”. Y pide que se determine si hay más grabaciones aún no publicadas. “Debe tenerse presente que una de las denunciadas manifestó su voluntad de ‘hacer cien mil capítulos’; es decir, de continuar con la inspección ilegal en la Casa Rosada, o de difundir otras imágenes ya obtenidas de esa manera”, escribió el funcionario.
Hace alusión a un comentario de Geuna, que en referencia a la interna del oficialismo señaló: “Dice capítulo uno, porque imaginate que podemos hacer cien mil capítulos”.
El canal TN expresó, ante la denuncia del Gobierno, que la producción del programa “está poniendo a disposición del juzgado, a través de sus abogados, el material en crudo de todas las grabaciones, que demuestra que se hicieron en lugares comunes y espacios públicos, de acuerdo a la normativa vigente”. También aportará “material fotográfico y de vídeo de muchas otras coberturas previas que pone en evidencia que esos lugares han sido registrados y reproducidos con anterioridad por numerosos medios de comunicación sin ningún tipo de consecuencia”.
“Planificar un ataque”
Ibáñez, en cambio, denuncia que “las imágenes difundidas exhiben la disposición física de los espacios internos de la Casa de Gobierno: básicamente, revelan la ubicación de accesos restringidos, puertas de seguridad, pasillos de circulación y rutas de evacuación. Con esta información, un actor hostil a la República Argentina podría identificar puntos ciegos y elementos vulnerables para acceder de forma no autorizada, o para planificar un ataque".
También dice que “la divulgación del material obtenido puede exponer el rostro, la vestimenta y la ubicación habitual de agentes encargados de la custodia, incluyendo el personal que actúa de forma reservada”. En lo difundido solo se ve a Adorni, a la distancia y de espaldas.
La prohibición de acceso a todos los acreditados fue avalada por Milei en las redes sociales con una serie de mensajes publicados a lo largo del día. También avaló la denuncia penal y no se privó de insultar a Geuna y a Salerno.
LA NACION
