La deuda, el nuevo campo de batalla kirchnerista

Mientras que en mayo del año pasado el gobierno de Alberto Fernández decidió retirar el apoyo argentino a la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, el kirchnerismo más duro, en diciembre, sí estuvo dispuesto a presentarse ante la CPI, pero en ese caso para denunciar el endeudamiento de la presidencia de Mauricio Macri con el FMI. El capítulo más reciente del revisionismo histórico del kirchnerismo tiene a la deuda de Cambiemos en su centro. Ahora ocupan el centro de la épica nacionalista y popular del kirchnerismo las deudas externas de la democracia no peronista o de aquellos gobiernos cuya identidad peronista se niega, como el menemismo. Las políticas de endeudamiento con el FMI empiezan a regir las identidades morales de las ideas políticas en pugna.

Después de años de un uso político de los derechos humanos, que desgastó la legitimidad de algunos de los organismos dedicados a su defensa hasta vaciarla de su efectividad para seguir siendo eje de un relato de nación kirchnerista; después del uso político del feminismo, que quedó sin respuestas con el nombramiento de Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete y el silencio en torno a violaciones de derechos humanos de mujeres durante la cuarentena, le toca ahora la revisión del tema deuda en un contexto ideológico y moralizante que divide aguas. De un lado, los buenos, los que no se endeudaron con el FMI; del otro, los malos, los que se endeudaron.

El kirchnerismo se reserva para sí mismo una doble legitimidad: no solo la del voto popular, que ya no le alcanza, sino también la de su identidad de no endeudador con el FMI o “desendeudador serial” con el FMI, tal como le gusta concebirse. Y esa es una novedad: en la medida en que el kirchnerismo empieza a tener competencia en el mercado de la política, el triunfo electoral del que disfrutó más que cualquier fuerza política en la historia de la democracia recuperada no es suficiente fuente de legitimidad. El Cambiemos “neoliberal” también gana elecciones.

El voto de las mayorías ya no diferencia al kirchnerismo de los otros gobiernos democráticos ahora que la oposición se volvió competitiva, cosecha victorias en las urnas, completa sus mandatos y, eventualmente, puede ser capaz de recuperar el poder y dejar al gobierno de los Fernández como apenas un impasse entre dos gobiernos “neoliberales”. Si los votos son volubles y el pueblo a veces no es peronista, el kirchnerismo se erige ahora en el gran no endeudador-desendeudador de la Argentina del FMI. Pero esa operación simbólica requiere omisiones e imprecisiones. La gran omisión está dada en un hecho, la elección sesgada e interesada del tipo de deuda elegida para su revisionismo histórico-moralizante: la deuda que construye ilegitimidad es la del FMI, pero no, por ejemplo, el endeudamiento con China o Venezuela.

Entre 2007 y 2015, el gobierno de Cristina Fernández se endeudó por miles millones de dólares con China y Venezuela en un flujo financiero de una oscuridad mayor que cualquier acuerdo con el FMI. Llegado 2015, 20.000 millones de dólares ya habían sido habilitados y concedidos por China. Así lo señala el economista Alejandro Einstoss, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador y coordinador de proyectos para el desarrollo dentro del Conicet, en un trabajo realizado para el Cippec titulado “La gobernanza de la asistencia financiera internacional en empresas públicas de infraestructura”. El trabajo se centra en la financiación de obra pública, energía y transporte, a través de “convenios bilaterales concesionales” en un contexto de aislamiento de los mercados internacionales de crédito. Esos préstamos chinos estaban destinados a rehabilitar la red Belgrano Cargas, dos plantas nucleares y represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

Hay otro dato que aporta Einstoss actualmente. Ni bien un país, a través de sus bancas de inversión, concede líneas de crédito, empieza a devengar intereses. A 2018, hasta que empezó a ejecutarse y antes de que empezaran los desembolsos, es decir, sin que las obras arrancaran por demoras diversas, el préstamo chino para la represa del río Santa Cruz ya había acumulado 500 millones de dólares de intereses.

También hubo acuerdos de financiación con Venezuela: el Convenio Integral de Cooperación, firmado en 2004 por el gobierno de Néstor Kirchner. Como pago de productos argentinos, Venezuela entregó fueloil y gasoil. “La concreción de este acuerdo estuvo envuelta en grandes cuestionamientos en torno al precio y la calidad de los combustibles provistos por Pvdsa, la empresa petrolera estatal venezolana, y a la falta de transparencia en la selección de las empresas argentinas exportadoras”, planea Einstoss.

El monto total de financiamiento planeado era de 32.000 millones de dólares. Además de China y Venezuela, ese tipo de acuerdos también incluyó a Rusia, aunque no llegaron a implementarse. El 73% correspondía a proyectos con China, el 21% con Venezuela y el 6% con Rusia. Al año 2018, del total de las obras planeadas con esa financiación, solo el 11% estaba finalizado y el 24%, en ejecución, todas vinculadas con Venezuela y China. El resto seguía en negociaciones. Hacia fines de la segunda presidencia de Fernández de Kirchner se firmaron más de 30 acuerdos y entendimientos entre la Argentina y China. “Cuando la ayuda financiera oficial y la asistencia para el desarrollo provienen de países como ‘democracias de baja intensidad’, los procesos pueden estar vinculados con una expansión del clientelismo político, reducción de la transparencia, mayor represión política y demás fallas de gobernanza, e inclusive con hechos de corrupción en los países receptores”, plantea el trabajo de Einstoss.

Sin embargo, el cuestionamiento a esa deuda no es parte del revisionismo histórico-moralizante del kirchnerismo. El FMI es el eje de la cuestión. Lo planteó Máximo Kirchner en su resonante renuncia como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, que cuestionó al gobierno de Fernández por su acuerdo con lo que el hijo de la vicepresidenta llamó la “Fuerza Monetaria Internacional”. La muestra “Neoliberalismo Nunca Más” del Museo de la Memoria llegó para rizar esa lectura casi al límite del disparate histórico-democrático.

Entre los buenos, el kirchnerismo solo se encuentra a sí mismo: no endeudó a la Argentina con el FMI y, además, la desendeudó de las deudas con ese organismo contraídas por otros gobiernos. Del lado de los malos, los “neoliberales”, no importa si esa transversalidad pone a la dictadura; al menemismo, al que el kirchnerismo se niega a reconocer como el peronismo de época de los 90; al gobierno de la Alianza, y al de Cambiemos en la misma bolsa. La revisión histórica definida por la moralina política no requiere de precisiones o verdad histórica. La impugnación del mecanismo de la deuda con un organismo internacional, el FMI, se convierte en la impugnación moral de un ideario supuestamente común: para el kirchnerismo, todos violaron derechos humanos.

La cuestión es que mientras la violación de derechos humanos en Venezuela es un tema “disipado con el tiempo”, según las palabras de Fernández, la toma de deuda decidida por un gobierno votado por el 51,4% de la ciudadanía merece un lugar en el Museo de la Memoria centrado en torno a la memoria de la violación de los derechos humanos por el terrorismo de Estado de la última dictadura. En ese punto, el gobierno de los Fernández termina equiparando la violación de derechos humanos para maximizar el sentido del endeudamiento con el FMI por parte de dos gobiernos elegidos democráticamente. En el contexto del horror de la ESMA, el endeudamiento adquiere la misma gravedad que la violación de derechos humanos. El riesgo no calculado del kirchnerismo es que lo que quede minimizado sea la violación de derechos humanos por la absurda equiparación de lo que es infinitamente distinto o por el obvio uso político del contexto del Museo de la Memoria para deslegitimar los gobiernos, y sus idearios, votados democráticamente. Es decir, se impugna la legitimidad de gobiernos democráticos llegados por el voto popular, pero cuya legitimidad sería reducida por la deuda con el FMI. Desconocer la legitimidad del voto popular es una de las formas de la violencia política, aunque sea simbólica. Un desplazamiento de sentido que inquieta.

Por Luciana Vázquez

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