La familia Maldonado pidió a la CIDH peritos de la ONU para investigar el caso

MONTEVIDEO.- La familia de Santiago Maldonado se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pidió el envío de peritos o veedores a Buenos Aires para que se integren en la investigación de la muerte del joven, pues manifestaron que no confían en lo que pueda realizar el Estado argentino.

“Este viaje fue porque entendemos que la Comisión debe acompañar a la familia a encontrar la verdad y la justicia”, remarcó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, donde tuvo lugar el encuentro. “Hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente, pronta”, añadió Heredia.

“Por eso vinimos a pedirle a la CIDH que ya que el Estado no cumplió la medida cautelar, que era proteger la vida e integridad de todos los derechos de Santiago, ahora garantice que la investigación pueda llevarse adelante”, pidió la letrada.

La abogada Heredia, dijo que las acciones apuntan a lograr que “la investigación debe llevarse adelante” con independencia, pero que tienen “temor” a “que no se realice”.

Tras la reunión en la que participaron también representantes del gobierno de Mauricio Macri, como el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, la comisión no se pronunció.

Por su parte, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, dijo que la vicepresidenta del Uruguay Lucía Topolansky les dio apoyo y les dijo que “está a disposición para lo que pueda”, durante una reunión que mantuvieron en la tarde de este jueves.

Dirigentes del partido del gobierno uruguayo, fundamentalmente de la línea del grupo dirigido por el senador y ex presidente José “Pepe” Mujica, se han sumado a la campaña por el caso Maldonado.

La prensa local consultó a Sergio Maldonado por si la familia había pedido reunión con el presidente Macri. Ante ello, Maldonado respondió con una negativa y criticó al mandatario: “El Presidente [Mauricio Macri] sí se comunicó inoportunamente el día viernes pasado antes de las elecciones, para salir a anunciar eso y utilizarlo como campaña política”. Y agregó: “Después de 81 días en los que no se preocupó por nosotros, la llamó a mi mamá, en el estado que estaba, para darle las condolencias”.

El hermano de Santiago destacó la importancia de que envíen “peritos de la ONU” para la investigación, mientras que la abogada fue contundente en su acusación: “Germandería es la responsable de esta nueva manera de desaparición forzada en democracia”.

El 22 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado una medida cautelar para la protección de los derechos de Santiago Maldonado, en Argentina.

La Comisión había atendido el planteo de los denunciantes y también escuchó en su momento la versión del gobierno argentino.

La denuncia indicaba que Maldonado “presuntamente fue objeto de una desaparición forzada desde que se le viera por última vez el 1 de agosto de 2017, mientras era golpeado y cargado a una camioneta blanca de Gendarmería”. Agregaba que eso fue “en el marco de un operativo policial que habría tenido lugar en la comunidad mapuche 'Vuelta del Río Pu-Lof', departamento de Cashumen, provincia de Chubut”.

En aquella ocasión, la CIDH consideró que, “no obstante el tiempo transcurrido desde la presunta desaparición, y con base en los informes suministrados por ambas partes”, no contaba “con información sustancial (…) sobre el destino o paradero de Santiago Maldonado, a pesar de las denuncias interpuestas”.

En base a la denuncia y a que Maldonado no aparecía, la Comisión planteó al Estado argentino dos solicitudes.

Por otro lado, se requirió que se adoptaran “las medidas necesarias para determinar la situación y paradero [del joven] con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal”.

En segundo lugar, se pidió que se informara “sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción” de es “medida cautelar”.

La CIDH había hecho una advertencia, que “el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado” no constituían “prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.