La Federación Latinoamericana de Fiscales expresó su preocupación por los ataques a la Justicia

La Federación Latinoamericana de Fiscales, que reúne a integrantes de los ministerios públicos de once países de la región, manifestó su preocupación por las descalificaciones del Gobierno a la Justicia y los “ataques a la independencia e imparcialidad” de los magistrados, e invitó a los fiscales de la Argentina a reclamar ante los organismos internacionales de derechos humanos si prosperan las leyes que reforma el Ministerio Público y afectan su trabajo.

En un documento de cinco carillas, los fiscales aludieron sin mencionarlo al discurso del presidente Alberto Fernández del lunes pasado y dijeron que existe una “reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia”, mediante “proyectos de ley que desconocen que la independencia judicial constituye un derecho humano”.

Sostuvieron que en la Argentina el proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal -que cambia las mayorías para elegir Procurador y le da fuertes atribuciones a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público, controlada por el kirchnerismo- “crea una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales”. Según la federación, “intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales”.

“Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia”, escribieron los fiscales latinoamericanos.

Además -sostuvieron- se pretende “menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación”, al reformar la ley que requería el voto de los dos tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos.

Por eso es que los fiscales resolvieron prestar apoyo a las asociaciones de fiscales de la Argentina contra la reforma judicial y los invitaron a concurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se aprueben las leyes.

Once países

La organización de fiscales reúne a asociaciones de once países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Está presidida por la fiscal Susana Pernas, de Argentina.

“La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas” por parte del Poder Ejecutivo y el Legislativo, dijo la federación en su documento. “Uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia.”

Según el documento, los otros poderes deben poder controlar la calidad del servicio que prestan los fiscales, pero “con criterios objetivos e imparciales”.