La justicia electoral castigó a un partido por hacer publicidad encubierta
El Partido Demócrata Cristiano había pagado por entrevistas y no lo declaró; no recibirá fondos del Estado por una elección
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Nacional Electoral confirmó la sanción a un partido político que contrató espacios radiales y televisivos para hacer campaña electoral encubierta como entrevistas periodísticas.
Se trata del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal. La Cámara Electoral se pronunció sobre su apelación contra la sanción impuesta en primera instancia por violaciones al régimen de publicidad electoral en las elecciones primarias de 2023.
El castigo por esa falta es no recibir fondos públicos por una elección y rechazar su declaración de gastos de campaña del 2023.
El Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal realizó contrataciones de espacios en radio y televisión que fueron presentados como entrevistas periodísticas, pero que en realidad constituyeron publicidad electoral paga.
El tribunal electoral destacó que esta práctica no sólo viola directamente la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para promoción electoral, sino que genera múltiples efectos perjudiciales asociados.
Por ejemplo, dijo la Cámara, daña la transparencia y equidad de las campañas, otorga ventajas indebidas y alimenta la desinformación al inducir a error a los electores sobre el carácter de la comunicación.
En este sentido, la regulación legal de las campañas electorales propicia que todos los partidos políticos y candidatos tengan acceso a los medios de comunicación y sean tratados en igualdad de condiciones.
Por eso, una distribución más equitativa de los espacios en radio y televisión favorece a quienes tienen menores posibilidades, a los partidos emergentes y a quienes disienten de los oficialismos partidarios, destacó el tribunal.
En el caso, el partido alegó en su defensa que se vio obligado a estas contrataciones por problemas técnicos con los espacios gratuitos asignados por la Dirección Nacional Electoral, y argumentó que se trató de “un servicio de difusión a través de periodistas particulares” y no de publicidad electoral propiamente dicha.
Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral rechazó estos argumentos, señalando que la concertación dirigida a utilizar una actividad periodística para promover candidaturas, encubriendo su carácter oneroso, no solo lesiona la regulación legal sino que “agrava la entidad de la ilicitud cometida”.
La sentencia, firmada por unanimidad por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, establece que la propaganda encubierta lesiona el principio del voto informado, ya que los ciudadanos requieren información completa e imparcial para tomar decisiones electorales.
Los jueces lo consideraron un “fraude a la ley”, por tratarse de “propaganda encubierta”.
Entre los elementos probatorios que confirmaron la infracción, se identificaron facturas explícitas bajo rubros como “Publicidad para campaña de Diputados del Partido Demócrata Cristiano” en diversos medios radiales y televisivos.
Por eso, destacó que más allá de los elementos que podría requerir la acreditación de publicidad electoral encubierta cuando no se encuentra verificado un pago (ya sea porque no se produjo o porque se lo hizo subrepticiamente) en el presente caso, la adquisición de los espacios en radio y televisión está fuera de duda.
La Cámara también advirtió sobre los desafíos que presentan las redes sociales y plataformas digitales, donde las posibilidades de realizar publicidad encubierta “se multiplican exponencialmente”.
En este sentido, señaló que la creación y coordinación de cuentas falsas, la contratación de “influencers”, “streamers” o “creadores de contenido”, la promoción paga disfrazada de contenido orgánico, el uso de inteligencia artificial y otras herramientas para influir −o manipular− las deliberaciones político electorales, generan posibilidades de propaganda más opacas y, a menudo, más potentes que las de algunos medios tradicionales.
En ese contexto, la sentencia reseña una serie de iniciativas que el Tribunal viene impulsando desde el año 2018, para mitigar los efectos perjudiciales que las nuevas formas comunicacionales pueden generar sobre la transparencia y equidad del proceso electoral.
La resolución confirmó la desaprobación del informe final de campaña y la pérdida del derecho a recibir fondos para financiamiento público de campañas electorales por una elección.
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