La Justicia impulsa un acercamiento entre el Gobierno y Kicillof por la deuda de Anses que reclama el gobernador
La Corte Suprema llevó adelante una audiencia entre las partes; la administración bonaerense exige más de $2,2 billones de transferencias a la caja provincial de jubilaciones y se muestra expectante; en la gestión nacional prima el silencio
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene activas siete demandas contra el gobierno nacional por deudas que le exige en distintas materias, que totalizan un monto de $15,6 billones, según calcula la administración provincial. En uno de esos reclamos, la semana pasada se registró un avance con la realización de una audiencia convocada por la Corte Suprema en la que las partes estuvieron cara a cara por primera vez, luego de dardos mediáticos, pedidos de reuniones y chicanas. El tema convocante fue la búsqueda del gobierno de Axel Kicillof por cobrar el dinero de aportes que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) debe girar a la caja bonaerense de jubilaciones (una de las 13 que no fueron transferidas a Nación). Según el gobierno provincial, la suma adeudada asciende a más de $2,2 billones.
El martes a las 11, minutos después de que la expresidenta Cristina Kirchner declarara en los tribunales de Comodoro Py en el juicio por el caso de los Cuadernos de las Coimas, representantes del gobierno de Kicillof y del presidente Javier Milei asistieron a la audiencia que convocó la Corte.
Ante la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, el gobernador estuvo representado por el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez; el ministro de Economía, Pablo López; el asesor general, Santiago Pérez Teruel, y la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti. Por el gobierno nacional, asistieron el secretario legal y técnico de la Anses, Andrés Gutiérrez; la directora general administrativa y técnica de esa dependencia, María Agustina Terribile Riva, y los letrados apoderados Gerardo Martín Corti y José Luis Álvarez.
La audiencia en la Corte fue el primer encuentro entre las partes en pugna y finalizó con la fijación de una nueva audiencia, que se realizará el 21 de abril a las 11, en la que “informarán al Tribunal acerca del estado de las conversaciones que se desarrollen con el propósito de alcanzar un acuerdo”, según reza el acta del encuentro.
Hasta el 21 de abril, ambos gobiernos deberán estar en contacto: el IPS; la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia intercambiarán información con la Anses. “La Corte fue muy enfática en que el 21 no podemos discutir si se recibió un mail o no”, advirtió a LA NACION una fuente bien informada sobre lo sucedido en la audiencia.
“El Estado está obligado a transferir a la Provincia el equivalente a los montos resultantes de una simulación que establece cuánto cobraría un jubilado de las cajas provinciales si se hubiese jubilado con el régimen nacional. Se calcula la diferencia y se transfiere. Se pagan adelantos a cuenta de una suerte de auditoría. Se le debe a la Provincia desde 2020, y desde 2024 no se pagó ningún adelanto. Nación dice que no están las auditorías; la Provincia, que ya ofreció toda la información”, resumió el conflicto la fuente consultada.
En un comunicado de prensa posterior a la audiencia, el ministro López subrayó que “el gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo”. LA NACION consultó a fuentes de Anses y del Ministerio de Economía, pero no obtuvo respuestas.
“Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el gobierno nacional mantiene con nuestra provincia por el sistema jubilatorio provincial, que ya supera los $2,2 billones”, resaltó López en el comunicado bonaerense tras el encuentro motorizado por el máximo tribunal judicial del país.
En marzo de 2024, con el decreto 280, el gobierno de Milei suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del Presupuesto 2023, que había prorrogado para todo ese año. Esos artículos establecían cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, que dejaron de recibir el dinero.
En el presupuesto 2026, se destinan $122.762.664.874 “para financiar gastos corrientes dentro del Programa Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales”, se lee en el texto del presupuesto publicado en el Boletín Oficial. Se especifica también que la Anses “transferirá mensualmente a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional provincial, el equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit -provisorio o definitivo- determinado de acuerdo con el decreto 730 del 8 de agosto de 2018 y sus normas complementarias y/o modificatorias”.
Y se subraya: “Solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Anses, que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior”.
El gobierno provincial le reclama fondos y obras a la administración nacional desde hace tiempo, con algunos picos de tensión como las demandas que llevó a la Corte la gestión de Kicillof. En lo mediático, el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, exigió en distintas conferencias de prensa que lo reciba el ministro del Interior, Diego Santilli, e incluso, en noviembre del año pasado, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje con un pedido formal de reunión, al que Santilli contestó, con ironía, “Dale, Carli. Gracias. Tomo nota”.
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