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La Justicia pidió documentación bancaria y analiza la situación financiera de la AFA
El juez Diego Amarante, del fuero penal económico, solicitó informes a distintas entidades para reconstruir el estado general de las cuentas de la asociación durante los últimos dos años
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LA NACION
En la causa que se inició tras la denuncia del Gobierno contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por una presunta retención indebida de impuestos, la Justicia busca reunir elementos que permitan echar luz sobre la situación económica de la entidad deportiva durante los últimos dos años y así dilucidar la posible comisión de un delito y encontrar a los eventuales responsables financieros.
De acuerdo con fuentes al tanto del expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante solicitó en las últimas semanas informes a distintas entidades bancarias para establecer el estado general de las finanzas de la asociación que lidera Claudio “Chiqui” Tapia. El período que se encuentra bajo revisión abarca 2024, 2025, y unos meses de 2023, indicaron.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) basó su denuncia contra la asociación de clubes en la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes, por el otro. En tanto agente de retención, la AFA acopia los impuestos correspondientes a los sueldos de sus empleados y cuenta con un plazo de 30 días para girarlos al organismo recaudador. Según la denuncia, ese plazo fue incumplido.
El otro aspecto bajo análisis es la seguridad social. El 7,5% de las entradas que los clubes venden para ver a sus equipos de futbol está destinado a una caja de seguridad social de la AFA. De nuevo, la entidad que nuclea a los equipos debe girar ese dinero a ARCA dentro de un plazo de 30 días para no incurrir en falta.
Durante los últimos dos años, el organismo recaudador detectó irregularidades en esos giros. En un primer momento, la cifra denunciada ascendía a 9.500 millones de pesos, pero luego, con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de 19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.
Investigación interna
En paralelo a la denuncia inicial y su posterior ampliación, mediante una nueva presentación la ARCA informó a la Justicia que se encontraba en marcha una investigación interna, de tipo administrativa, para determinar si, además, existieron salidas de dinero no documentadas a través de la utilización de facturas truchas.
La sospecha del organismo parte de la detección de algunos CUIT identificados como contribuyentes “no creíbles”.
De mínima, en caso de comprobarse evasiones fiscales por parte de quienes le facturaron a la AFA, la entidad deportiva debería hacerse cargo de esos impuestos, advirtieron las fuentes consultadas.
Si bien esto aún no fue judicializado, podría eventualmente derivar en una nueva ampliación o en algún pedido puntual de prueba. La ARCA se constituyó como querellante en el expediente, es decir, cuenta con acceso al expediente, actúa como acusador damnificado, en paralelo al fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y puede aportar pruebas y solicitar medidas.
Otros expedientes
Al menos otras dos causas judiciales rozan a la AFA. Una busca determinar quién es el verdadero propietario de una impactante quinta en Pilar, valuada en más de 15 millones de dólares. Figura formalmente a nombre de un monotributista y su madre, una jubilada, pero la Justicia sospecha que podría pertenecer, en los hechos, a dirigentes de la AFA, especialmente a su tesorero, Pablo Toviggino, de acuerdo a lo que sugieren las pruebas reunidas en la causa.
Existe además otra investigación vinculada a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejos que tiene una fuerte conexión con la AFA y el mundo del fútbol en general: la firma mantenía vínculos comerciales y de patrocinio con torneos, clubes y el ecosistema que rodea al Chiqui Tapia. La hipótesis allí es una presunta evasión de impuestos.
Además, hay una segunda vía de presión del Gobierno contra la AFA a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que lidera Daniel Vítolo, para que la AFA presente balances pendientes y justifique gastos por cientos de millones de dólares.
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