La Justicia pidió informes al Gobierno sobre los protocolos que se aplicaron a los invitados a la fiesta de Olivos
El fiscal Ramiro González, que prevé imputar al Presidente, solicitó precisiones tras recibir datos de la Casa Militar en los que se menciona la aplicación de “estrictos protocolos sanitarios”
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LA NACIONHernán Cappiello
El fiscal federal Ramiro González le pidió al Gobierno que explique qué protocolos sanitarios se aplicaron a los invitados a la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, el 14 de julio de 2020, mientras regía el aislamiento estricto decretado por el presidente Alberto Fernández.
González elevó el pedido tras recibir un informe de la Casa Militar en el cual se afirmaba que los visitantes habían sido sometidos a “estrictos protocolos sanitarios”, sin otra aclaración. El planteo del fiscal busca determinar de qué se trataron estas prevenciones en la causa que investiga la violación de la cuarentena por la realización del festejo.
“Requiérase a dicha administración un pormenorizado informe detallando los recaudos y protocolos llevados a cabo” para las visitas a Olivos, solicitó González, en quien el juez federal Sebastián Casanello delegó la causa.
La fiscalía además dio por aceptados a los letrados de los invitados que se presentaron y tomó nota del descargo de Tamara Pettinatto, que pidió además ser sobreseída. Se trata de una actriz hija de Roberto Petinatto, que participó de la celebración de fin de año en la quinta de Olivos.
En paralelo, el fiscal prepara un escrito para notificarle en las próximas horas al Presidente que está formalmente imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena por la realización de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos.
Si es que el Presidente no se presenta antes en el expediente, le llegará un oficio que identificará quiénes tienen la calidad de imputado en el caso, cuáles son los derechos que les corresponden y la manera en que pueden declarar. Aludirá a los artículos 72, 73 y 279 del Código Procesal, que señalan que la persona a quien se le imputa la comisión de un delito tiene derecho, incluso cuando no hubiere sido indagada, a presentarse ante el tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
La estrategia del Presidente
Este es el paso que esperaba el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, para poner en marcha su estrategia judicial. Cuando sea notificado de la formación de la causa, se presentará para ofrecer una conciliación o reparación del daño, entregando parte de su sueldo de Presidente a cambio de extinguir la acción penal.
Según Dalbón, esta medida no implica admitir culpa alguna ni responsabilidad, ni asumir la comisión de un delito. Si el fiscal acepta el acuerdo, se lo elevará al juez Casanello para que lo homologue y el caso se cierre. Alberto Fernández cobra unos 250.000 pesos por mes.
Mientras tanto, avanzan los trámites para definir si la causa seguirá tramitándose en los tribunales de Comodoro Py o pasará a la justicia federal de San Isidro, al juzgado de Sandra Arroyo Salgado.
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