La Justicia tiene a disposición las copias del teléfono de Alberto Fernández y podría complicarse su situación
Un peritaje fue ordenado en la causa por violencia de género, pero se pidió una ampliación por el caso de los seguros
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La copia de una parte del celular de Alberto Fernández ya está en manos de la Justicia. El peritaje fue solicitado por el propio expresidente para apuntalar su defensa en la causa por presuntos hechos de violencia contra su expareja Fabiola Yañez, donde cuenta con un procesamiento confirmado. Pero esa solicitud ahora podría complicarlo en la causa por los Seguros, el otro frente judicial que lo aqueja, en donde el juez Sebastián Casanello ya pidió contar con acceso a ese material y ordenó realizar una extracción de datos.
Ahora, el celular de Fernández ocupa el centro de la atención en ambas causas. Como parte de su estrategia en el expediente por violencia de género, Fernández siempre sostuvo que para defenderse de las acusaciones debía poder disponer de su teléfono, secuestrado junto a una tablet electrónica en el marco del allanamiento que ordenó el juez Julián Ercolini, en agosto de 2024, para constatar si el expresidente había incumplido con una perimetral que le impedía contactarse y acercarse a su expareja.
Fue casi al inicio de la causa, luego de que se hicieran públicos los chats en los que Yañez le confiaba a María Cantero que el expresidente la golpeó y la ex primera dama decidiera instar la acción penal en su contra.
El fiscal Ramiro González respondió parcialmente a la solicitud de Fernández. Para que el expresidente no se viera privado de ejercer parte de su defensa, pidió que se realizara una copia forense del aparato, pero que fuera sometida a un filtrado para que Fernández solo obtuviera los intercambios que mantuvo con la ex primera dama y su madre, Miriam Verdugo, sin restricciones temporales.
Este recorte es el que ya está en manos del fiscal González y se abrirá el lunes próximo, frente a la defensa de Fernández, en cabeza de Silvina Carreira, y la querella. Ambas partes podrán acceder a una copia de ese material.
En paralelo, en el marco de la causa Seguros, el juez Casanello solicitó acceder a la copia forense del aparato. Ercolini accedió y puso a disposición de su juzgado el material. En ese contexto, el juez Casanello ordenó a la DATIP -un organismo técnico que asiste al Ministerio Público- realizar un nuevo filtrado del teléfono, que incluyera palabras claves y otros parámetros relevantes para su investigación en la causa Seguros.
Por eso, en los próximos días comenzará un nuevo peritaje que podría ser clave para definir la situación procesal del expresidente en la causa Seguros.
La parte por el todo
Cuando el teléfono se abrió y comenzó a ser peritado, Fernández solicitó que, una vez extraídas las conversaciones con Yañez y Verdugo, se destruyera la copia completa de todo el contenido. Pero el juez Ercolini se opuso. Argumentó que ese material podía ser de utilidad en el futuro de la causa.
Ayer, la Cámara Federal porteña, por mayoría, ratificó esa postura. Eduardo Farah y Martín Irurzun volvieron a rechazar el pedido del expresidente para que el material se destruyera y le negaron al expresidente la posibilidad de contar con la copia completa del dispositivo.
“Asiste razón al juez en el rechazo a la destrucción de la extracción forense, no solo en este estadio sino también luego de la culminación del peritaje”, dijeron los jueces. Y agregaron: “La eliminación de la fuente de la cual se obtendrían esos elementos podría afectar la trazabilidad de esa prueba”.
Ambos, sin embargo, remarcaron que, concluido el peritaje, el magistrado debía “reevaluar la restitución de los dispositivos (el celular y una tablet), que son propiedad de Fernández”
Por su parte, el juez Boico votó por revocar el fallo de Ercolini. Indicó que “no existe ninguna justificación legal para que, culminado el peritaje a realizarse –cumpliendo todos los recaudos técnicos y procedimentales-, sean conservadas las extracciones forenses".
Visita a Comodoro Py
La otra pata de la defensa de Fernández en el expediente por violencia de género consiste en impulsar, contra viento y marea, la recusación del juez Ercolini. Según dejó plasmado en numerosas instancias, orales y escritas, el expresidente considera que desde que impulsó contra Ercolini una denuncia por su viaje a Lago Escondido, este le guarda un encono especial que compromete su imparcialidad en la causa.
Uno de los argumentos del juez para echar por tierra el planteo de Fernández es que, antes de la actual investigación, cerró muchas otras en las que el expresidente estaba involucrado, lo que acreditaría que que no tiene ninguna animosidad en su contra. Fernández, por su parte, contrapone que solo fueron cerradas luego de que los fiscales de cada uno de los casos optaran por no impulsar la investigación.
Ese contrapunto se encuentra ahora en la Cámara Federal, que ya había rechazado la recusación de Ercolini. Fernández, no obstante, apeló ante la Casación. Sostuvo que su pedido para acreditar en el expediente todas esas causas que Ercolini dice haber cerrado no fue escuchado.
En este punto, la Casación resolvió a su favor: pidió que se incorporen y ordenó que se realizara la audiencia celebrada el pasado lunes, que estuvo a punto de levantarse porque Fernández y su abogada llegaron 30 minutos tarde.
En aquel encuentro, el fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, señaló que la nueva prueba no modificaba la situación y pidió desestimar la apelación de Fernández. Uno de los abogados de la querella, Mauricio Dalessandro, se plegó a lo dicho por el fiscal y ahora la Cámara debe resolver sobre la recusación.
La causa ya está en condiciones de ser elevada a juicio. A Fernández se lo acusa de los delitos de lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.
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