La llamativa dificultad del Gobierno para distinguir el bien del mal

Con el ataque de Aníbal Fernández contra Nik quedó expuesto un fenómeno rutinario. Pero también salieron a la luz algunos rasgos novedosos que adquirió el elenco oficial desde su derrota en las primarias. Un equipo dominado por la rivalidad interna, la desconfianza mutua y, por lo tanto, por obsesivos controles de unos sobre otros.

La agresión sobre el humorista revivió la memoria sobre peculiaridades muy conocidas del ministro de Seguridad. No sólo sus ataques de furia. También una llamativa dificultad para distinguir el bien del mal. Fernández publicó información privada del periodista: le recordó que tiene hijas, y le hizo saber que él sabe que concurren a la ORT. Cuando se desató el escándalo, confesó no entender a qué se debía. Dijo que, para él, el mensaje no era una amenaza. Y explicó que, si Nik necesitaba una disculpa, no tenía problema en ofrecérsela, casi como una ayuda terapéutica. Pero aclaró que no estaba arrepentido. Al contrario, alegó estar en su derecho porque Nik, con su trabajo, agredía al Gobierno.

Hasta el momento en que Aníbal Fernández comenzó a defenderse, Alberto Fernández debía explicar por qué no lo condenó. Ahora que se conocen los argumentos de la autojustificación, debe explicar algo más perturbador: por qué se volvió a confiar la seguridad de los ciudadanos a alguien célebre por su falta de consciencia moral. Es el mismo -llamémosle así- servidor público que, siendo intendente de Quilmes, huyó de la Justicia escondido en un baúl, para esconderse en la quinta del generoso y llorado Emilio Ogando. Pedir que el Presidente aclare por qué lo escogió es una ironía. Su única intervención en la designación del ministro de Seguridad fue haberla obedecido.

El desborde emocional de Aníbal Fernández, que lo impulsó a buscar y publicar información sobre la intimidad de una familia, no es el de un funcionario cualquiera. Se trata del titular de un aparato de espionaje, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que dispone de un presupuesto de gastos reservados de 4300 millones de pesos. Para calibrar ese monto basta consignar que la AFI administra $3500 millones, y el área de Defensa, $2200 millones. Los fondos asignados a Seguridad son gestionados por las cuatro fuerzas federales. Es parado sobre esa caja que el ministro expuso datos privados de Nik, aclarando que lo hacía en venganza por publicaciones del periodista. Reuven Shiloah, el fundador del Mosad, solía decir que “lo peor (espiar, reprimir, encerrar) hay que hacerlo con los mejores”. En la Argentina es demasiado habitual que lo peor se haga con los peores.

El triste episodio protagonizado por Aníbal Fernández desnuda algunas peculiaridades de la escena que se montó tras el fracaso electoral del 12 de septiembre. El Presidente no abrió la boca. En cambio, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo que el ataque del ministro había sido “desafortunado”. Se podría suponer que Manzur es más sensible a este tipo de aberraciones. Sería un error: los tucumanos se han cansado de esperar que él repudie algunos crímenes aberrantes en los que está involucrada su propia policía, y él se ha escabullido con inconsistentes juegos de palabras. Lo que cambió es que ahora Manzur está lanzado a una campaña electoral cuya mira no está puesta en el 14 de noviembre, sino en las presidenciales de 2023. Por eso hace que sus aduladores lo llamen “Juan XXIII”. Manzur compite con el Presidente, cuya quimérica reelección debe impedir. Es la razón por la cual condenó a Aníbal Fernández: quiere halagar a un electorado que repudia los arrebatos autoritarios. Manzur se diferencia de Alberto Fernández. Y se diferencia de sí mismo.

Una motivación similar lo impulsó a viajar a los Estados Unidos, donde sesiona el Fondo Monetario Internacional. El jefe de Gabinete ya tiene contratados a lobistas que harán esa campaña. Aspira a fotografiarse con inversores. Suelen ser empresarios o ejecutivos de compañías con intereses en el país, en la mayoría de los casos de actividades regulados, convocados por instituciones financiadas por hombres de negocios de Buenos Aires. Por ejemplo, el Consejo de las Américas, que anima la codiciosa Susan Segal, quien desde el año 2003 viene diciendo, de todas las administraciones, “están haciendo un buen trabajo”.

Manzur recurre en los Estados Unidos al circuito que frecuenta Sergio Massa. Se sirve, en algunos casos, de los mismos asesores: por ejemplo, Gustavo Cinosi, empresario con intereses en Tucumán, que cumple funciones al lado de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Almagro y Cinosi son repudiados por los Kirchner y por Alberto Fernández. Síntesis: Manzur se propone como amigo del “imperio” y vinculado al sector empresarial. Es decir, también compite con Massa, que queda convertido en un Manzur blue.

El paseo por los Estados Unidos tiene para el jefe de Gabinete un estímulo especial: allá podrá mantener entrevistas sin la minuciosa vigilancia de Wado de Pedro. El ministro del Interior es los ojos y oídos de Cristina y Máximo Kirchner. Como es ostensible, participa de todas las reuniones que organiza Manzur. Inclusive las que mantiene en la Casa Rosada con el gabinete de Tucumán, temeroso que el vicegobernador Osvaldo Jaldo lo defenestre. En Nueva York y DC podrá relajarse y ofrecer algún indicio de su insubordinación a la vicepresidenta. Es decir, reiterar lo que ya hizo durante un viaje similar, en septiembre de 2019, cuando prometió que con la gestión de su amigo Alberto llegaría “el fin de la impunidad”.

El viaje de Manzur tiene otro cometido: monitorear a Guzmán. Una de las razones por las que los Kirchner toleran su presencia en el Gobierno es que él les ofrece la posibilidad de controlar las negociaciones con el Fondo. En la jefatura del Senado y en La Cámpora dudan de los relatos de Guzmán. Sospechan que tiene más afinidades con la burocracia internacional que con el proyecto nac&pop.

Las negociaciones con el FMI se han complicado en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con la vida interna del organismo. La directora-gerente Kristalina Georgieva quedó muy debilitada después de que se la acusara de manipular indicadores para favorecer a China en el programa Doing Business, cuando se desempeñaba como gerente del Banco Mundial. Esas imputaciones quedaron documentadas en un informe del estudio WilmerHale.

Georgieva logró que no la remuevan durante la Asamblea, y en medio de una crisis global disparada por los precios energéticos. Pero tuvo la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos la mortificó anteanoche con un comunicado crudelísimo encabezado por este párrafo: “Hoy temprano, la secretaria del Tesoro, Janet L.Yellen, habló con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para discutir los serios problemas planteados por la investigación del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial. La secretaria Yellen expresó que su prioridad es preservar la integridad y credibilidad del Banco Mundial y el FMI y, por esa razón, era fundamental que el Directorio del FMI llevara a cabo una revisión exhaustiva, justa y oportuna de las conclusiones de WilmerHale”. Georgieva espera que se dijera que los cargos eran infundados. Pero Yellen les dio crédito y se propuso tener a Georgieva bajo observación.

En adelante, para influir sobre Georgieva será más útil hablar con el Tesoro que con el papa Francisco, o con monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, otro simpatizante de China que organizó varias reuniones para que Guzmán se encuentre con la funcionaria. El escándalo redujo muchísimo el poder de la directora-gerente y, por lo tanto, acotó casi a cero su capacidad de innovación. Además de introducir una tutela más marcada de los Estados Unidos. El encargado de ejercerla es David Lipton, asesor estrella de Yellen en cuestiones internacionales. Lipton fue, en su anterior condición de representante de su país en el Fondo, el responsable del programa que adoptó la Argentina para acceder al mega crédito de 57.000 millones de dólares. Es decir, es el funcionario al que el Gobierno actual se cansó de vilipendiar, convencido de que el pasaje de republicanos a demócratas suponía el reemplazo de un país por otro. Una manifestación de la confusión entre Estado y gobierno que padece el peronismo. La misma confusión que lo lleva a repartir bicicletas para ganar las elecciones. Anteayer Guzmán mantuvo una reunión con Lipton. Salió incómodo.

El ministro insiste en conseguir un régimen excepcional. Recortes en la tasa que el Fondo cobra por los créditos que exceden la cuota del país y un período de 25 años para devolver el préstamo. Bloomberg informó, en una nota de Jorgelina do Rosario y Eric Martin, que el Fondo ya rechazó la primera pretensión. El Gobierno insiste en que aún la está negociando. Ayer agregó otra “conquista”: los países del G-20 habrían abogado a favor de esa prerrogativa. Es increíble que Guzmán, tan preocupado por obtener esta ventaja, no haya accedido a un Servicio de Crédito Rápido que ofreció el Fondo, equivalente a 4000 millones de dólares, con tasa 0, cinco años y medio de gracia, y a devolver en una década. Estaba disponible durante la pandemia. Hubiera permitido un ahorro importante de los intereses. Pero Guzmán se distrajo. Cuando lo pidió, ya había cerrado la inscripción. Otra vez llegó tarde.

Cambios en el Fondo, cambios también en el contexto. El esfuerzo por ganar las elecciones agrava el desaguisado fiscal. Y, por eso mismo, empeora las expectativas sobre inflación, que inducen a más remarcaciones y a comprar dólares en el mercado libre. A estas dificultades hay que agregar la disparada de los precios de los hidrocarburos, que ha puesto en alerta al gobierno de los Estados Unidos. Los expertos en energía calculan que los subsidios al consumo pasarán del equivalente a US$9000 millones a US$16.000 millones. Si se calcula un dólar de 120 pesos, son casi 2 billones de pesos.

El Gobierno está frente a dos caminos. Uno es no hacer nada, lo que llevaría la inflación a niveles de crisis. El otro es, en el marco de un acuerdo con el Fondo, reducir los subsidios aumentando las tarifas, y actualizar el tipo de cambio. Eso también aumentaría la inflación, aunque a niveles no tan irracionales. Es una dinámica decisiva para la política: es casi imposible que en los próximos dos años el poder adquisitivo del salario no se deteriore. Se trata del gran predictor de los resultados electorales. A la luz de esta perspectiva, es un enigma por qué Manzur, en un momento en que debería distanciarse del Gobierno, se identifica más. Tal vez peor le estaba yendo en Tucumán. Hay que prestar atención a Massa: no vaya a ser que, al reclamarle la presidencia de la Cámara, la oposición le esté prestando un gran servicio. Las exigencias de un ajuste son un gran dilema también para Cristina Kirchner. Sobre todo, si no consigue revertir el resultado electoral el 14 de noviembre.

En este contexto, Alberto Fernández promete que en febrero estará cerrado el acuerdo con el Fondo. Es un año más tarde de lo que prometían, él y Guzmán, en octubre de 2020. Habrá que ver si esta vez llegan a tiempo. La necesidad de dar señales de moderación aproxima al Gobierno con los empresarios. Anteayer el Presidente, Manzur, Massa y el infaltable De Pedro se encontraron con 8 de ellos, de los cuales 7 eran regulados. Al octavo, Mercado Libre, lo “regulan” los Moyano. Pasado mañana Fernández promete cerrar el coloquio de Idea. Es una pequeña desobediencia a Cristina Kirchner, que el año pasado lo retó por haber participado. Fue a raíz de que los asistentes comentaron su discurso en un chat abierto. Ayer comenzó a crecer entre los empresarios una preocupación: la versión dominante es que el Presidente prometió asistir a cambio de que se clausure ese canal de expresión. Todos somos Nik.

Por Carlos Pagni

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