La necesidad de un control estricto

En contextos económicos y sociopolíticos en que el Poder Ejecutivo se fortifica, como ocurre desde 2003, nuestro sistema exhibe la peor cara de un presidencialismo hipertrofiado.

Una de sus consecuencias es el debilitamiento y la declinación paulatina del Congreso y el consiguiente empobrecimiento de la democracia, reducida a decisión de las mayorías. Una de las funciones primordiales del Congreso que suele desvanecerse es la de controlar los actos de gobierno, que es fundamental para corregir los desvíos y las arbitrariedades y también para generar legislación superadora.

La debilidad en el ejercicio de esta función resiente el funcionamiento equilibrado de todos los demás poderes y el Ejecutivo ha venido atravesando sin correctivos una senda jalonada por decretos de emergencia, malabarismo presupuestario, recortes a la pluralidad e independencia del Consejo de la Magistratura, desmantelamiento de los organismos de control y un retroceso en materia de transparencia de la gestión pública, cuyo cenit ha sido el copamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la transfiguración de sus cifras.

En este contexto, es imprescindible el rol de la oposición. Sumaré al Congreso mi experiencia en los órganos de control para potenciar su rol fiscalizador, que debe ejercerse no sólo respecto del Poder Ejecutivo, sino también de la Justicia y el Ministerio Público.

El Congreso debe ocuparse de hacer efectiva la responsabilidad política, que es distinta de la responsabilidad penal. La omisión de este rol es un incentivo al Ejecutivo para dominar por cualquier medio a la Justicia y al Ministerio Público, cuyos integrantes a la vez saben que no deberán rendir cuentas ante nadie por sus defecciones.

Desde mi banca trabajaré para instalar estándares elementales de transparencia, hoy inexistentes.

Apoyaré una ley de acceso a la información que democratice la supervisión y mejore el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

Voy a promover la activación de la Comisión de Etica Pública que es atribución del Congreso, pero lleva diez años ignorada, al igual que la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público.

Tendré en cuenta la Auditoría General de la Nación, órgano auxiliar del Congreso para su misión de control, cuya ley debe reformarse garantizando su gestión a la oposición, cumpliendo la norma constitucional.

Impulsaré también el restablecimiento de la publicidad de los informes de la Sindicatura General de la Nación -hoy recortada- y la autonomía de la Oficina Anticorrupción.

Para fomentar prácticas de transparencia es necesario que existan normas que protejan a quienes denuncian hechos irregulares o que se oponen a ejecutarlos. La violencia laboral ejercida sobre los trabajadores del Indec revela un vacío protectivo que el Congreso debe llenar de modo urgente.

Esta agenda requerirá consensos; la tarea será ardua, pero confío en la capacidad de la bancada de la UCR, a la que me incorporaré.

Una composición equilibrada de la Cámara de Diputados, con conciencia de su rol, y la ausencia de una mayoría oficialista automática son ingredientes que ayudarán a la concreción de esta agenda.

DE PUÑO Y LETRA

A pedido de LA NACION, los primeros candidatos a diputado nacional que competirán por una banca el domingo 23 presentan sus propuestas e ideas

MANUEL GARRIDO

• Edad : 46

• Profesión : abogado

• Encabeza la lista de diputados por la ciudad de Buenos Aires de Udeso, la alianza que lleva a Ricardo Alfonsín como candidato a presidente.