La necesidad de resolver el conflicto por los fondos a través del diálogo

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires se presenta como Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de los hechos acontecidos en la semana del conflicto policial y la decisión del Gobierno Nacional sobre los fondos otorgados a la Ciudad de Buenos Aires.

En 1994 se reformó la Constitución Nacional. Se estableció allí que la Ciudad de Buenos Aires debería tener una norma propia. La actual Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se dicta en 1996. En 1994 se había establecido también la transferencia de las competencias de carácter nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires al Estado de la ciudad de Buenos Aires. Ese proceso fue llevado a cabo de manera espasmódica e incompleta, a veces tras-ladándose algunas actividades o competencias con presupuesto y a veces transcurriendo tiempo donde no se produjo ningún traspaso. ¿Es esto razonable? Bajo ningún punto de vista. Es un mandato constitucional.

La Ciudad debe tener todas las competencias que hoy están en poder de la Nación, la Inspección General de Justicia , el Registro de la Propiedad del Automotor, el Registro de la Propiedad Inmueble, las competencias de la justicia, todas instituciones o competencias que son propias del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

Para eso y teniendo en cuenta el fallo de la CSJN, en el expediente de San Luis contra el Estado Nacional por coparticipación donde la CSJN exhorta a las partes a un acuerdo, nosotros venimos a proponer la creación de una mesa de diálogo donde se establezca, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, un cronograma para determinar claramente en qué plazos y cuáles son las instituciones y las competencias que van a pasarse a la Ciudad de Buenos Aires, con las partidas presupuestarias como refiere la Constitución Nacional. Es establecer certezas y cumplir con el traspaso determinado en la Constitución Nacional.

En otro orden, hay dos cuestiones que ya llevan décadas sin ser resueltas. La primera de ellas es una reforma tributaria profunda. La distorsión impositiva hace que cada provincia, incluso cada municipio, pague distinto por el mismo servicio esencial, porque los porcentajes de los ingresos brutos son diferentes en todo el país y las tasas municipales que se aplican también lo son. Por eso hay que realizar una profunda reforma de un sistema impositivo que es distorsivo y regresivo.

Segundo, una reforma profunda del sistema de coparticipación federal pues ésta responde a una lógica de hace muchos años, donde no existía, por ejemplo en el momento de la discusión de esa coparticipación, la soja como un elemento central de exportación del sector agrícola de la Argentina, pero tampoco existía la explotación del litio, Vaca Muerta, la industria del conocimiento.

También es importante destacar que la población de las provincias ha variado. Hoy esa composición se ha modificado como se han alterado también las características productivas de cada una de las provincias. Esto requiere un nuevo debate sobre la coparticipación y una nueva ley. Por eso nos presentamos como Amicus Curiae ante el tribunal, para que se conforme una mesa de diálogo y se resuelva definitivamente el proceso de transferencia con las partidas como establece la Constitución Nacional, con equilibrio y sin privilegios. La rediscusión por ley en el Congreso de un nuevo sistema impositivo y de un nuevo sistema de coparticipación federal, dos herramientas fundamentales para terminar con la inequidad y la pobreza en la Argentina donde estamos sumergidos, y también para establecer reglas claras y definitivas de carácter permanente, que determinen la inclusión social, permita la generación de empleo digno y la producción y el desarrollo.

El modelo actual consolida la inequidad, no corta con la especulación y genera conflictos sociales que afectan a los que menos tienen. El compromiso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es la defensa de todos los derechos y garantías constitucionales de las personas, poniendo el acento en los derechos humanos de manera integral y desde ese punto de vista lo hacemos también con una visión absolutamente federal, entendemos que cada provincia debe recibir lo que necesita de acuerdo con lo que también produce, de acuerdo con sus condiciones demográficas, o a la necesidad de promoción para el desarrollo. Porque no hay provincias de primera o de segunda, la Argentina es una sola.

El federalismo es la base para la determinación de una nueva ley de coparticipación federal. La reforma tributaria es la base para la creación de un sistema impositivo que no sea regresivo, que no sea distorsivo y que establezca las cargas sobre los sectores que corresponden.

La mesa de diálogo es la forma racional de la resolución de conflictos, discutiendo desde las posiciones que cada uno tenga en la defensa de los intereses que cada uno representa pero buscando de forma sensata, responsable, racional y con criterio la solución de un problema que está instalado en la Argentina desde 1994 y que nunca encontró respuesta.

Parafraseando un viejo fallo de la Suprema Corte de EE.UU., Texas vs White, de 1869; podemos decir que "El Pacto Federal Argentino tiene 24 actores: 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Bs As. El país es la unión indestructible de 24 estados indestructibles".