La OEA garantizó la autonomía financiera de CIDH, pero dejó abierto el debate a temas de fondo

WASHINGTON.- Tras un intenso debate que duró casi doce horas y que tenía como fin dirimir el futuro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, anoche la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad mantener abierto el debate sobre el funcionamiento de la CIDH y cerró algunos puntos sobre su financiación.

Los cancilleres reunidos en una Asamblea General Extraordinaria en Washington aprobaron por consenso una resolución que permite aportes financieros externos clave para el organismo que tutela los derechos humanos, pero también ordena "continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales" del ente autónomo de la OEA.

Los debates enfrentaron a un grupo mayoritario de países, que deseaban cerrar el proceso de reformas de la CIDH que se ha prolongado por casi dos años, y a Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que se negaban a ello, alegando que aún quedaban "distorsiones" en la Comisión.

Cuando parecía que no habría consenso y una votación desfavorecería a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ecuador llegó a amenazar con denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos, al igual que ya lo hizo Venezuela el año pasado, si la OEA cerraba el proceso de reformas. En tanto, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño criticó con dureza a la CIDH y luego a la resolución, calificándola de "vacía de toda sustancia".

El consenso se salvó cuando la Argentina propuso una modificación a uno de los párrafos de la resolución, que abre la posibilidad de que se siga el monitoreo sobre la CIDH de manera indefinida, lo que sumó a los países del ALBA al acuerdo.

Por su parte, Estados Unidos dejó clara su posición: "Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr un sistema más fuerte'', expresó William Burns, vicesecretario de Estado estadounidense. Y agregó: "La mayoría de estados miembros concentrados en perfeccionar nuestro sistema de derechos humanos deben proteger a la Comisión de los pocos que intentan debilitarla''.

En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó la necesidad de defender a "toda costa'' la autonomía del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y admitió que muchas de las reformas que se proponen significarían un alto costo que "la organización no está en condiciones de asumir con sus actuales recursos''.

La resolución es el resultado de 22 meses de trabajo para analizar reformas que refuercen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que para algunos países, activistas y organizaciones de derechos humanos representan intentos de debilitar a la CIDH y las relatorías, sobre todo la de la Libertad de Expresión.

El documento acordado ayer promueve que eventualmente sean los estados de la OEA los que financien a la CIDH y las relatorías, pero no cierran totalmente la posibilidad de que estos organismos accedan a capital exterior. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión depende de fondos externos y la eliminación de estos hubiera supuesto su desaparición.

El texto, que entrará en vigor el 1 de agosto, sostiene que mientras se logra el "pleno financiamiento" de la Comisión por parte del presupuesto de la OEA, se sigan haciendo contribuciones voluntarias "preferentemente sin fines específicos", lo que permite a la CIDH seguir buscando fondos externos a la organización y los Estados miembros, como reclamaba.

Miembros de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las Américas leyeron una declaración antes de que empezara la reunión de la OEA en la que expresaron "mucha preocupación'' si el proceso de reflexión para reformar la CIDH se alargaba más allá de la Asamblea General Extraordinaria de ayer.

Agencias EFE, AP, AFP