La oposición busca avanzar en una reforma de la ley de DNU, pero hay diferencias entre los bloques

La oposición en la Cámara de Diputados se apresta a dictaminar hoy en un plenario de comisiones sobre uno de los temas que más preocupa a la Casa Rosada: la reforma del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para alivio del oficialismo, el frente opositor se presentaría dividido y, dato no menor, postergó su tratamiento en el recinto.

Uno de los máximos temores del Gobierno era que la oposición convocase para este miércoles a una sesión en la Cámara de Diputados y convirtiese en ley la iniciativa, la cual ya tiene media sanción del Senado. Si bien no está despejada la posibilidad de que esto ocurra, al menos no será esta semana y se logra ganar tiempo, celebran los libertarios, cuyos principales lugartenientes se abocaron los últimos días a disuadir a gobernadores y ex aliados para desactivar la ofensiva en el recinto.

El proyecto en debate propone modificar la ley 26.122, sancionada en 2006, para eliminar el artilugio de la sanción ficta, esto es, la convalidación automática de los DNU si el Congreso no se pronuncia al respecto. La iniciativa, más estricta, establece un plazo de 90 días corridos para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen en ese plazo, queda derogado. Asimismo, establece que bastará con que una sola cámara lo rechace para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras.

Con esta nueva redacción, el gobierno de Javier Milei quedaría despojado de una herramienta clave para su gestión. En lo que va de su mandato dictó 74 DNU, más del doble que la cantidad de proyectos de ley que presentó al Congreso.

Los bloques opositores más duros –Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre- se anticipan dispuestos a avalar la media sanción del Senado y así lo ratificarían al momento de dictaminar. Sin embargo, la UCR y la Coalición Cívica tienen dudas y no descartaban anoche presentar un dictamen en conjunto; por de pronto no van a acompañar el dictamen de mayoría, como tampoco lo harán los diputados provinciales de Innovación Federal.

En el Senado, sin embargo, tanto radicales como provinciales acompañaron en su momento la iniciativa, lo que revela cuán cambiantes son las posturas en torno de un tema por demás sensible. En vísperas de la elección legislativa, no son pocos los legisladores de la oposición dialoguista que consideran que intensificar en este momento sus ofensivas contra el Gobierno, arrebatándole una herramienta clave de gestión, podría colocarlos en una “posición golpista” que, a la larga, podía resultarles contraproducente en términos electorales.

“De allí la decisión de levantar el pie del acelerador y no convocar a sesión especial, al menos esta semana. Después, veremos”, indican.

Los tiempos, acotados

El oficialismo, mientras tanto, festeja esta breve tregua. El factor tiempo es clave. El 30 de noviembre próximo vence el período de sesiones ordinarias del Congreso –con lo cual toda la actividad parlamentaria entra en receso salvo que el presidente convoque a sesiones extraordinarias con temario propio-. Ergo, la oposición tiene por delante solo dos meses para llevar adelante sus ofensivas, elección legislativa de por medio. Los libertarios imaginan que si logran hacer un buen papel en esos comicios, el clima político permitirá diluir las futuras avanzadas opositoras y sobrevivir, sin demasiadas magulladuras, hasta el recambio legislativo del 10 de diciembre.

Los oficialistas hacen cálculos: si la oposición se mantiene dividida en este tema podrán respirar tranquilos. A diferencia de lo que sucedió con las leyes sobre financiamiento universitario, emergencia en salud pediátrica y la de discapacidad, en esta oportunidad los bloques de la UCR e Innovación Federal –que responde a los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones- no parecen dispuestos a plegarse a la oposición más dura, encarnada sobre todo en el kirchnerismo.

Esta división en el frente opositor ya se visualizó cuando, en la última sesión de la Cámara de Diputados, impulsó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se dictamine sobre la reforma de la ley 26.122. El resultado de la votación, si bien le fue adversa, fue festejada por el oficialismo: en efecto, los opositores alcanzaron 142 votos, pero los libertarios lograron reunir 88 voluntades gracias al apoyo de la UCR y los diputados provinciales.

Esos 88 votos le asegurarían a los libertarios el tercio que necesita para blindar en la Cámara de Diputados un eventual veto presidencial si la media sanción del Senado es convertida en ley. Así las cosas, si bien los opositores contarían con la mayoría absoluta (más de 129 votos positivos) para aprobar la ley, los números no están asegurados para insistir con la norma si resulta vetada.

Por Laura Serra

• Cámara de Diputados

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