La oposición presiona a Macri para que declare la emergencia social

Los insistentes reclamos de las organizaciones sociales contra el Gobierno se convirtieron ahora en proyecto de ley. A instancias de las agrupaciones, parte de la oposición presentará esta tarde en el Senado una iniciativa legislativa para declarar la emergencia social por un año.

El proyecto, al que tuvo acceso LA NACION, es impulsado por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna (ambos del PJ-FPV) y Jaime Linares (GEN). Detrás están algunas de las agrupaciones que en las últimas semanas protagonizaron varias movilizaciones contra Mauricio Macri, como Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP-Movimiento Evita) y la Corriente Clasista Combativa.

Según el texto, la declaración de la emergencia social regiría por un año en todo el país, durante el cual se aumentarían en un 15 por ciento las asignaciones universal por hijo y por embarazo para protección social, y se crearían un millón de empleos bajo la órbita de las organizaciones. Además, se instruye a conformar un Consejo de la Economía Popular, integrado por tres organizaciones y por funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, que deberá estipular un "salario social complementario".

"El objetivo es salir de la cultura de los planes a la cultura del empleo. Los planes deberían estar reemplazado por actividades productivas", consideró ante este diario Abal Medina.

"Asumimos el rol de no quedar sólo en cuestionar, sino también de construir herramientas que permitan mejorar la situación de los pobres", dijo por su lado el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

La disputa con el oficialismo

Ante el consenso opositor sobre el agravamiento de la crisis social, la iniciativa recibiría un rápido tratamiento en el Senado y en Diputados. La duda existe sobre qué hará Cambiemos: de hecho, aún está fresco el recuerdo del veto presidencial a la ley de emergencia laboral, que había salido con acuerdo de toda la oposición.

Abal Medina reconoció que el Gobierno podría oponerse a la ley por la cuestión presupuestaria, pero desestimó que Macri la vete. "No obligamos al Estado a gastar una fortuna, la creación de los puestos de trabajo sería paulatina", opinó. "Queremos colaborar en un tema que todos sabemos que está siendo descuidando. Esta no es una cuestión partidista ni de ventajismo político", agregó.

Para llevar a cabo las propuestas de la iniciativa, el Gobierno debería destinar unos 40.000 millones de pesos. Aunque no está escrito en el proyecto, Abal Medina adelantó que esos fondos podrían provenir de una sobretasa al juego y de la restitución de un impuesto financiero que fue derogado por la reciente ley de blanqueo.

En los próximos días, para asegurarse la sanción de la ley, las organizaciones esperan verse las caras con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. "No queremos que salga algo que después se vete", dijo Menéndez. Y agregó: "El veto sería un desastre como señal sobre qué hacer ante los sectores humildes".

Por Mauricio Caminos

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• Mauricio Macri

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