La policía disipó una protesta de discapacitados frente a la Casa Rosada
Familiares y prestadores reclamaron por el ajuste y la demora del Gobierno en el envío de recursos; se vivieron momentos de tensión entre los agentes de seguridad y los manifestantes
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LA NACIONCecilia Devanna
El intento de colocación de una carpa frente a la Casa Rosada en reclamo por el ajuste en las partidas para el área de discapacidad derivó en momentos de tensión frente a la sede gubernamental. Fue cuando prestadores de servicios, familiares y representantes de la Unión de Transportistas de la provincia de Buenos Aires intentaron colocar el gazebo y un grupo de la policía federal se opuso y disipó la protesta.
“Se había consensuado previamente que el reclamo se haría de las vallas ubicadas en la mitad de la Plaza de Mayo, hacia el lado del Cabildo”, explicaron a LA NACION fuentes de la seguridad de la Casa Rosada. Y agregaron que fue la decisión de los organizadores “de hacerla cerca de las rejas”, lo que activó la intervención de los efectivos de la Policía Federal para evitar la colocación allí.
“Están desde las vallas hacia adelante, pero estamos en alerta y dificulta los controles”, dijo uno de los consultados, en referencia a los controles que se exacerbaron en los últimos días en el edificio ante la amenaza de Irán sobre la Argentina, en medio del conflicto en Medio Oriente.
“Buscábamos hacer un acampe por tiempo indeterminado”, dijo Daniel Masuzzo, representante de los Transportistas de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud que deben en muchos casos de septiembre, octubre y noviembre y dejaron de pagar”, dijo Masuzzo en declaraciones a los medios. “Y queremos saber por qué Economía no gira los fondos, son 4 millones y medio de dólares por mes. ¿Por qué dejaron de pagar? La gente se muere", completó.
“Estuvimos con el Ministerio de Salud, con Alejandro Vilches (interventor de la Andis que reemplazó a Diego Spagnuolo, investigado por presuntos sobornos en el área), con todas las autoridades. Me dicen que Economía no tira [recursos] al fondo”, completó.
Masuzzo agregó que se “mandó a reprimir” y que querían “hacer un acampe por tiempo indeterminado, para mostrar la realidad como lo hicimos con el gobierno anterior, que le hicimos cuatro acampes. Pero nos rompieron todo”.
“¿Cómo le explicás a un chico que vino acá a una marcha que los policías le están pegando?“, dijo. Fuentes de las fuerzas negaron las agresiones descriptas por Masuzzo.
Las fuentes de las fuerzas que custodian Balcarce 50 insistieron en que “más temprano se había hablado con los organizadores y que estaban autorizados para ubicar la carpa y la protesta detrás de las vallas”. La ubicación, agregaron, había sido consensuada por la Policía Federal, la Policía de Ciudad y la Dirección General de Fiscalización, también de la Ciudad.
Este martes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el envío al Congreso de la “modificación de la ley de discapacidad”.
El área de Discapacidad es un eje de conflicto para el Gobierno desde meses atrás, ante el reclamo de los afectados por los recortes en el área. La sanción de la Ley 27.793 que declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta fin de este año, para garantizar la cobertura de prestaciones, fue un duro golpe para el Gobierno. Que, con la ley promulgada, suspendió su ejecución a la espera de financiamiento presupuestario.
La última novedad fue el anuncio de Adorni en el tema, que podría comenzar a tratarse en las próximas semanas.
Al conflicto por los recortes en el área, en septiembre pasado se sumó los presuntos desmanejos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hasta entonces manejada por Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei.
Spagnuolo quedó en el ojo público luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que el funcionario aludió al presunto cobro de sobornos en su agencia.
Tras pocos meses de investigación y luego de ser indagado en el caso, Spagnuolo fue procesado como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.
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