La reapertura de una causa de corrupción contra un senador peronista agita la campaña en Santa Fe

ROSARIO.– En medio de una campaña electoral agitada en Santa Fe, este jueves se produjo la reapertura de una causa por supuesta corrupción que tiene a un senador provincial del peronismo como protagonista, acusado del manejo irregular de subsidios millonarios. El legislador Armando Traferri está alineado hoy con Agustín Rossi, que enfrenta a la fórmula bendecida por la Casa Rosada y el gobernador Omar Perotti. La denuncia iba dirigida contra cinco senadores pero solo se reabrió contra Traferri.

Esa causa se había iniciado en 2017, tras una denuncia que presentó el exconcejal radical Jorge Boasso, pero no prosperó por la incidencia directa del entonces fiscal regional Patricio Serjal, que actualmente está detenido en su domicilio, acusado de cobrar sobornos de una red de juego clandestino manejada por un empresario y cuyo “organizador” de esa asociación ilícita –según la acusación de los fiscales– es el senador del PJ Armando Traferri, quien será sometido a una audiencia imputativa –figura similar a una indagatoria– el próximo 23 de agosto.

Traferri, como la mayoría de los senadores del PJ, está alineado en el duelo interno dentro del peronismo con el exministro de Defensa Rossi, y enfrentado al gobernador Perotti. La vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien secunda a Rossi en la lista de precandidatos para el Senado nacional, preside la Cámara alta santafesina.

Este jueves, el exministro de Defensa lanzó duras críticas contra Perotti al señalar en un acto en Santa Fe que el gobernador se inscribió como candidato suplente porque “cree que la lista es de él”. Y denunció que el gobierno provincial “aprieta” a los intendentes que no están alineados con la gestión perottista.

“Los aprietan y les dicen que no me reciban, que si no tienen determinado resultado electoral no van a tener las obras que tienen comprometidas en los próximos años de gestión. Muchachos, están extorsionando a los pueblos de cada una de esas localidades”, afirmó Rossi.

En medio de estos cruces fuertes en la campaña, la reapertura de esta causa incrementa la tensión interna dentro del peronismo. Marcelo Lewandowski, quien encabeza la lista de Perotti, también es senador provincial, pero no está vinculado a las denuncias porque asumió en diciembre de 2019. Lewandowski es uno de los pocos senadores alineados con Perotti y se enfrentó al núcleo duro de peronistas y radicales que defendieron a Traferri cuando los fiscales pidieron que le retiraran los fueros.

Este jueves, la fiscal regional de Rosario María Laura Iribarren, quien reemplazó a su antecesor que está detenido, ordenó reabrir la causa en la que se investigaba originalmente por supuesta corrupción a cinco senadores peronistas por el manejo oscuro de los subsidios millonarios que tiene bajo su poder cada legislador. Pero en esta etapa la causa solo se centrará en Traferri, porque es quien está siendo investigado en otra causa. Como la denuncia fue dividida en varias jurisdicciones, esas fiscalías seguirán la línea marcada en Rosario y se reavivarán las pesquisas contra los legisladores peronistas.

Actualmente los 19 senadores manejan un presupuesto de 373 millones de pesos en concepto de subsidios. Es una de las bolsas más altas -sino la más alta- de todas las legislaturas provinciales. Durante la gestión del exgobernador Antonio Bonfatti se acordó el incremento de esos montos en subsidios a cambio de garantizar la gobernabilidad de la gestión socialista que tenía la Cámara alta en contra.

Iribarren dispuso además la creación de un “equipo especial” de fiscales para profundizar la denuncia que el 1º de junio de 2017 presentó el exconcejal Boasso. La denuncia originalmente estaba enfocada en los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola, José Baucedo, Hugo Rasetto y Armando Traferri.

La reapertura del expediente tiene una relación directa con el avance de la causa de juego clandestino. A fin del año pasado, Boasso pidió al Ministerio Público de la Acusación que se reabriera
la causa por el manejo de los subsidios de los senadores, luego de que en la investigación quedara al descubierto el rol protagónico de Traferri con las aceitadas relaciones que mantenía con el empresario de juego ilegal Leonardo Peiti, actualmente preso en una clínica en Rafaela.

Ahora, la fiscal regional consideró que es necesario profundizar e investigar la causa que se abrió en 2017 y no prosperó por la incidencia directa, según Boasso, del fiscal regional de ese entonces Patricio Serjal. Esa causa la habían comenzado a investigar los fiscales Adrián Mc Comark y Sebastián Narvaja, pero cuando comenzaron a avanzar en la pesquisa, Serjal pidió el legajo el 2 de noviembre de 2017 y lo tuvo en su despacho durante cuatro meses.

“Serjal decidió dormir la causa mientras se operaba en el Senado por otro costado”, explicó el exconcejal radical a LA NACION. Luego, a principios de 2018, se desestimó investigar a los senadores sospechados del manejo turbio con los subsidios que debían ir a la comunidad y terminaban, según la denuncia de Boasso, en fundaciones y ONG vinculadas a los legisladores.

El 30 de noviembre de ese año se aprobó sobre tablas en la Legislatura de Santa Fe la ley Nº13807, en la que se estableció que ese cuerpo era el que iba a aplicar las sanciones disciplinarias graves contra los fiscales. Se decidió sacarle ese rol a la auditoría general del MPA. En ese momento se interpretó que esa maniobra fue una respuesta a los fiscales que pretendían investigar a los senadores.

El 29 de junio pasado la Corte Suprema de Santa Fe, con votación dividida, se declaró a favor de la constitucionalidad de la ley sancionada hace más de tres años.

En su denuncia, Boasso reveló el supuesto manejo irregular de los subsidios millonarios que manejan desde la gestión del exgobernador Bonfatti. En el caso de Traferri, el exconcejal describió que en ese momento “otorgó en 28 meses 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario, cuyo domicilio es el mismo que el de la oficina del senador, como así también que el tesorero y la secretaria de la Fundación serían sus asesores desde hace más de 12 años como personal contratado por el Senado”.

A principios de 2018, la fiscal Natalia Benvenuto –que fue denunciada por el fiscal regional de Venado Tuerto y luego fue desestimada esa presentación– valoró que Traferri se presentó ante la Justicia y entregó documentación respaldatoria. En ese momento la Fiscalía de Rosario, a cargo de Serjal, preso por cobrar sobornos, consideró que ello no constituía un delito. “Más allá de la discrepancia ético-moral que pueda caber sobre la cercanía de los administradores para con los senadores otorgantes, dicha circunstancia no es declarada incompatible por la Constitución Provincial, como tampoco surge de la ley provincial 13.230 de ética pública”, esgrimió la funcionaria judicial.

Ahora todo comenzará desde cero. Y al reabrirse esa causa, sin Serjal en el medio, los fiscales a cargo del “equipo especial” podrán evaluar si hay elementos para imputar a los senadores implicados.

Por Germán de los Santos

• Corrupción en la Argentina

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