La transparencia pública sólo funcionará con fuertes controles

Hernán Charosky
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7 de agosto de 2012  

El sistema de declaraciones juradas patrimoniales, a nivel nacional, es una parte clave de la ley de ética pública y de los compromisos internacionales de la Argentina en materia anticorrupción.

Las declaraciones obligatorias para altos funcionarios de los tres poderes nos permiten saber si se incrementó el patrimonio, si puede justificar ese incremento y cuáles son sus fuentes. Lo primero refiere a la evolución económica; lo segundo, a la licitud de la evolución (que no haya enriquecimiento injustificado y, por lo tanto, ilícito), y lo tercero, a los intereses económicos que el funcionario podría tener, y si interferirían con la integridad en sus funciones.

En el marco del Poder Ejecutivo Nacional, la experiencia con las declaraciones juradas tiene tanto un anverso exitoso como un reverso de amargo fracaso.

El éxito del sistema en el Poder Ejecutivo radica en que es una política de Estado coherente desde hace doce años. Se ingresan las declaraciones de los funcionarios a un formato digital, la Oficina Anticorrupción informa quiénes cumplen con este deber y se proporciona la declaración a requerimiento de la ciudadanía de un modo rápido y sin requisitos que impidan el acceso. Investigaciones periodísticas, acciones desde la sociedad civil y curiosidades varias se han alimentado de esta información accesible.

La misión

Sin embargo, para que este sistema tenga verdadero sentido es imprescindible que las áreas de control cumplan con su misión.

La Oficina Anticorrupción, el Ministerio Público Fiscal y la justicia federal en lo penal –en especial, en la Capital Federal– tienen roles clave. El control de la evolución patrimonial y su justificación, y, ante la existencia de incrementos injustificados, la investigación del delito de enriquecimiento ilícito son tareas propias de estas instancias.

Si renuncian a la constancia y a la neutralidad que su misión requiere, las señales serán extremadamente dañinas. Se percibirá fácil ocultar o maquillar el enriquecimiento, porque nadie se tomará el trabajo de exigir las pruebas y realizar los análisis para determinar la justificación. Que un juez que se jacta de gastos exorbitantes haya clausurado la investigación sobre el incremento estimado en 158 por ciento del patrimonio presidencial en 2007-2008, con casi nula voluntad de recolectar evidencia y de analizarla, y sin que el Ministerio Público Fiscal haya empujado, mediante una apelación, una verdadera investigación judicial, dañó letalmente la credibilidad de este sistema. La situación empeora en los otros poderes.

El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación son fortalezas casi inexpugnables; las declaraciones juradas de legisladores y jueces se guardan en versiones manuscritas, y conseguirlas requiere superar serias barreras.

El control ciudadano que podemos realizar sobre el Poder Ejecutivo es casi una misión imposible en los otros poderes. Y en conjunto, el sistema de control patrimonial, para los tres poderes, falla cuando no hay nadie con voluntad real de revisar y evaluar el enriquecimiento de nuestros funcionarios y representantes.

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