La TV Pública echó a tres funcionarios que sacaron $11,4 millones en efectivo para una serie sobre Belgrano

El Directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) aprobó este martes por unanimidad las conclusiones de un sumario administrativo respecto al escándalo por la extracción irregular de dinero en efectivo para Los amores prohibidos de Belgrano, una ficción basada en la vida del prócer.

En un comunicado, RTA destacó que la misma presidenta del organismo, Rosario Lufrano, fue quien denunció estas irregularidades tras tomar “conocimiento de las mismas en el mes de marzo pasado y se presentó en aquel momento ante la Justicia para evidenciarlas, al mismo tiempo que impulsó el inicio de las investigaciones internas sobre lo sucedido”.

La polémica se suscitó a inicios de marzo, cuando se encontró una bolsa con 4 millones de pesos y las autoridades advirtieron el retiro por ese monto de la cuenta que tiene el canal en el Banco Itaú. La suma, que apareció en efectivo, iba a utilizarse supuestamente para cubrir gastos de la miniserie sobre Belgrano, basada en el libro de Florencia Canale, que planeaba transmitir la TV Pública.

Una auditoría interna develó que un directivo de la señal realizó tres retiros en efectivo de la TV Pública en bolsas de nylon negras durante la misma semana -dos de 5.000.000 y un tercero 1.400.000- por un total de 11.400.000 pesos.

Una vez estallado el escándalo, Lufrano decidió suspender la tira y logró recuperar 8.089.083 pesos del total extraído de la cuenta bancaria de RTA.

El sumario impulsado por la presidenta de RTA dio por acreditado que esas operaciones se apartaron “indebidamente” de los procedimientos vigentes en la entidad y procedió a despedir a tres de los funcionarios involucrados en la maniobra, mientras que el restante recibió una suspensión de diez días “que incluye la obligatoriedad de asistencia a actividades de capacitación específica”.

Por este episodio, el juez federal Luis Rodríguez procesó a comienzos de noviembre sin prisión preventiva a seis exfuncionarios de RTA por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.