La urgencia oficial vs. la paciencia opositora

La premura por cambiar buena parte del sistema legal argentino de un solo golpe, que intenta Javier Milei, no está motivada solo por la imposibilidad de dilatar lo que él entiende como un mandato electoral y moral. Un imperativo que obliga al urgente abordaje y tratamiento de una infinidad de problemas para evitar que se profundice la crisis en curso y poder revertir un largo ciclo de decadencia.

Detrás de la metralla de decisiones del Poder Ejecutivo, en sus primeros 18 días de gestión, hay razones de índole estrictamente práctica. Es la necesidad de resolver, mientras soplan vientos favorables, la disputa más básica de la política (la lucha por el poder), para instaurar el cambio de régimen que se propone. Como siempre en la historia de la humanidad, quien controla el tiempo (más que el espacio) gana la batalla.

Milei y los suyos han hecho propio el eslogan bullrichista “si no es todo es nada” y le han agregado su “es ahora o nunca” para, con la fuerza de una máquina de resoluciones a repetición, arrinconar a la oposición y a los dubitativos con un mega-DNU y un buque portacontenedores llamado ley ómnibus. Hay que aprovechar el cenit de la popularidad.

Así como el gran motor justificatorio de su arrasadora acción inicial fue para Néstor Kirchner la debilidad de origen en votos, en el libertario opera su fragilidad legislativa y territorial. Hacer virtud de esas desventajas es el norte del decisionismo. Al igual que el presidente surgido de la crisis de 2001, el libertario inundó de autoridad y acción la Casa Rosada, que había sido vaciada por la procrastinación y la anodina irresolución de Alberto Fernández. Primer mandato electoral cumplido. Aún a riesgo del exceso, que nunca parece desvelarlo.

Enfrente, los ajenos al Gobierno, divididos en opositores, colaboradores circunstanciales y aliados ideológicos parciales, miran sus respectivos rincones y buscan ganar algo de ese insumo vital que es el tiempo.

En ellos opera, como el título de la novela del chileno Antonio Skármeta, una “ardiente paciencia”, con el propósito de poder leer y tratar de entender de qué se trata ese plexo inconmensurable de normas que el Ejecutivo les arrojó. Pero, sobre todo, para que amaine el vendaval de iniciativas y para que se enfríe el fervor revolucionario inicial, a la espera de tener más claro cuál será el clima social cuando la dura realidad económica de los meses en curso impacte de lleno en la sociedad. A la espera de que baje la espuma.

En el Congreso, los diputados y senadores hacen cursos de lectura veloz. Nunca han estado obligados a leer tanto y tan rápido. Sin haber tenido tiempo de terminar de abordar el mega-DNU, entre brindis y celebraciones, ahora tratan de desguazar el macroproyecto de ley para intentar comerlo (en sentido metafórico y literal) por partes sin atragantarse ni ser aplastados por la inercia sociopolítica del poder triunfante.

La diversidad de temas que abordan las dos grandes iniciativas, la falta de priorización de los asuntos por parte del Poder Ejecutivo, la disimilitud de encuadre reglamentario para el tratamiento legislativo de muchas de ellas, los intereses en pugna y la falta de información, conocimiento y cohesión que reina en los bloques oficialistas de las dos Cámaras asoman como las dificultades más profundas que deben sortearse para que avancen en el Parlamento.

La complejidad mayor la tiene el proyecto que lleva el nombre de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. No solo por la amplitud y densidad de las reformas de fondo que su ampuloso título anticipa y se propone.

El DNU cuenta con la ventaja de la herencia kirchnerista, que con la reglamentación impulsada por Cristina Kirchner en 2006 hizo más fácil convertir en legislador al Presidente, que sancionar una ley por parte del poder natural, como es el Legislativo. Son las distorsiones que no parecen molestarle a Milei, quien, por el contrario, pide en la ley ómnibus ampliar las facultades delegadas del Congreso al Presidente bajo amenaza de aplicar herramientas de la democracia semidirecta a quienes se resistan. El estado de excepción en todo su esplendor. Republicanos abstenerse. Al menos, por ahora.

La discusión en torno de las formas (la constitucionalidad o legalidad de las iniciativas) se impuso por lógica al debate sobre los asuntos de fondo. Aunque, de a poco, empiezan a emerger los planteos al respecto, sobre todo por parte de quienes han dado en autocalificarse como “oposición colaborativa”. La denominación vendría a reemplazar al ya fenecido (aunque sin partida de defunción) Juntos por el Cambio, a la espera de un nuevo reordenamiento, y podría sumar a los peronistas republicanos (si el oxímoron lo permitiera) y excambiemitas autonomizados.

En ese espacio ya se han dividido por temas y especialidades los dos mamotretos que les lanzó el Ejecutivo y esperan poder tener una opinión el miércoles próximo, antes de que, como pretende el oficialismo, se traten en las comisiones cabecera: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Si los tiempos de inicio de la discusión se cumplieran, sería el primer logro del oficialismo en la batalla contra el tiempo y constituiría un hecho histórico: por primera vez en 22 años el Congreso sesionaría en enero. La última vez fue tras la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, de la que terminó emergiendo la larga hegemonía kirchnerista, cuyo sesgo y no solo su enmarañado corpus de regulaciones y arbitrariedades se pretende sepultar ahora para dar nacimiento al nuevo régimen.

De todas maneras, se anticipa un largo camino, que difícilmente responda a las expectativas de Milei. “La magnitud y diversidad de las reformas equivale a un año de trabajo intenso del Congreso”, afirma una avezada parlamentaria.

“Los legisladores libertarios no tienen el más elemental conocimiento de las técnicas legislativas, pero, para peor, tampoco cuentan con información y directivas de la Casa Rosada. Las autoridades de la Cámara y del bloque no sabían que si ellos no estaban en condiciones de explicar y defender los proyectos, como admitieron, debían hacer que los ministros los fundamentaran. Hubo que explicarles hasta lo elemental”, explica una legisladora de Pro, con quien coinciden otros tres diputados de las “bancadas opositoras con espíritu de colaboración”.

En las primeras horas posteriores a la difusión del megaproyecto de ley, que más que un ómnibus es un buque portacontenedores, ya se conocieron algunos rechazos concretos y objeciones respecto de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Tanto en el bloque de Pro como en la UCR no quieren aparecer como obstruccionistas y antes de explicitar críticas aclaran que están dispuestos a colaborar y que hay varios ítems que no solo están dispuestos a apoyarlos. Incluso se animan a decir que si JxC hubiera llegado al Gobierno los habría impulsado. Está claro que quedaron en el medio de la calle y no quieren ser arrollados ni por el fervor oficialista ni quedar atrapados bajo las sombras de la oposición casi total que expresa el perokirchnerismo, aún knockeado por la fracasada gestión de gobierno que acaba de terminar. Pero todo es provisional.

Cambios en la legislación laboral, desregulaciones económicas y regulación de la protesta entran en los tópicos que están dispuestos a apoyar, al menos parcialmente. Convicción y realismo. “No solo nuestra excandidata presidencial es una ministra clave de este gobierno y promueve esas reformas, con el apoyo de Mauricio Macri. También tienen el respaldo de nuestros votantes. En el balotaje nuestro electorado votó a Milei y no podemos correr el riesgo de que se terminen de ir definitivamente”, admite una de las principales espadas parlamentarias del ex-JxC.

Sin embargo, hay ítems que ya cuentan con un rápido abanico de objeciones, que dará para largas discusiones dentro y fuera de cada bloque. “Estamos para ayudar, pero aún cuando logremos sumar a todos los nuestros, todavía les faltará medio centenar de votos. Y eso para las reformas que requieren de mayoría simple, ya que otras exigen mayorías especiales”, argumenta uno de los diputados con más peso del espacio macrista más cercano al Gobierno.

Los aspectos más controvertidos, y que ya suman más rechazos de la ley portacontenedores, están referidos a la delegación de facultades legislativas al Presidente, la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, la creación de impuestos, entre los que se incluyen nuevas retenciones a las exportaciones, y la reforma electoral. Especialmente en lo que se refiere a la elección por circunscripción uninominal, cuyas contraindicaciones emergen con más elocuencia que sus supuestos beneficios por el impacto negativo que tendría para la representación de las minorías y por la posibilidad de estar sujeta a manipulaciones del poder de turno, según advierten muchos especialistas.

Otro tanto ocurre con el capítulo penal, en el que sobresalen la restricción a las protestas espontáneas o los cambios respecto de la legítima defensa y las mayores atribuciones para las fuerzas de seguridad. Un irónico legislador de Pro las calificó de normas basadas en el “in dubio pro policía”, en contraposición al principio del derecho penal liberal in dubio pro reo. La expresión latina implica que si ante la insuficiencia de pruebas el juez no tiene certezas sobre la culpabilidad de un acusado este debe gozar del beneficio de la duda, basado en el principio de inocencia. Asuntos bien de fondo. Como son los códigos Penal, Civil y Comercial. Y cuyas reformas en tiempo de vigencia del Estado de Derecho siempre han dado lugar a extensos debates.

El tiempo vuelve a ser el campo de batalla en el que el oficialismo se juega su partida. La amenaza de que ante la dilación o el rechazo, el Poder Ejecutivo enfrentaría a sus objetores con una consulta popular puede ser de cumplimiento más que dudoso. Por más presión que ponga, la realización no sería factible de inmediato, por cuestiones de índole formal y logístico, como pretende (y necesita) el Presidente para aprovechar la popularidad de la hora. Todos miran el reloj.

Los opositores, aun los más radicales, optan por la cronoterapia, confiados en que la inflación y la demora en la llegada de los beneficios del nuevo régimen horaden los apoyos hacia el Gobierno. Por ahora, evitan quedar en off side, sin defraudar a sus bases.

Los gremialistas de la CGT, que como los jueces federales suelen ser refinados somelliers del humor social, dieron muestras de no haber perdido todo el olfato, al acatar el protocolo para manifestarse, como escolares de otra época. Y, aunque anunciaron un paro general, la fecha propuesta de realización hace ver el anuncio como una válvula de escape más que como una reacción concreta. Otro tanto hizo la izquierda trotskista, que pareció advertir que las condiciones objetivas no están dadas, al menos todavía, para ir tan de frente contra el Gobierno.

Para Patricia Bullrich se trató de un cambio histórico. El tiempo, como siempre, será el árbitro de esa sentencia. Y de los urgencias de Milei.

Por Claudio Jacquelin

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