La violencia no se puede considerar una protesta social

Cualquier análisis de lo ocurrido en los últimos días debe comenzar con la denuncia de la violencia, del modo en el que un grupo de personas intentó no sólo impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados, sino también propiciar una situación de crisis institucional, convocando las peores imágenes de la crisis de 2001, con el auxilio de algunos diputados que quisieron subordinar la representación constitucional al clamor popular, sustituir el Parlamento por la plaza.

Ningún énfasis será suficiente a la hora de condenar ese juego de pinzas entre la calle y el recinto que expresa a determinados actores políticos y sociales cuya mentalidad es la del reaccionario que no acepta una sociedad plural, en la que los juegos de poder se tramiten por medio de determinadas instituciones. Por supuesto, la protesta popular se cuenta entre esas instituciones: lo fue por ejemplo cuando el gobierno anterior quiso modificar el modo de establecer las retenciones sobre la exportación agropecuaria y una parte importante de la sociedad expresó su disconformidad con la medida. Pero la agresión física celebrada por una parte de la dirigencia política no participa de la categoría de la protesta social: se trata, pura y simplemente, de la violencia que no debe ser admitida.

Dicho lo cual, aparece el verdadero problema: la dificultad de la sociedad argentina para hacer política, es decir, para gestionar el conflicto -de intereses, de valores, de principios- atendiendo al bien común por sobre los intereses particulares. Da la impresión de que ninguno de los protagonistas de estos hechos intentó ponerse por un instante en los zapatos de los otros. Por supuesto, no lo hacen los sindicatos ni la dirigencia, pero tampoco lo ha hecho un gobierno que, a la hora de ordenar las cuentas del Estado, no vaciló en afectar los ingresos de los jubilados sin considerar ninguna otra opción y, sobre todo, que no pudo o no quiso conducir un proceso participativo. La escena del presidente de la Cámara, el pasado jueves, contando con dificultad los diputados con los que se obtenía el quorum para la sesión fue la imagen de una sociedad dividida, de un gobierno incapaz de construir un consenso amplio en torno de una ley compleja, justificando así el sentimiento de que era también, en consecuencia, una ley injusta.

La incapacidad de hacer actuar lo político se pone de manifiesto, también, en el hecho de que la ley en cuestión no significa, ni siquiera, una reforma estructural del sistema previsional, sino sólo una modificación del modo de actualizar las jubilaciones. La política, que debería pensar el modo de transitar del presente a un futuro mejor para todos, se limita a intentar resolver cómo asignar recursos presentes, con gestos que les dejan a los ciudadanos la impresión de que el principio que organiza las decisiones es el de la apropiación, más que el de la asignación. Días tristes que exhibieron algunos de los déficits democráticos más agudos de nuestro país: cómo deliberar, cómo transitar hacia el futuro, cómo pensar en lo común. Días que, una vez más, justifican el escepticismo.

Por Alejandro Katz

• Reformas del Gobierno

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