Las empresas de electricidad destinan $44.000 millones a un bono por “eficiencia”: en promedio, unos $600.000 por empleados
Es un derecho incluido en el convenio colectivo de Luz y Fuerza; lo deben afrontar las compañías públicas y privadas y las cooperativas; equivale a un mes de compra de energía a Cammesa
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CÓRDOBA.- Luego de la seguidilla cortes de energía de fin y comienzo de año y en medio del debate abierto por los aumentos de las tarifas eléctricas, enero es el mes en el que las empresas y cooperativas eléctricas de todo el país deben pagar la “Bonificación Anual por Eficiencia (BAE)”. Se trata de un beneficio creado en 1965 por el convenio colectivo de la Federación Argentina de Luz y Fuerza y lo cobran los empleados y jubilados del sector. Computando solo a los que están en actividad, son unos $44.000 millones, lo que equivale a más de un mes de energía que compran las distribuidoras.
Referentes del gremio de Luz y Fuerza en las provincias apuntan que el concepto de “eficiencia” se vincula con el desempeño de los empleados y coinciden en que los apagones y los problemas en la prestación del servicio tienen otras explicaciones. Fuentes cooperativas y empresarias admiten que el mayor problema es que el bono se paga “más allá de la eficiencia”.
LA NACION consultó a una decena de distribuidoras y cooperativas eléctricas del país -incluidas Edenor y Edesur-: todas prefirieron no dar el costo por empleado que tiene la BAE escudándose en la “sensibilidad” del tema. Pero, más allá del silencio deseado, la polémica quedó instalada luego de que se conoció que en EPEC, la empresa estatal de energía de Córdoba, el costo de la BAE para la empresa es, en promedio, de $917.712 por cada empleado, según reveló La Voz del Interior. Cada uno recibirá en promedio $674.789 pesos, monto del que se deducen Ganancias. La BAE no tendría mayores diferencias en el resto del país.
La BAE se calcula en base a la antigüedad del trabajador. Representa el 100% de la remuneración hasta cinco años de antigüedad; sube al 130% entre los cinco y los diez años y por encima de ese período alcanza el 210%. Se establecen determinadas condiciones para cobrarla. Por ejemplo, si un empleado llega en un año más de 10 veces tarde sin justificar, tendrá un recorte. Fue creada para reconocer “el buen desempeño” del personal.
Ante la falta de datos por parte de las empresas, un cálculo posible es estimar que un sueldo en bruto promedio del sector de Luz y Fuerza es de $230.000 (todos los sindicatos siguen los lineamientos de la Federación Argentina). La BAE promedio que reciben los operarios es de $600.000, lo que multiplicado por los 55.000 trabajadores activos da los $44.000 millones. Cobran el bono también los “egresados por su voluntad” (renunciantes) y los jubilados, por lo que el monto final es superior al estimado.
Otro factor que impacta es que la antigüedad para recibir el bono computa todos los servicios efectivos o provisionales, continuados o no, prestados en las distintas entidades pertenecientes al Estado nacional, provincial, municipal, comunal, cooperativas, y/o por potestad delegada; actores del derecho público y/o privado, que presten o hayan prestado los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado cloacal, plantas de tratamiento de efluentes cloacales.
Aunque el convenio plantea que se debe pagar en enero, hay diferentes acuerdos con los sindicatos que permiten cancelar la BAE en varios meses o hacerlo en etapas por número de DNI. Hay diferentes modalidades. Por caso, la central nuclear Embalse de Río Tercero la pagó completa el mes pasado. El pago representa un desafío mayor para las cooperativas eléctricas.
En el caso de la EPEC -que la cancela de forma escalonada por DNI- cobrarán 3556 trabajadores (no los integrantes del directorio, según dato oficial de la empresa). De ese total, 508 son pasivisados y 93 jerárquicos (fuera de convenio). La empresa destinará $2399 millones de su presupuesto para la BAE.
El impacto de los salarios en las tarifas
Hace horas, la asociación que reúne a las distribuidoras de todo el país, Adeera, emitió un comunicado en el que plantea que afrontan los costos del servicio con ajustes menores a la inflación en todas las provincias. En esa línea indica que el “de mayor impacto es el correspondiente a salarios, que tiene una incidencia del 60% sobre el total”.
Desde la asociación enfatizan ante LA NACION que se trata de un “dato” no de un “juicio de valor” y subrayan que los trabajadores de Luz y Fuerza “están disponibles 24 horas por siete”.
Las cooperativas eléctricas que operan en el país también deben pagar esta suerte de “premio”. Algunas han hecho “adaptaciones” en acuerdo con los gremios y, por ejemplo, cancelan el monto de manera mensual. Una fuente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) admite a este medio que en las discusiones con el gremio les plantean que son “costos que van sobre las tarifas que deben afrontar quienes ganan un tercio” de lo que cobra el sector. Los cálculos de la FACE son que la mano de obra representa un tercio de los costos totales, mientras que un tercio es la compra de energía y el restante otros ítems.
Reconoce que “todos deberían ganar más; ese salario debería ser el generalizado, pero no es así”. Los referentes gremiales también apuntan a que el camino es “nivelar para arriba y no discutir un derecho” alcanzado por un sector.
Defensa en Córdoba
El año pasado un grupo de legisladores radicales propuso, en Córdoba, suspender la BAE por un año para usar esos fondos para emergencias derivadas de la pandemia. No se logró. Uno de los autores del proyecto, Marcelo Cossar, dice que insistirá y asegura que la EPEC debe “denunciar el convenio colectivo” aunque entiende que “no tiene voluntad” de hacerlo.
Ante esa propuesta la respuesta de Luz y Fuerza Córdoba marcó como ejes que el convenio colectivo 165/75 “E” se encuentra vigente por ultraactividad (lo que implica tener vigencia por tiempo indeterminado; solo cesa con la firma de uno nuevo que lo reemplace). El otro es que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza a los trabajadores la “participación en las ganancias de la empresa” y, “en cierto modo”, la BAE “es justamente eso: una herramienta de concreción (parcial) de la cláusula constitucional”. Ese punto de la argumentación se caería en empresas donde los balances están en rojo.
Los $44.000 millones estimados para el pago anual de la BAE a todos los empleados bajo convenio de Luz y Fuerza en el país es algo más de la facturación mensual de Cammesa, la compañía estatal encargada de operar el mercado eléctrico mayorista y venderle energía a las distribuidoras. Factura, por mes entre $35.000 millones y $45.000 millones.
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