Las fuerzas del cielo y las imposiciones del averno

De tanto visitar el Norte, el vestidor del ministro Guillermo Francos se está abarrotando de mantas y de ponchos. Esos regalos son una consecuencia no buscada de las negociaciones para obtener la aprobación de una versión abreviada de una ley ómnibus cuyo tratamiento fracasó hace un mes. Javier Milei estaría camino de exhibir, en la segunda quincena de abril, lo que esperan de él los agentes económicos y organismos de crédito: una demostración de que está en condiciones de dominar el juego institucional, es decir, de conseguir que el Congreso apruebe un paquete mínimo de iniciativas.

Esta urgencia por dar a su programa de ajuste una convalidación jurídica conduce, sin escalas, a la decisión más controvertida que ha tomado el Presidente desde que llegó al poder: la postulación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte. Es un mérito de la astucia de Ricardo Lorenzetti haber detectado esa angustia por ostentar gobernabilidad. Fue haciendo palanca sobre ella que Lorenzetti convenció a los hermanos Milei de la conveniencia de neutralizar a la mayoría que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda con una composición que le devuelva a él el poder que tenía antaño. La operación se basa en una hipótesis no verificada todavía, pero que el expresidente del tribunal instaló en la Casa Rosada: que esos tres magistrados, a los que él detesta, pondrán obstáculos a la administración, entre otras cosas, declarando inconstitucional el DNU de Federico Sturzenegger.

La estrategia que ofrece Lorenzetti está modelada por sus propias enemistades e intereses, más que por los de Milei. Sobre todo porque presenta un problema evidente, que el actual oficialismo no consigue advertir: Lijo no conseguiría la aprobación del Senado sin un pacto con Cristina Kirchner. Y no hay que ser muy imaginativo para advertir que la señora de Kirchner exigiría, a cambio de esa habilitación, una absolución para sus múltiples problemas judiciales. He aquí la gran incógnita: ¿la vida pública ha cambiado tanto su lógica como para permitir que un líder como Milei, que ganó las elecciones envuelto en la bandera de la regeneración moral, termine tendiendo un manto de impunidad sobre dos décadas de irregularidades? Y una pregunta adicional: ¿con qué dinamismo se tendría que estar recuperando el bienestar material de la población para que esa incongruencia no sea sancionada?

El paciente tejido del ministro Francos está dando resultados. Después de reunirse con diputados de la oposición y con la decena de gobernadores del Norte que anteayer se reunió en Salta, el Gobierno estaría más cerca de un éxito parlamentario. La ley ómnibus, que ahora tiene 400 artículos menos que en su redacción original, podría ser aprobada por la comisión conjunta de la Cámara de Diputados en la tercera semana de abril. Incluiría una delegación de facultades acotadas para el Poder Ejecutivo, que podría incluir la de intervenir en los polémicos fideicomisos. Una moratoria y un blanqueo impositivos. Y dos materias que los gobernadores aplauden: una desregulación para el negocio de hidrocarburos y una garantía para grandes inversiones.

La admisión de este temario fue posible a partir de dos condiciones. Una es que el Poder Ejecutivo absorbió el costo de licuar las jubilaciones con una fórmula que no incorpora toda la inflación pasada, dictando un DNU. Otra es que se allanó a reponer la anterior base imponible del impuesto a las ganancias, multiplicando la cantidad de contribuyentes, como reclamaban los gobernadores. Es decir: se allanó a revertir una medida impulsada por las motivaciones proselitistas de Sergio Massa, que los gobernadores y el propio Milei habían aprobado antes de las elecciones.

La agenda negociada con los mandatarios del interior incluye algunas cláusulas escritas con tinta invisible. Una es la voluntad del Ministerio de Economía de renegociar las deudas provinciales. Es una mala noticia para el puñado de abogados que vive de aconsejar la cesación de pagos para reestructurar esos pasivos. Hay un par de vencimientos importantes en abril.

El Poder Ejecutivo presenta la reposición del impuesto a las ganancias como una exigencia de los gobernadores. Es una decisión costosa, porque significa un recorte de salarios. En algunos casos un recorte inédito: por ejemplo, los empleados de la industria petrolera no pagan ese impuesto. Por eso es muy probable que los gobernadores patagónicos no autoricen a sus legisladores a aprobar esa cláusula. Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, ya se lo hizo saber al Poder Ejecutivo.

La idea de presentar el aumento de Ganancias como una concesión a las provincias es un ardid de Francos en la negociación. La verdad es que el que pide ese incremento es el Fondo Monetario Internacional, preocupado por la falta de equidad del ajuste fiscal que lleva adelante Luis Caputo. Esa inesperada inquietud del Fondo es insistente. La formuló hace un mes la representante de los Estados Unidos en el organismo, Gita Gopinath, y la acaba de reiterar el jefe del área occidental, Rodrigo Valdés. Este experto chileno dijo que al ajuste de las cuentas públicas debe tener no más cantidad, sino más calidad.

Los economistas del Fondo se muestran cooperativos con el Gobierno. Pero temen por algunos riesgos. Uno tiene que ver con la indigencia institucional de La Libertad Avanza: en Washington, como en todos los centros de decisión económica, se aspira a que las reformas cuenten con respaldo legal, es decir, que pasen por el Congreso.

Otro reparo es el de siempre: que el ajuste sea tolerado por la sociedad. Las encuestas indican que eso está ocurriendo. Pero la pregunta más frecuente de los funcionarios del Fondo que visitan Buenos Aires sigue refiriéndose a la eventualidad de un estallido. Todos se encargan de declarar que las partidas destinadas a ayudar a los más vulnerables deben ser incrementadas. Nadie quiere hacerse responsable de un incendio en la pradera.

La novedad de este momento histórico es que la cautela del Fondo es acompañada también por profesionales locales que han sido siempre defensores de la necesidad de un recorte fiscal. Nadie puede dudar de la ortodoxia de Ricardo Arriazu o de Miguel Ángel Broda. Por eso es muy llamativo que ambos estén alarmados por el exceso de contracción en el gasto. O, para decirlo con las palabras de Valdés, por la baja calidad del programa de ajuste. A Arriazu, que alienta la orientación oficial, se le ha escuchado decir que con la caída de las erogaciones “se pasaron de rosca”. Broda señaló ayer lo mismo. Dijo que Caputo no lidera un programa de estabilización y que tiene un enfoque tosco e insostenible.

Estas declaraciones se conocen en un momento de temible caída en el nivel de actividad. Cathera, la cámara que agrupa a empleados del sector energético, consignó en su último informe que la demanda eléctrica diaria del comercio cayó en marzo 9,3% respecto de febrero. Tiene sentido, porque en febrero las ventas se derrumbaron 28% interanual. En la construcción ese descenso fue de 11%. Y en la industria metalúrgica del 13%.

Esta contracción preocupa a los economistas no sólo por razones humanitarias o de sustentabilidad política. Constituye, además, una amenaza técnica para la gestión de Caputo: la recesión contrae los ingresos y aleja el objetivo de equilibrar al Tesoro. Los primeros en percibir esta inconsistencia son los gobernadores. Ellos no están tan interesados en repartir la recaudación de Ganancias. Es cada vez menor, como la de todos los gravámenes ligados al nivel de actividad. Los caudillos de provincia piden al Gobierno, sin éxito, coparticipar el impuesto País, o una parte de las retenciones. Observan bien: esos recursos son los únicos que aumentan, porque están ligados al salto devaluatorio. Y no se coparticipan. En síntesis: el plan Caputo tiene un muy fuerte componente centralista destinado a complicar las negociaciones federales.

La aritmética monetaria y fiscal comenzará a proyectarse sobre el campo laboral en las próximas semanas. Muchos sindicalistas están acordando con sus patrones medidas de fuerza para llamar la atención de los funcionarios sobre la parálisis económica.

El Gobierno tiene un registro muy poco sistemático de estos problemas. La reacción consiste en dar marcha atrás con medidas anunciadas. Ya se prorrogó el aumento en las tarifas de gas, que estaba previsto para abril. También se demorará el ajuste sobre el transporte. Ayer las autoridades comunicaron que se clasificarán con otros criterios a los consumidores eléctricos, para que el cargo fijo por un piso de consumo no sea tan dramático para las familias. Los comercios, sin embargo, no reciben todavía alivio alguno. A pesar de que el golpe es durísimo, en un momento de muy baja actividad. Por ejemplo, un restaurante que pagaba una factura bimestral de 300.000 pesos, pagó este mes una de 2 millones de pesos.

El giro que está imprimiendo Milei a su orientación política se recorta sobre este panorama desafiante. Ese cambio de rumbo está implícito en la relación con la Corte. La adopción de la receta Lorenzetti no sólo tiene el costo de promover hacia el máximo tribunal a una figura como Lijo, que ha despertado una corriente de repudio pocas veces vista para un candidato judicial. Una ola que obliga a preguntar ya no si Lijo puede ser juez de la Corte, sino algo más elemental: si puede seguir siendo juez. Las recomendaciones de Lorenzetti suponen un daño más importante para el Presidente: la necesidad de un acuerdo con la señora de Kirchner, quien no bendecirá postulante alguno que no le asegure despejar su atribulado frente penal.

La expresidenta está muy cerca de aceptar el nombre de Lijo. Cuando le recuerdan las miserias morales de ese magistrado, ella contesta con un mal argumento: “Son todos iguales”. Sólo parecen inquietarla dos cuestiones. Una, muy previsible en su visión de la política, es si Lijo obedecerá, cuando llegue el momento de las decisiones, a ella o “a Magnetto”. En las fantasías persecutorias de Cristina Kirchner el líder del grupo Clarín sigue ocupando un lugar de privilegio que ni Eduardo “Wado” de Pedro logra despejar. Para ella sus problemas judiciales siguen siendo consecuencia de la persecución periodística, no de las pruebas que se acumulan en los expedientes y que Lijo prometería ignorar. Ayer Milei le llevó algo de tranquilidad con unos de sus tuits: acusó a Clarín de inspirar sus críticas en el temor a competir con Starlink, la proveedora de internet de Elon Musk. Es decir: para el Presidente, “Héctor no la ve”. La expresidenta y Milei exhiben a menudo los mismos reflejos populistas. No hay que perder de vista esa afinidad.

Ayer Lijo cosechó un elogio muy significativo en el mundo judicial: el camarista Alejandro Slokar, un discípulo de Raúl Zaffaroni siempre proclive a mirar con buenos ojos las aventuras kirchneristas, opinó que Lijo cuenta con una trayectoria brillante. Curiosa variación de un filántropo, diría el genio. Slokar es cuñado del senador Martín Lousteau. Pero ese concepto no tiene por qué ser vinculante. Ayer Lousteau dijo que no podía opinar sobre Lijo. Que debía estudiar su pliego. Si le pregunta a su aliado en la UCR porteña, el binguero Daniel Angelici, cercanísimo al candidato de Lorenzetti, se sorprendería de que opina igual que Slokar.

La segunda condición que espera ver cumplida la señora de Kirchner para sellar un acuerdo con Milei en el Senado es que el paquete incluya la designación del procurador general de la Nación. Es decir, del jefe de los fiscales. Es el casillero que a Lorenzetti le gustaría cubrir con Javier Leal de Ibarra, camarista chubutense y otro de sus seguidores en la justicia federal.

Estas combinaciones podrían ofrecer un anticipo antes del 5 de abril. Ese día vence el plazo para que la Cámara de Diputados designe a sus representantes en la Auditoría General de la Nación. En la Casa Rosada asoma un candidato. Es Santiago Viola, exdefensor de Lázaro Báez y apoderado electoral de La Libertad Avanza. Los diputados oficialistas pueden asociarse a Pro, la UCR y el bloque federal de Miguel Pichetto. O hacerlo con el PJ, que tiene que unificar sus candidaturas.

La postulación de Viola no es tan estridente como la de Lijo. Pero es igual de controvertida. Sobre todo por un antecedente que acaso complique a este abogado en su relación con el kirchnerismo. A comienzos de la gestión de Macri, este abogado fue designado por su amigo Rodolfo Canicoba Corral como interventor del sindicato de marítimos, cuando Omar “Caballo” Suárez, su titular, cayó preso. Meses más tarde, Viola se transformó en un gestor decisivo en la patraña que montó el fallecido exfiscal Eduardo Miragaya, desde la AFI de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para calumniar al juez Sebastián Casanello atribuyéndole encuentros clandestinos en Olivos con la expresidenta y Báez. Miragaya y Viola estimularon a testigos falsos. Viola fue procesado por ese delito. Pero más tarde consiguió revertir esa situación, gracias a las insistentes gestiones de su madre, la controvertida Claudia Balbín. Amiga íntima de Majdalani y de la jueza María Servini de Cubría, Balbín quedó salpicada por comentarios demasiado precisos del fiscal Juan Ignacio Bidone, en los chats de ese funcionario que trascendieron el año pasado. Es cierto que Cristina Kirchner siempre tendrá a mano el argumento autocomplaciente de que Viola “es igual a todos”.

Las versiones que circularon ayer atribuían a Lorenzetti la candidatura de Viola a la auditoría. Lorenzetti también es amigo de Claudia Balbín. Sin embargo, allegados al postulante aclaraban que quien lo promovió fue Karina Milei, quien a la vez se apoyaría en los consejos de su principal asesor político, Eduardo “Lule” Menem.

Viola se integra a una cadena de opciones. Mariano Cúneo Libarona: un ministro de Justicia que antes defendía a narcotraficantes. Y que designa al frente de la unidad de combate al lavado de dinero de Rosario a un abogado de políticos ligados a redes de juego clandestino. Ariel Lijo: un candidato a la Corte que alarma a cualquier institución preocupada por la calidad de la Justicia. Viola, el tercer punto de esta selección, ya forma una recta.

La posibilidad de un acuerdo entre Milei y el kirchnerismo, con o sin Viola como prenda de negociación, plantea varios enigmas inquietantes. ¿Cómo lograría el Presidente seguir predicando su mensaje moral redentorista después de un pacto que, por lógica, debe incluir una absolución abominable para buena parte de su base electoral? ¿Podría sostener su siempre inconclusa alianza con Macri después de entenderse con la señora de Kirchner? ¿Qué margen tiene Macri para disimular ese desaire? Más: ¿cómo justificarán los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri estas decisiones? ¿Con qué oferta iría el oficialismo a las elecciones del año próximo si se rompen los vínculos con Pro? ¿De qué nivel deberá ser el éxito de Luis Caputo para que la opinión pública deje pasar estos compromisos con lo más opaco de la casta? Para sintetizar: ¿cuánto más habrá que pedir a las fuerzas del Cielo para que venzan en la lucha contra estas imposiciones del averno?

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