Lázaro Báez tiene nexos con el jefe de la DGI

Su abogada tiene domicilio legal en las oficinas privadas del titular del ente impositivo, Ángel Toninelli; los otros vínculos
Hugo Alconada Mon
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21 de abril de 2013  

A la hora de pelear por sus impuestos, el empresario kirchnerista Lázaro Báez corre con el caballo del comisario. Su abogada constituyó su domicilio legal para litigar contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

La insólita situación tiene como protagonistas a la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, y al titular de la DGI, Angel Toninelli. Pero hay más: la letrada difunde como teléfono de su estudio jurídico una línea que aún figura, en algunas guías telefónicas, a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

Al tanto de los rumores que dentro de la AFIP lo vinculaban a Báez y otros empresarios patagónicos, Toninelli los calificó de "disparate" al asumir al frente de la DGI, en agosto de 2008. "No tengo ningún tipo de relación con las empresas, no los conozco", añadió ante la consulta de la prensa.

Martínez Naifleisch fijó, sin embargo, su domicilio legal en las oficinas comerciales de Toninelli en un asunto por demás sensible para la AFIP. Fue en el expediente administrativo en el que Báez detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras, según reveló LA NACION este jueves.

Eso no es todo. Porque a Báez como contribuyente individual debería investigarlo la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García, desde Río Gallegos, mientras que a sus empresas que mudaron su domicilio fiscal a Buenos Aires quedaron bajo la órbita de Andrés Vázquez, el funcionario que ordenó el operativo con 200 inspectores contra el Grupo Clarín en 2009 y que fue sumariado por su vínculo con Cristóbal López.

Desde afuera, Báez también sumó dos arietes de peso para proteger sus empresas y sus impuestos. Son el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado tributarista Horacio Díaz Sieiro, hijo del célebre Vicente Oscar Díaz, del que se encuentra distanciado.

Los puentes entre Báez y la AFIP, sin embargo, no acaban en Toninelli, García y Vázquez. El propio titular del organismo, Ricardo Echegaray, fue abogado de Gotti SA, otra de las constructoras vinculadas al empresario kirchnerista. Echegaray trabajó como su letrado entre 2000 y 2001.

Gotti SA es tan famosa dentro de la AFIP como Ciccone Calcográfica. Acusada de evadir cerca de $ 400 millones mediante facturas truchas, pronto se modificó toda la línea técnica que la investigó para, luego, reducirse el reclamo a $ 100 millones. Peor aún, se agotó la vía judicial penal porque la constructora se acogió a la ley de moratoria y blanqueo que promovió la Casa Rosada a fines de 2008.

En el caso de Badial, en tanto, el monto de la presunta evasión fue mucho menor. Pero la línea técnica de la AFIP también concluyó que sus cuentas no eran fiables y le imputó un "incremento patrimonial injustificado" de casi $ 600.000, según consta en la copia a la que accedió LA NACION.

Esa imputación, aunque mucho menor, generó otro terremoto dentro de la AFIP. Se procedió, otra vez, a la remoción de la línea técnica, pero también se rompió con todos los precedentes del organismo y se reabrió el proceso para que pudieran evaluarse nuevas pruebas, como reclamaba Báez.

Así se impuso sobre los inspectores que habían verificado ciertas inconsistencias en la ciudad de Buenos Aires. Pero la imputación, dados los intereses acumulados, subió a $ 1,8 millón.

El empresario patagónico recurrió entonces al Tribunal Fiscal. Convocó para eso a la abogada Martínez Naifleisch, que fijó su domicilio legal en la calle Cerrito 520, piso 9, oficina "G", a metros del Obelisco. Ese es, a su vez, el domicilio fiscal declarado del propio titular de la DGI, Toninelli, según consta en los registros tributarios.

Especializada en "asesoramiento jurídico tributario", según se presenta Martínez Naifleisch en su página de Internet, la letrada también consigna un número de teléfono en su "brochure" oficial. Esa línea aún figura a nombre del hijo del director de la DGI, Federico Toninelli, en los listados telefónicos.

Juntos, Báez y Martínez Naifleisch buscaron que el Tribunal Fiscal revocara el monto determinado por la AFIP. Y lo logró, por 2 votos contra 1, con el voto clave a su favor de José Luis Pérez, un miembro subrogante que llegó al Tribunal Fiscal de la mano del director de la DGI. Tanto, que habría asistido con su esposa, también nueva integrante de otra sala del mismo Tribunal, a la fiesta de casamiento del hijo de Toninelli.

Con el fallo del Tribunal Fiscal a favor de Báez, llegó entonces el turno de la AFIP de apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no lo hizo hasta el último día, luego de que LA NACION revelara los primeros datos del caso. Quien debía apelar era Agostina Carla García. Es decir, la nuera de Toninelli.

Para Echegaray, Báez es uno más

El director de la AFIP, Ricardo Echegaray, advirtió ayer que Lázaro Báez "es un contribuyente más", pero afirmó que "si detectáramos algo, tendrá que responder en la Justicia", con relación a las denuncias por supuesto lavado de dinero y evasión. Echegaray cuestionó la instalación de un "show, sin haber llevado el tema a la Justicia" y opinó que esa actitud "hace que no exista la mínima voluntad de que el caso se esclarezca".

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