Liporaci citó a De la Rúa por la causa de Yacyretá

El juez federal Carlos Liporaci parece estar dispuesto a todo para evitar su destitución.

Quiere que Fernando de la Rúa declare ahora como testigo en la causa en la que se investigan, desde hace más de diez años, presuntos actos de corrupción durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, que tenía un presupuesto de 2500 millones de dólares y terminó costando casi cuatro veces más.

La decisión de Liporaci es inédita si se considera que Carlos Menem nunca fue citado por la Justicia durante sus más de diez años a cargo de la Presidencia, según recuerdan en Tribunales.

Un mes y medio después de considerar por escrito que las citaciones que pedía el querellante de la causa por la represa, Antonio Casabona, "ofendían a las instituciones", el magistrado no se anduvo con vueltas y citó al presidente de la Nación.

"Eran medidas que tenía que haber dispuesto hace años. El tiene la causa desde 1993 y jamás hizo nada. Ahora parecen fuegos artificiales", coincidieron dos fuentes judiciales.

En 1991, cuando De la Rúa era senador, integró la Comisión para la Recuperación Moral de la República, que presidía el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde y tuvo una vida efímera.

En una reunión de ese grupo de ostentoso título, el Presidente supuestamente se enteró por boca del ex inspector general de Justicia Alberto González Arzac de todos los hechos ilícitos que se habrían cometido durante la construcción de Yacyretá. Así lo declaró Arzac ante el magistrado, según fuentes judiciales.

En la misma resolución, fechada el 13 de octubre último, Liporaci también convocó a la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide; al gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, y al senador Eduardo Bauzá (PJ-Mendoza).

Fernández Meijide y Bauzá ya declararon por escrito, algo que la ley permite a los funcionarios con fueros. En el edificio de Comodoro Py 2002 se descarta que Ruckauf y De la Rúa harán lo mismo.

Fuentes con acceso al expediente revelaron que la ministra dijo no recordar nada acerca de una sesión en la Cámara alta, el 12 de diciembre de 1995, en la que el contador Casabona describió los detalles de la denuncia que había presentado en 1990 en el juzgado federal Nº3.

Para la construcción de la central hidroeléctrica se sancionó una ley en la que el Estado se comprometió a subsidiar un porcentaje determinado de insumos, bienes y maquinarias nuevas de origen nacional.

El querellante denunció que Guillermo Henin, titular de Dicmar SA, la firma que se encargó de la gestión de los reembolsos impositivos que podía cobrar la constructora de la represa, Empresas Reunidas Impregilo Dumez y Asociados para Yacyretá (Eriday), cuyos socios locales son Sideco Americana (Macri), Benito Roggio, Cartellone y una docena de firmas, cobraron en forma indebida unos 2000 millones de pesos.

Al senador Bauzá el magistrado le preguntó por qué, en ocasión de inaugurar la primera turbina de la represa, dijo: "Yacyretá dejó de ser el monumento a la corrupción". El legislador mendocino explicó que escuchó esa frase del ex presidente Menem.

La trama de la causa

Las cuatro citaciones dispuestas por Liporaci y otras medidas que ordenó en la causa -averiguar el domicilio del ex ministro de Defensa Jorge Domínguez para citarlo e intimar al diputado frepasista Ricardo Vago a que remita el cuestionario- responden a un pedido del contador Casabona, que denunció al juez por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura por haber dejado prescribir la mayor parte de los hechos que se investigaban.

El juez había cerrado la causa porque consideró que los delitos denunciados habían prescripto debido al tiempo transcurrido.

Pero la Sala II de la Cámara Federal sólo compartió parcialmente el criterio de Liporaci y, en abril último, dispuso la reapertura del expediente en el punto relacionado con el cobro de reembolsos indebidos sobre el hormigón elaborado por un total de 640 millones de dólares.

El magistrado, que desde agosto último tiene a su cargo el complicado expediente por los presuntos sobornos pagados en el Senado a cambio de la reforma laboral, enfrenta una delicada situación.

El juez federal Gabriel Cavallo y el fiscal Pablo Recchini lo investigan por enriquecimiento ilícito, luego de que la revista Veintitrés publicó que vivía en una lujosa casa en Vicente López valuada en más de un millón de pesos.

El Consejo de la Magistratura también lo investiga y tres denuncias son las que más lo comprometen, según fuentes de ese cuerpo.

Una es precisamente la que hizo el contador Casabona por Yacyretá, la otra está vinculada con la instrucción de una causa por una venta ilegal de armas y la tercera -y más reciente- es la vinculada con su patrimonio.

El 24 de octubre último, los anteriores titulares del juzgado de Liporaci, Ricardo Wechsler y Néstor Blondi, declararon ante el Consejo y complicaron aún más la situación del magistrado.

Ambos coincidieron en que cuando ellos abandonaron el tribunal, en el expediente ya había pruebas suficientes para dictar los procesamientos de los responsables de los millonarios fraudes de Yacyretá.

Wechsler, actual fiscal ante la Cámara de Casación, fue muy gráfico ante los consejeros: "Yo dejé todo servido para que quienes me sucedieran en la investigación no tuviera más que dictar las prisiones y recuperar para el erario las monumentales estafas".

Fuentes inobjetables revelaron a La Nación que la Comisión de Acusación del Consejo, que preside el frepasista Pablo Fernández, no está lejos de emitir un dictamen en el que solicita al Jurado de Enjuiciamiento la destitución de Liporaci.

Quizá la citación de De la Rúa sea una carta en la que el juez juega gran parte de su futuro.

Por Laura Zommer

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