Los candidatos que evalúan Milei y Mahiques para promover como jueces de los tribunales de Comodoro Py

Los nombres que Javier Milei tiene a consideración para cubrir las vacantes en los Tribunales Orales de Comodoro Py son, en su mayoría, una combinación de magistrados nacionales y provinciales, funcionarias de fiscalías especializadas y secretarios que trabajan bajo las órdenes de jueces o camaristas del propio edificio de Retiro.

Surgen de las seis ternas que confeccionó el Consejo de la Magistratura a mediados de abril para repoblar los tribunales 2, 4, 5 y 6. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberán elegir seis de entre 18 nombres para enviar sus pliegos al Senado.

Un tercio de esos candidatos los aporta la propia maquinaria judicial de Comodoro Py. Uno es de ellos es Santiago Schiopetto, secretario del fiscal Ramiro González. Tuvo activa participación en la imputación contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez. Otro es Nicolás Pacilio, secretario de la Sala II de la Cámara Federal, en la que ahora se revisan, por ejemplo, los procesamientos de los implicados en el caso por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

También integra la nómina Ivana Quinteros, secretaria de la Sala I de la Cámara, que interviene en otras causas de impacto, como la de la criptomoneda $LIBRA. Tanto ella como Pacilio ya habían sido propuestos por el gobierno de Mauricio Macri para ocupar cargos judiciales, pero sus pliegos fueron retirados durante la gestión de Alberto Fernández.

Ignacio Labadens, en tanto, es desde hace más de quince años secretario del Tribunal Oral 1, que condenó, por caso, al exsecretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por el caso de los bolsos con 9 millones de dólares en el convento.

Otros dos secretarios que buscan convertirse en jueces trabajan bajo las órdenes del juez Daniel Rafecas, en el Juzgado Federal N° 3: son Diego Perone y Albertina Carón. Es el juzgado que ordenó allanamientos y tuvo un rol preponderante en los primeros metros del expediente por la quinta de Pilar atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Del Ministerio Público Fiscal provienen dos funcionarias con recorrido en áreas especializadas: Agustina Inés Rodríguez y Vanesa Silvana Alfaro.

Rodríguez es coordinadora de la UFEM, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. El Consejo realizó un único concurso para cubrir los seis cargos en juego y la funcionaria se alzó con el primer puesto en el orden de mérito.

Alfaro, en tanto, se desempeña en la Procelac, una procuraduría especializada en lavado de dinero que está en manos del fiscal de juicio Diego Velasco. Es un organismo de investigación y asistencia en casos complejos de criminalidad económica, que acostumbra a recibir las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF) para evaluar si corresponde impulsar denuncias.

Al igual que Quinteros y Pacilio, Rodríguez y Alfaro fueron seleccionadas por el expresidente Mauricio Macri, pero Alberto Fernández retiró sus pliegos.

El único defensor oficial en la lista de candidatos a jueces es Gabriel Gonzalo Rey. Desde hace una década que se desempeña como defensor ante la Cámara en los juzgados nacionales que funcionan geográficamente en la Capital. Fue elegido por Alberto Fernández para la Cámara Nacional de la Capital, pero Milei retiró su pliego cuando asumió la Presidencia.

Otro tercio del la nómina está compuesto por magistrados que aspiran a desembarcar en Comodoro Py. Nicolás Ramón Ceballos es juez de Garantías de San Isidro; Valeria Alejandra Rico es jueza de menores en la Capital; Nicolás Grappasonno es juez de cámara en La Matanza y Marcelo Alejandro Peluzzi, juez penal nacional.

Nicolás Schiavo, en tanto, es titular del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín y quedó en el segundo lugar en la lista del Consejo. Su nombre ganó exposición en febrero de este año, cuando un grupo de unas 20 personas irrumpió en los tribunales de San Martín y, armados con cuchillos, intentaron llegar hasta su despacho.

El podio en el orden del mérito se cierra con Luis Alcides Arnaudo, que se desempeña como fiscal en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Intervino en la causa por el bloqueo sindical a Lácteos Vidal, que ganó la atención de los medios en 2022. Primero pidió el archivo del caso, pero tras una revisión de su superior, imputó a cuatro delegados por excederse en el ejercicio del derecho a huelga.

Por su parte, Raúl Alejandro Roust, es secretario del Tribunal Oral Federal de San Martín N°1.

El único nombre ajeno al sistema judicial es el de Mariano Jorge Cartolano, que puja por ingresar a Comodoro Py desde la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo. Desde hace dos años está al frente de la dirección de investigaciones, designado por el presidente Milei.

Del listado principal de 18 ternados, seis ya fueron elegidos por el Poder Ejecutivo para otros cargos judiciales en 2026, pero sus nombramientos no han sido aprobados por el Senado: Pacilio, Ceballos, Grappasonno, Quinteros, Alfaro y Peluzzi.

Por eso, es posible que se abra una puerta para aquellos que forman parte del listado complementario del concurso. Son otros 20 nombres provenientes de distintas jurisdicciones, de los cuales seis pertenecen a Comodoro Py.

Allí, sobresale el nombre de Diego Arce, secretario del juez Ariel Lijo. Desde el primer lugar en el orden de mérito de otro concurso, aspira a convertirse en el titular del juzgado federal 12, vacante desde la partida de Sergio Torres a la Corte provincial bonaerense.

En esa lista de respaldo también figura Tomás Cisneros, secretario del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en Vialidad y está a cargo de ejecutar el decomiso de bienes.

Sergio Andrés Delgadillo, en tanto, es secretario de la Sala I de la Cámara Federal; Javier Francisco Scollo se desempeña en el Tribunal Oral Federal N° 3 y Marcos Tedin trabaja en el juzgado de Rafecas.

En el engranaje de Comodoro Py hay tres lugares claves que están próximos a quedar vacantes. Dos son las sillas de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la Sala I de la Cámara Federal, donde se revisan los primeros pasos de todas las causas de corrupción. Ambos fueron trasladados durante el macrismo a ese tribunal y la Corte Suprema de Justicia ordenó hacer concursos para cubrir sus lugares.

El Gobierno decidió avanzar en ese sentido. El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola corre con chances de ocupar una de esas sillas. También la fiscal Cecilia Incardona −que lleva uno de los expedientes de la AFA en Lomas de Zamora− y el propio Bertuzzi, que podría retener su lugar al ser designado.

LA NACION

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