Los documentos que desnudan la gestión económica de la AFA y dejan $66.000 millones sin explicar
Los balances de los últimos siete períodos, que coinciden con el mandatario de Tapia, fueron observados por la Inspección General de Justicia; el organismo le pidió a la asociación del fútbol argentino que aclare montos millonarios en gastos
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LA NACIONCamila Dolabjian
La gestión económica de Claudio Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lleva años con observaciones por irregularidades en sus balances. A las investigaciones de la Justicia, el Banco Central y la Procelac, tanto a la entidad como a empresas vinculadas a sus dirigentes, se le suman reiteradas detecciones de anomalías en las cuentas por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Tal vez por eso la AFA pretende mudar su sede al predio de Ezeiza, con lo que quedaría bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Los rubros por los que se pidieron explicaciones suman por lo menos $66.000 millones, sin actualizar por inflación (lo que ajustaría al alza la cifra). Esta suma se obtiene a partir de los conceptos observados por la IGJ, y no por el total de los balances no aprobados.
En múltiples documentos a los que accedió LA NACION, la IGJ le pide explicar irregularidades y vacíos en sus estados contables acumulados durante siete ejercicios consecutivos. La primera observación recae sobre el ejercicio 2017, donde la IGJ pide aclarar tres cuentas que reúnen $44.841.921,49 entre “Otros” y “Varios”, cifras asentadas en el “estado de recursos” sin detalle conceptual.
El ejercicio siguiente mantiene la misma lógica: la IGJ exige justificar $72.332.242,42 concentrados nuevamente en cuentas genéricas, cuya composición la entidad nunca documentó con precisión. Todos los balances previos a la gestión de Tapia en la AFA se encuentran aprobados por el organismo y, sobre los mismos, la AFA no adeuda nada ni tiene vistas pendientes de respuesta, comentaron en la IGJ.
Por caso, al revisar el ejercicio de 2019, la IGJ detectó que los estados contables no fueron firmados por las autoridades correspondientes, un requisito que califica como “condición excluyente” y que se suma a otra partida indefinida por $72.162.042,42.
Recursos extraordinarios
En el ejercicio 2020, la inspección reclamó el acta de asamblea aprobatoria y la memoria firmada en original, exigencias acompañadas por la obligación de detallar dos cuentas: una por $103.454.194,71 y otra, vinculada a recursos extraordinarios ante el Covid, por $32.278.080.
Para el ejercicio 2021, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, la entidad repitió el patrón y tuvo que justificar otros $135.664.083,24 en fondos para “fines diversos” y $25.908.145,95 asociados al Covid, montos que carecen -ambos- de apertura contable.
Ya en el ejercicio 2022, la IGJ apuntó a la falta de la memoria anual —que debe describir actividades, proyecciones y estado de situación— y del inventario analítico con rubros de activo y pasivo firmados por el Consejo Directivo y el contador público que ejerce en la AFA.
El ejercicio 2023 fue el más voluminoso: la cuenta “Varios” aparece con $7.526.369.503, un monto que la IGJ exige desagregar y justificar por considerarlo desproporcionado dentro de “Otros créditos”.
En ese mismo ejercicio, la IGJ también demandó abrir partidas de gastos que suman más de $58.000 millones, incluyendo $39.518 millones en “Selecciones Nacionales”, $3.119 millones en “Colegio de Árbitros y Medicina Deportiva” y $15.706 millones en “Administración y Gestión”.
La inspección pidió además la apertura de ingresos por $57.144 millones, entre ellos $37.498 millones por derechos de campeonatos, $8.575 millones por transferencias de marcas y $11.070 millones provenientes de las organizaciones madre FIFA y Conmebol.
La IGJ también detectó una “Modificación del Ejercicio” por $418.541.639,72 incorporada sin exhibir la venta original, el asiento de corrección ni el impacto comparativo sobre el patrimonio, lo que obliga a rehacer la presentación.
El expediente señala que la entidad mantiene sin contestar siete trámites previos —incluidos los de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023— que la IGJ considera indispensables para cerrar la evaluación de transparencia contable. En 2017, el 29 de marzo de ese año, comenzó la gestión de Tapia al frente de la AFA.
La autoridad de la IGJ le impartió un apercibimiento claro: la institución tiene 20 días hábiles para cumplir cada uno de los requerimientos bajo las sanciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 22.315, que habilita multas y medidas disciplinarias. La AFA, sin embargo, hasta el momento no respondió estos apercibimientos.
En el conjunto, las vistas funcionan como una auditoría regulatoria que, año a año, detecta la repetición del mismo problema: fondos millonarios registrados en cuentas genéricas sin explicación, documentos obligatorios sin firma y asientos contables que no cierran técnicamente.
El proceso, hasta ahora, concluye con una advertencia de la IGJ: sin detalle, sin memoria, sin inventario y sin correcciones válidas, los estados financieros de la institución no pueden considerarse aprobados, y la entidad queda expuesta a sanciones que escalan con cada incumplimiento.
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