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Los entretelones del espionaje que para Cristina Kirchner terminan en la Casa Rosada
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LA NACIONHernán Cappiello
La causa en la que se investiga el espionaje durante la gestión de Cambiemos tiene a 20 espías imputados por hacer seguimientos documentados a políticos y periodistas. Las víctimas, al menos 20, seguirán desfilando esta semana por tribunales para revisar sus fotos y audios y decidir si se hacen querellantes.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, uno de los objetivos del espionaje, presentó ante el juez Federico Villena, a cargo del caso, una información que apunta directamente a la Casa Rosada: entregó un registro de entradas a la Casa de Gobierno de Poder Ciudadano que muestra que tres agentes de la AFI imputados en la causa, ingresaron en 12 ocasiones entre mayo de 2018 y enero de 2019 para visitar a la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Carlos Beraldi, abogado de Kirchner dijo a la agencia Telam: "Todo indica que acá hubo una asociación ilícita que se inserta al nivel de la Presidencia de la Nación. Las reuniones de los espías ocurrían en una oficina a metros de la del entonces Presidente".
El juez Villena confirmó la información que le entregó Kirchner y ordenó secuestrar los videos de las cámaras del interior de la Casa Rosada, del Ministerio de Justicia, del de Seguridad, de los accesos a la Quinta de Olivos y de la AFI, según dijeron a La Nacion allegados a la investigación.
En el juzgado federal Lomas de Zamora, dos de los principales espiados ya vieron parte de la evidencia que recogió el juez Villena: Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. A partir de esta semana concurrirán, en el marco de la Ley de Víctimas, otros investigados: monseñor Jorge Lugones, Obispo de Lomas de Zamora; el presidente de la Cámara Federal Martín Irúrzun; la diputada Graciela Camaño, Luis Barrionuevo; Emilio Monzó, Diego Santilli, Nicolás Massot, María Eugenia Vidal, Hugo Moyano, Waldo Wolff, Maurice Closs; Martín Insaurralde (cuando se recupere del coronavirus), Pablo Bruera; Jorge Ferraresi; y el cura villero José María Di Paola. Falta analizar la mitad de la información, por lo que pueden sumarse más fotos, informes y audios y más espiados.
"El objetivo del espionaje fue político", dijo una fuente cercana a la investigación. Cristina Kirchner padeció un "espionaje integral", dijeron las fuentes. Grupos operativos siguieron sus movimientos, documentaron reuniones, tenían información sobre relevos de la custodia. Los seguimientos incluyen una reunión con Sergio Massa, que nunca trascendió en los medios. "Se ve que tenían buena información", comentó Cristina cuando vio ese dato que nadie conocía. Siguieron los pormenores de un viaje de la vicepresidenta a Neuquén donde iba a viajar a apoyar a un candidato, y al final no viajó porque el postulante no iba a triunfar. Se relevó información de que aeropuerto iba a despegar con datos de la PSA. Se hizo una operación en 2017 sobre Unidad Ciudadana de infiltración de movimientos sociales y en otra ocasión se infiltraron manifestaciones de apoyo a Kirchner en una de sus declaraciones en Comodoro Py 2002. Había informes sobre el diputado Eduardo Valdez, sus reuniones con Kirchner, su relación con el Papa. Había informes sobre la empresa que instaló cámaras en la vía pública en Montevideo y Juncal, donde vive la vicepresidenta en Recoleta, y hasta había informes sobre una reunión de Cristina con venezolanos. Esta última generó las risas de Kirchner que dijo que nunca lo había hecho y que buscaban construir fake news. Los espías hablaban de las tareas de inteligencia o grababan audios de WhatsApp.
A esa información accedió Cristina Kirchner el lunes en el juzgado de Lomas. Estuvo dos horas y media en las que pasó por todos los estados de ánimo: se rió a carcajadas con lo que le mostraron, pero también pasó de la bronca y a la indignación. Le exhibieron en dos pizarrones una síntesis de la causa, 11 casos de espionaje con partes de inteligencia y en la columna de al lado operaciones de seguimiento y espionaje. En los audios, dijo Beraldi, se hablaba de información para fabricar noticias falsas. Así le adjudicaron participación en un restaurante que usaba para lavar dinero. Los espías decían que iban a filtrar la información a periodistas para generar una protesta social. También había fotos de Máximo Kirchner en actos políticos, mas no de Florencia, Era información política para uso político.
A Horacio Rodríguez Larreta también le exhibieron imágenes, seguimientos, algunos tramos de video de un escrache que le hicieron en una recorrida y fotos de una reunión en un bar con Graciela Ocaña. Se quedó en el juzgado 20 minutos, mientras les mostraron dos pizarrones: uno con el resumen de la investigación y otro con la evidencia de sus seguimientos, igual que con Kirchner. En su entorno, le bajaron el tono a la gravedad de los materiales y lo atribuyeron a un plan político del kirchnerismo, aunque de todos modos el jefe de gobierno porteño se presentó como querellante.
Villena sumó a esta investigación otra paralela sobre las maniobras de inteligencia desplegadas en la cárcel de Ezeiza donde estaban detenidos los presos del kirchnerismo. Por eso allano el módulo 6 del penal y una casa de dos plantas de Flores, en Varela 266, donde funciona el Área 50, sector de Inteligencia del Servicio Penitenciario. Allanó también la casa de Claudio Suriano, jefe de esas oficinas que se llaman Dirección de Análisis de Información. El juez encontró un papel con lo que para los penitenciarios era el organigrama de La Cámpora. Estaba mencionado el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, junto a Rodolfo Tahilade, diputado kirchnerista y alguien de nombre Moshe.
Cristina Kirchner, mediante su abogado Beraldi, presentó el viernes un escrito en el juzgado de Villena con una información: estableció que los supuestos espías Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez, todos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, ingresaron 12 veces a la Casa Rosada entre junio de 2018 y enero de 2019 para reunirse con la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Los datos surgen del registro de entradas de la Casa Rosada y publicada por Poder Ciudadano. La idea de Kirchner es establecer una línea recta entre los espías y Mauricio Macri a partir de estas reuniones. Araque, Melo y Sáenz, supuestamente reportaban a Alan Ruiz, que se desempeñó como funcionario en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich entre 2016 y 2018 y luego fue jefe de Operaciones de la AFI. Kirchner pidió secuestrar esos registros, mientras Araque, Melo y Sáez presentaron un pedido de eximición de prisión.
Araque, declaró ante la Comisión Bicameral de inteligencia que Silvia Majdalani, segunda de la AFI, conocía las operaciones ilegales y que la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo recibía informes sobre espionaje y comentaba "esto le interesa" a Macri. Dijo que espiaron al Instituto Patria y contó cómo le robaron el celular al periodista Rodis Recalt de Noticias para conocer sus fuentes.
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