Con el triunfo de Fernández, los presos K se ilusionan con esperar su juicio en libertad
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El aluvión de votos para el Frente de Todos en las PASO no solo alegró a los militantes. Si finalmente se confirma la vuelta del kirchnerismo a la Casa Rosada, al menos una decena de exfuncionarios y empresarios amigos presos con prisión preventiva en causas por corrupción se ilusionan con esperar los juicios orales en libertad.
Julio De Vido, Amado Boudou, Cristóbal López y Lázaro Báez son solo algunos de los nombres más relevantes, aunque la situación de cada uno es distinta. Los empresarios cercanos a Cristina Kirchner son de los pocos personajes que todavía ni siquiera tienen sentencia de un tribunal, ya que ambos todavía están en juicio oral, proceso que -incluso- podría tener sentencia en los próximos meses.
Los abogados defensores de algunos de los exfuncionarios, consultados por LA NACION, avanzan en diferentes estrategias judiciales para intentar revertir la prisión preventiva.
La causa denominada "Ruta del dinero K", expediente en que está procesado Báez, sus hijos y su entorno, está en pleno juicio oral. El valijero Leonardo Fariña y otros imputados ya declararon en indagatoria en el proceso que comenzó en octubre de 2018 y que podría terminar antes de fin de año.
El juicio por la multimillonaria deuda que se le refinanció a la empresa Oil Combustibles, que involucra a Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, en cambio, recién comienza y su resolución demoraría hasta 2020.
Casi todos los funcionarios kirchneristas ya tienen alguna condena en su haber, aunque en la mayoría de los casos están detenidos con prisiones preventivas porque sus condenas no quedaron firmes. De Vido, exministro de Planificación, está detenido con prisión preventiva por las irregularidades en la construcción de la mina de Río Turbio. Fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once, pero la sentencia todavía no quedó firme. Otro de los condenados por el choque del tren Sarmiento fue el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que quedó detenido a pesar de que todavía no está firme el fallo.
Boudou es otro de los que se ilusiona con recuperar la libertad. El exvice está detenido con prisión preventiva desde que fue condenado por cohecho agravado en el caso Ciccone a cinco años y diez meses de prisión. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación, pero su defensa elevó un recurso en queja a la Corte Suprema. Su futuro, entonces, quedará en manos del máximo tribunal.
Luis D’Elía es otro de los dirigentes kirchneristas presos. Fue detenido en febrero por la toma de una comisaría en La Boca, en 2004, una condena a más de tres años de prisión. También Fernando Esteche, uno de los pocos presos con prisión preventiva por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que investiga el memorándum con Irán formulado durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Más complicada parece ser la situación de dos íconos de la corrupción kirchnerista. José López, el hombre de los bolsos, fue condenado por enriquecimiento ilícito a seis años de prisión. Con el agravante, además, que fue uno de los pocos exfuncionarios que se quebró, declaró como arrepentido e involucró a Cristina Kirchner en los cuadernos de las coimas. López está adherido al Régimen de Protección de Testigos, pero aunque enfrenta el juicio oral de la causa Vialidad junto a Cristina Kirchner, y aún no está definido el devenir de esa causa, su situación no se asimila a la de otros exfuncionarios que todavía mantienen un vínculo con la expresidenta.
El otro es Ricardo Jaime, el primer condenado por corrupción en el kirchnerismo, que tiene varias condenas que fueron unificadas por distintos ilícitos.
La prisión preventiva de De Vido, Boudou, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros, fue confirmada por la Cámara Federal y, en algunos casos, por la Casación, con el argumento que dio el presidente de la Cámara Martín Irurzun sobre el "poder residual" que poseían los exfuncionarios para un posible entorpecimiento de la investigación judicial. Esa decisión de Iruzrun, conocida como "doctrina Irurzun", fue una herramienta que utilizaron los magistrados para confirmar preventivas.
Tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner se manifestaron en contra de ese fallo y del efecto sobre las libertades de detenidos sin una condena.
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