Los subsidios energéticos subieron un 78,7% en un año y disparan el gasto público

Durante el primer cuatrimestre del año, los subsidios energéticos demostraron ser uno de los principales disparadores del gasto público: en solo cuatro meses, el Estado erogó por este concepto casi $420.000 millones, lo que implica un incremento del 78,7% en términos reales respecto del mismo cuatrimestre del año anterior.

Así lo destaca el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el cual se detalla que los gastos primarios, que sumaron $1.023.084 millones, crecieron un 11% en términos reales respecto de los primeros cuatro meses del año pasado. Esta suba obedeció, principalmente, a los subsidios energéticos, a la inversión real directa (infraestructura), a las transferencias a provincias y las prestaciones sociales.

La persistente suba del gasto en subsidios energéticos constituye una de las principales preocupaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán quien, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda argentina, se comprometió a reducir este año en 0,6% del PBI las transferencias destinadas a subsidiar las tarifas en gas y luz. Pese a la resistencia del kirchnerismo, el jefe de la cartera económica convocó a audiencias públicas esta semana para avanzar en un cuadro tarifario con nuevas subas en los servicios de gas y de luz que se aplicarán a partir del mes próximo.

“Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto”, se preguntó el ministro Guzmán a la hora de justificar el aumento tarifario.

Los subsidios a la energía –que solo en abril aumentaron un 53,4% respecto del mismo mes de 2021- explican el creciente déficit primario. Según el informe de la OPC, durante el mes pasado el rojo fiscal subió un 143,8% interanual el cual se explica, también, por la fuerte suba en la inversión real directa (+36.4%), por las transferencias a las provincias (28,4%) –sobre todo a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof- y las prestaciones sociales (+8,6%).

En materia de gasto social, se evidencia una acelerada ejecución de su presupuesto en estos primeros cuatro meses del año. La OPC advirtió que, si el Gobierno pretende sostener el actual ritmo de ejecución, estas partidas necesitarán refuerzos presupuestarios.

En efecto, según se desprende de su informe, en apenas cuatro meses del año las prestaciones sociales evidenciaron una ejecución del 41,8%, un porcentaje superior al promedio. Dentro de este rubro, las jubilaciones y pensiones ya erogaron el 41,4% de su partida, mientras que las asignaciones familiares consumieron casi el 50% de sus recursos asignados. Al interior de los programas sociales se observa que las becas Progresar y el plan Potenciar Trabajo registraron una elevada utilización de su crédito, con el 84,3% y el 51% respectivamente.

Semejante nivel de ejecución presupuestaria –que, en promedio de todas las partidas, rondó el 38%- se explica porque se trata del presupuesto prorrogado del año pasado, por lo que las asignaciones no fueron actualizadas, en sus valores, a la inflación proyectada por la cartera económica. De todas maneras, se espera que en los próximos días el Ministerio de Economía, en cumplimiento con el compromiso acordado con el FMI, actualice el presupuesto 2022 acorde a las metas pactadas. El Gobierno ya informó que lo hará por decreto de necesidad y urgencia (DNU), una jugada que le permitirá esquivar el debate parlamentario y, sobre todo, evitar un choque con el kirchnerismo, contrario al acuerdo con el FMI.