Luis Majul: "¿Un nuevo 'Operativo Puf'?"

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A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

• Cristina Kirchner, el jefe de su grupo de tareas de jurídicas, Carlos Beraldi, y sus colaboradores inmediatos, Oscar Parrilli y Rodolfo Tailhade, con la peligrosa ayuda de Tomás Méndez -el periodista de C5N procesado por extorsión y condenado por publicar información falsa- trabajan a destajo para "voltear" la megacausa con más pruebas, en la historia de la Justicia argentina: la de los cuadernos de la corrupción.
• Sí, hablamos de voltear, y no nos parece que estemos exagerando. Lo que busca Cristina es que los jueces declaren nulas las pruebas. La causa de los cuadernos lleva la siguiente carátula: "Fernández, Cristina Elizabeth y otros s/ Asociación ilícita".

• Según el escrito, Cristina es la jefa de una organización criminal montada para cobrar millones de dólares y euros, pagados por dueños y ceos de empresas en concepto de coimas a funcionarios públicos. La causa se llama así porque la principal evidencia fue obtenida a partir de la digitalización de ocho cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, un alto funcionario del Ministerio de Planificación.

• En esos cuadernos Centeno registró, durante doce años, cientos de viajes para recolectar bolsos con dinero en efectivo que empresarios entregaron en mano a funcionarios públicos. De los 172 procesados, hay 71 que ya tienen confirmada la sentencia por la Cámara Federal, incluida la vicepresidenta. ¿Por qué decimos que Cristina, Beraldi y los otros quieren voltear la causa de los cuadernos?

• Porque en las últimas horas la megacausa, que todavía no tiene fecha de inicio para el juicio oral, fue atacada con operaciones simultáneas.

• A la primera operación la reveló hace horas Diego Cabot y la tituló: "Cuadernos: La AFIP se prepara para desarticular la comisión que investigaba la causa".
• La trama es así: la subdirectora de auditoría interna de la AFIP, Gabriela Camilletti, que respondería a La Cámpora, quiere saber si, durante el gobierno anterior, la AFIP persiguió y hostigó a personas y grupos económicos. Para eso, está investigando a cada uno de los miembros del equipo de trabajo que revisó, a pedido del juez Bonadío, los balances y movimientos de dinero de las empresas involucradas en la causa cuadernos. Casi todos son funcionarios de carrera.
• Su desplazamiento sería el punto de partida para denunciarlos y así permitir que los abogados de los procesados puedan reclamar y obtener la nulidad de la causa. Pongamos las cosas en su lugar. Bonadío pidió la colaboración de un equipo de la AFIP porque era lo que correspondía.

• Los funcionarios tenían que confirmar, entre otras cosas, si, como sucedió en la mayoría de los casos, los pagos indebidos a funcionarios figuraban o no, en los balances de los grupos económicos. Así, se iniciaron decenas de causas penales.
• ¿Se entiende? La única manera que los ejecutivos tenían de justificar la salida de dinero, era a través de la compra de facturas truchas. Ahora se supo, a través del propio Cabot, que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, recibió dos pedidos formales para auditar y eventualmente, castigar, a los integrantes de un equipo de cerca de setenta personas que hicieron este trabajo oficial a pedido del juez.
• ¿A que no te imaginás quiénes se asociaron para hacer esos pedidos formales? La vicepresidenta y Cristóbal López.
• En el caso de López, también le quedaría como anillo al dedo para argumentar que ese "maligno" equipo de la AFIP lo persiguió en la causa que más lo preocupa: el juicio en el que está procesado por quedarse con casi mil millones de dólares, al retener, de manera fraudulenta, el Impuesto a la Transferencia de Combustibles con su empresa Oil.
• Pero vamos de nuevo sobre los funcionarios de la AFIP. Responder el pedido de Bonadío no era una opción, sino una obligación. De haberse negado, podrían haber sido acusados de obstruir a la Justicia.
• Es más, precavidos como son, los funcionarios de carrera, incluida la considerada exjefa de gabinete de la AFIP entonces, Jimena de La Torre, tuvo la precaución de pedir una doble auditoría, antes de cumplir el encargo de Bonadío. Una, la solicitó a otro departamento de la AFIP y la otra, a la SIGEN (Sindicatura General de La Nación).
• En ambas auditorías se dictaminó que, todo se hizo en tiempo y forma, cumpliendo las normativas internas de la AFIP y sin violar ninguna ley nacional. La otra operación para voltear la causa Cuadernos todavía no se hizo pública. Hasta ahora.
• Está contenida en dos pedidos de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que tramitan la causa por presunto espionaje ilegal, junto al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.
• En el primero, los fiscales piden información sobre las escuchas del denominado Operativo Puf. En esas escuchas (legales) aparecen Eduardo Valdés, operador del presidente Fernández y presunto amigo del Papa, anticipando a su otro amigo, Juan Pablo Schiavi, preso en el Penal de Ezeiza, que se armaría una causa para hacer volar a Carlos Stornelli y Bonadío, el fiscal y el juez de los cuadernos de la corrupción. El diálogo, textual, fue así:
• -Valdés: "Operativo Puf".
• -Schiavi: "¿Eh?".
• -Valdés: "Operativo Puf".
• -Schiavi: "¿Uf, si?".
• -Valdés: "Bonadío, Stornelli, Puf".
• -Valdés: "Pero estoy trabajando mucho. Escuchame, estoy trabajando mucho".
• ¿Para qué harían los fiscales de la causa por presunto espionaje ilegal semejante pedido? Se supone que para saber, si, como sostiene Cristina, los jefes de la AFI del gobierno anterior, Arribas y Majdalani, pudieron haber violado la ley de inteligencia, al entregar la transcripción de esas escuchas al juez Bonadío.
• Pero los fiscales se van a llevar una gran sorpresa, porque, según consta en la Causa Cuadernos, fue Federico Villena, el propio juez federal de Lomas de Zamora, quien no solo autorizó "cablear" el penal de Ezeiza y grabar las conversaciones de los detenidos, (Uno de ellos era Mario Segovia, acusado de narcotráfico) también instó a Bonadío a pedir a Contrainteligencia de la AFI el contenido de las escuchas y las transcripciones donde aparecen, entre otros, Valdés y Schiavi.
• Es decir, no solo son escuchas legales. Además fue el mismo juez, Villena, quien las autorizó. Para que se entienda: ¡el mismo magistrado que empezó la causa por supuesto espionaje ilegal en febrero de este año!
• En el segundo requerimiento, los fiscales de la causa de presunto espionaje ilegal, piden parte de la causa de los cuadernos para determinar si algunos de los agentes que son investigados en su expediente, participaron de los allanamientos de las casas de Cristina, realizados en agosto de 2018.
• Un allanamiento sucedió en el departamento de Juncal y Uruguay, el otro, en su casa de El Calafate. Cuando los fiscales reciban la respuesta a esos oficios, se llevarán una nueva sorpresa.
• Porque en la casa de Calafate no solo se hallaron carpetas de inteligencia que originaron la apertura de una causa en la que Cristina está imputada por presunto espionaje ilegal. También encontraron carpetas con las siguientes inscripciones, en mayúscula:
• CONTROL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
• DESIGNACIÓN Y AMIGUISMO EN JUECES
• FORUM SHOPPING
• MANIPULACIÓN DE LA JUSTICIA
• RECLAMOS DE UNA REFORMA JUDICIAL
• Es decir, los asuntos que desde siempre obsesionan a la vicepresidenta. La pregunta que hay que hacerse antes de continuar es: ¿los fiscales federales de Lomas de Zamora quieren los detalles para investigar a su ex "jefe", el juez Villena, y deslindar su propia responsabilidad, ya que acompañaron la investigación desde el inicio, en febrero de este año?
• ¿O quieren demostrar, como sea, que los jefes de la AFI de Macri violaron la ley de inteligencia, según insisten en afirmar Cristina y su Armada Brancaleone? ¿Están buscando justicia de verdad o quieren dar a Cristina una buena excusa para voltear, a través de presentaciones de nulidad, la causa de corrupción más importante de la Argentina?
• ¿Están armando, en suma, un nuevo "Operativo Puf", porque fracasaron con el primero que se quiso instalar a través de la causa que tramita en Dolores el juez Federal Alejo Ramos Padilla?
• Por supuesto, son solo preguntas. Porque los aprietes a jueces, los mismos aprietes a los que se refirió Parrilli, no los hacemos los periodistas que seguimos la información. Los hace, por ejemplo, Tomás Méndez a la jueza federal María Servini de Cubría, quien tramitaba una causa contra Macri y otros, en base a una denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y se apartó aduciendo "violencia moral".

Por Luis Majul

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