Lula da Silva pidió permiso para visitar a Cristina Kirchner en su arresto domiciliario
La solicitud la planteó el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi; el mandatario brasileño estará pocas horas en Buenos Aires
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LA NACIONHernán Cappiello
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva pidió visitar a Cristina Kirchner en su departamento de Constitución, donde la expresidenta cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión que le fue impuesta en la causa Vialidad.
Lula llegará a Buenos Aires el miércoles por la noche y partirá de regreso a su país el jueves después de mediodía, tras participar de una cumbre del Mercosur, donde asumirá la presidencia por témpore del organismo pero no habrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.
En cambio, si manifestó su voluntad de ver a la expresidenta en su casa de San José 1111.
El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, realizó el pedido formal de permiso para la visita del mandatario brasileño ante los jueces del tribunal oral federal N°2 Jorge Gorini, Gonzalo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Los magistrados resolverán en las próxima horas. La fecha de la visita solicitada se mantiene en reserva para evitar aglomeraciones.
Cristina Kirchner tiene como una de las reglas de conducta que le fijaron para cumplir su condena la necesidad de pedir permiso para visitas extraordinarias y justificar los motivos.
En cambio, tiene autorizado el ingreso a su casa de una grupo fijo de personas, entre policías de custodia, médicos, familiares y abogados.
La expresidenta apeló ante la Cámara de Casación estas limitaciones y el uso de una tobillera electrónica para controlarla y que no salga de su casa.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron también ante la Casación la concesión del arresto domiciliario y pidieron que Cristina Kirchner vaya a la cárcel.
Todo se resolverá tras una audiencia que se realizará en casación el 7 de julio próximo y que estará a cargo de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Cuando Lula estuvo preso en Brasil fue visitado por Alberto Fernández. Cuando la Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner, Lula la llamó y contó que durante la charla ella se quebró en llanto.
En tanto, los jueces del tribunal oral ya concedieron el arresto domiciliario a Nelson Periotti, extitular de Vialidad, condenado en la causa.
A pesar de que el fiscal Luciani se opuso, el juez Gorini dijo que se dan “razones humanitarias” para otorgarle la prisión domiciliaria.
Explicó que tiene 79 años y un estado de salud frágil. Su atención en la cárcel no está garantizada para su cuadro y además entendió que se trata de un adulto mayor que se acerca a la edad de expectativa de vida.
La prisión de José López
Aún se deben resolver los pedidos de los otros condenados que lo solicitaron: José López, exsecretario de Obras Públicas y el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi.
La defensa de Pavesi la pidió porque su cliente tiene 74 años y requiere asistencia mecánica de respiración por las noches.
Por su parte, la defensa oficial de López señaló que el exfuncionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También, que no puede ir a prisión por una cuestión de seguridad, ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.
Los fiscales Luciani y Mola se opusieron al otorgamiento del arresto domiciliario de López. Dijeron que no existen elementos objetivos que justifiquen esta medida excepcional y desestimaron los motivos de salud y seguridad invocados por la defensa.
La defensa de López había fundamentado su pedido en dos pilares: un supuesto “trastorno por estrés postraumático crónico” que implicaría una “recaída con consecuencias que podrían ser irreversibles para su salud mental” en un régimen penitenciario, y un “riesgo cierto para su vida e integridad personal” debido a su condición de “arrepentido” en el “caso cuadernos”.
Sin embargo, la fiscalía, tras analizar los informes periciales y de seguridad, concluyó que la prisión domiciliaria no procede.
“Respecto al estado de salud de López, los exhaustivos informes del Cuerpo Médico Forense y las evaluaciones psicológicas-psiquiátricas no respaldaron la pretensión de la defensa”, dijeron los fiscales y citaron un examen físico que determinó que López “se encuentra compensado en su estado de salud física” y “no presenta patologías clínicas de tipo crónicas”.
La evaluación psicológica-psiquiátrica, realizada por seis licenciados en psicología y psiquiatría de ambas partes, arrojó conclusiones aún más determinantes: “No se observa, en el momento de efectuada la presente evaluación, que el Sr. López presente sintomatología compatible con un cuadro de desestructuración psicótica que deteriore la función judicativa”.
“No presenta alteraciones del curso y contenido del pensamiento ni trastornos sensoperceptivos en el momento de la evaluación”, señalaron.
El dictamen fiscal enfatiza que estas conclusiones “permiten desvirtuar los presupuestos sobre los cuales la defensa ha introducido su petición”, ya que “no se ha acreditado la existencia de alguna dolencia, ya sea de índole física o psicológica-psiquiátrica, que actualmente implique un riesgo para la salud del peticionante”.
En cuanto al argumento de seguridad personal derivado de su carácter de “arrepentido”, la fiscalía también lo desestimó.
El Ministerio de Seguridad Nacional confeccionó un informe con dos propuestas de alojamiento consideradas aptas para el cumplimiento de la pena. El fiscal consideró que, dada la “inusitada trascendencia que han tenido los hechos que motivaron la causa penal indicada (’cuadernos’)” y el impacto de la declaración de López, “resultaría contrario a toda lógica inferir que el Ministerio de Seguridad de la Nación (...) no ha considerado especialmente la seguridad de aquel en el momento de proponer el lugar de alojamiento”.
López −condenado por enriquecimiento ilícito y fraude− estaba preso en su casa en Río Gallegos al cuidado de su mujer y se presentó detenido en Comodoro PY 2002 tras quedar firme su condena en el caso Vialidad.
Por Hernán Cappiello
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