Nación le pide a Mendoza dar marcha atrás con la cesión de tierras cordilleranas para un centro de esquí

MENDOZA.- No se detiene la controversia por la asignación de tierras fiscales que realizó el gobierno mendocino a una empresa privada para construir un centro de esquí en medio de la Cordillera de los Andes, en el sur de la provincia. Ahora, se subió a la contienda la Casa Rosada, que a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le reclamó a la provincia cuyana que dé marcha atrás con todo lo actuado.

El pedido fue realizado por el titular de la entidad, Martín Cosentino, a través de una dura nota donde cuestiona los pasos dados por la administración radical de Rodolfo Suarez. De esta manera, le solicita al mandatario mendocino que desista de avanzar con el proyecto El Azufre al tomar conocimiento de la entrega de 12.000 hectáreas en una zona de glaciares y volcanes en la comuna de Malargüe, en el límite con Chile.

El organismo que vela por los inmuebles del Estado argentino reclama “dejar sin efecto” el decreto provincial 2138, el cual permite a los empresarios tener posesión preliminar de las tierras luego de las inversiones realizadas en el lugar, aunque no se realizó aún ningún estudio de impacto ambiental, uno de los puntos más exigidos por la oposición mendocina, principalmente el kirchnerismo.

Mediante el escrito, que cayó como un baldazo de agua fría en el gobierno de Suarez, el funcionario nacional indicó que Mendoza incumplió con los convenios de manejo de las tierras acordados décadas atrás con Nación, propietaria de las hectáreas, con el objetivo de desarrollar productiva o turísticamente las zonas de frontera. En el Poder Ejecutivo mendocino consideran que se trata de “chicanas políticas” y que detrás de cada movimiento está La Cámpora para “frenar el proyecto”, comparando también lo que ocurre por estos días con Portezuelo del Viento, la “obra del siglo”, que quedó en stand by, a la espera del laudo presidencial.

“Se advierte que la asignación efectuada a El Azufre SA no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal, prescindiendo del procedimiento de la licitación pública para la adjudicación, justificando esa Provincia su accionar en la existencia de ocupaciones preexistentes –que el Estado Nacional no reconoce ni convalida– y en la realización de inversiones por la firma, sin determinar compensación alguna que guarde relación con el valor de las tierras. En ese sentido, al no darse efectivo y real cumplimiento a lo pactado y asumir competencias propias de esta Agencia el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales”, indica el escrito donde reclama a la provincia dar marcha atrás.

Asimismo, el funcionario nacional criticó los procedimientos realizados a la hora de mensurar los terrenos en pugna y todo trámite sobre las tierras en cuestión. Por su parte, en los últimos días, el kirchnerismo cargó contra el exministro de Gobierno Lisandro Nieri por haber firmado el pedido de mensura y designar ”sin concurso previo ni decreto que lo fundamente al agrimensor de la empresa interesada”.

También, la ABBE se refirió a la falta de dictamen de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que la provincia avance con el trámite de asignación a El Azufre SA.

“En función de todo lo expuesto, solicito que se adopten las medidas necesarias tendientes a dejar sin efecto la asignación de tierras dispuesta por el Decreto Nº 2138/21, en favor de la firma EL AZUFRE S.A., así como todo otro instrumento dictado en su consecuencia”, determina el documento firmado por Cosentino, quien incluso indicó que la decisión se realiza sin perjuicio de ulteriores reclamos por parte del organismo que conduce, por lo que podría accionar judicialmente “en defensa de los intereses del Estado nacional”.

Consultado días atrás por LA NACION, el empresario Alejandro Spinello defendió el proyecto y los pasos que se han dado, aunque reconoció que la asignación precaria de tierras podría haberse dado luego de la declaración de impacto ambiental. “Es una posibilidad que también era válida, pero todo se hizo de manera legal y transparente, basándonos en la normativa y los permisos, con una inversión que ya supera los 5 millones de dólares. Ahora presentamos el master plan, con las diferentes etapas, y esperamos cumplir todas las instancias de evaluación oficiales”, indicó el empresario, desde Colorado, Estados Unidos, recordando todo el trabajo “a pulmón” que vienen realizando en el lugar, donde al inicio, bajo temperaturas extremas, se montó un campamento y se lanzaban alimentos desde un avión.

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