Ni Cristina Kirchner ni el resto de los condenados cubrieron los US$ 535 millones del decomiso por el caso Vialidad

Ni la expresidenta Cristina Kirchner ni ninguno de los otros ocho condenados por el fraude de Vialidad Nacional depositó un peso de los 530 millones de dólares que la justicia les reclama como producto del delito cometido.

La Justicia intenta recuperar el dinero de la corrupción para reparar el daño causado al Estado.

Tras la intimación desoída, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben disponer el decomiso y el remate de los bienes embargados para cobrarse la suma que le reclaman a los condenados.

La ley dice que, con el decomiso de los bienes de los condenados, lo que se busca es secuestrar “las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito” y que este debe quedar en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios.

Pero antes de decidir esto, los jueces deben resolver un nuevo planteo que el martes realizó Cristina Kirchner. La expresidenta pidió suspender el decomiso, que el tribunal se declare incompetente y que le den intervención a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner para evitar que se rematen sus bienes, recibidos en 2016 como adelanto de herencia.

El 15 de julio pasado, el tribunal resolvió abrir una cuenta e intimar a todos los condenados al pago de 684.990.350.139 de pesos, “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”. Llegó ese momento. Pero por ahora nadie pagó.

El fallo del TOF 2 estableció que también se deben decomisar los bienes del empresario Lázaro Báez, del exsecretario de Obras Públicas, José López (condenado a seis años de prisión); los extitulares de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti (seis años), Mauricio Collareda (cuatro años) y Raúl Daruich (tres años y seis meses); y los extitulares de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (cinco años), Raúl Pavesi (cuatro años y seis meses) y José Santibáñez (cuatro años).

Lo primero que deben resolver los jueces es el planteo de la expresidenta que les dijo que eran incompetentes y que habían decidido “un disparate jurídico”.

Además, se quejó de que el fiscal Diego Luciani hubiera reclamado incorporar a los bienes a decomisar aquellos que les cedió a sus hijos como adelanto de herencia de su marido en 2016.

Por eso pidió al tribunal que convoque al proceso a Máximo y a Florencia Kirchner para defenderlos. Entre estos bienes hay terrenos, chacras, casas, inmuebles, departamentos, hoteles, las sociedades que los administran y 6 millones de dólares en efectivo.

Otro planteo a resolver es el de Lázaro Báez, que dijo que sus bienes ya fueron decomisados por el tribunal que lo condenó en la Ruta del Dinero K y que se unificaron sus condenas en 15 años.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron a esta interpretación porque dijeron que lo que se unificó son las penas y no el monto del decomiso.

Además, antes de que se ejecute una decisión definitiva sobre el remate de los bienes, la Cámara de Casación penal debe decidir sobre la apelación de Cristina Kirchner ante la intimación económica.

La expresidenta pidió a los jueces de Casación suspender la ejecución de sus bienes y anular esa decisión. En paralelo, cuestionó la manera en que se calculó el monto del perjuicio provocado al Estado con la maniobra y se reservó el derecho llegar a la Corte Suprema con su reclamo.

Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Cámara de Casación deben resolver si hacen lugar a la apelación o si la rechazan. La expresidenta recurrió el monto del decomiso y dijo que no se puede ejecutar porque el cálculo no es producto de una sentencia firme.

Eventualmente, Cristina Kirchner puede intentar seguir con su reclamo de este asunto económico en la Corte Suprema.

Al cuestionar el índice de actualización, la expresidenta solicitó que se declare la nulidad absoluta del fallo que la intima a depositar el dinero. Y señaló que, “dada la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto”, corresponde “que se suspendan todas las actividades patrimoniales ejecutivas”.

Tras explicar que el decomiso pretende recuperar los bienes producto del delito, la expresidenta sostuvo: “Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”. Afirmó que así lo acreditan los fallos donde fue sobreseída por enriquecimiento ilícito.

Cristina Kirchner insistió: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

La expresidenta dijo que los jueces que la condenaron son incompetentes para decidir y sostuvo que deben resolver los jueces del fuero civil y comercial federal, donde tramita una demanda paralela por daños y perjuicios que planteó la Dirección Nacional de Vialidad. Allí le reclaman 1100 millones de dólares de indemnización.

La expresidenta cuestionó la metodología de cálculo de actualización que hicieron los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu del monto del decomiso establecido en $684.990.350.139. Planteó que hubo graves violaciones constitucionales.

Dijo que al usar el IPC para actualizar el monto determinado tras la sentencia del juicio de diciembre de 2022 se incrementó “en cien veces el monto”, lo que evidenciaría un “proceso de carácter confiscatorio” prohibido por la Constitución Nacional.

La presentación subraya que existió una “clara confusión” entre el decomiso y la reparación de perjuicios”.

Por Hernán Cappiello

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