Nueva denuncia contra Alperovich

Un empresario denunció irregularidades en obras
José Ignacio Sbrocco
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26 de mayo de 2014  

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La senadora nacional Silvia Elías de Pérez (UCR) denunció ayer ante la fiscalía de turno al gobernador José Alperovich por malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La demanda se originó por una nota publicada en el diario La Gaceta, donde un empresario de la construcción afirma que hizo obras en la casa de una de las hijas del mandatario kirchnerista, que los primeros pagos se hicieron en forma privada, pero el saldo se lo tenía que cobrar con obras a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).

"Lo que dice el empresario [Julio César] Villafañe lo escuchamos muchas veces, pero no teníamos pruebas. Esto es la corroboración y es vergonzoso", dijo Elías de Pérez a LA NACION. Villafañe habló ayer con La Gaceta. "Yo le hice refacciones para la casa de la hija del gobernador, Mariana. Los tres primeros pagos me los hicieron (en forma privada) y después me dijeron que con obras de la DAU me iban a completar. Pero al final eso no pasó", contó.

El empresario dijo que los primeros pagos salieron de la concesionaria de autos de la familia Alperovich, donde trabaja Mariana. Y que los restantes dos certificados de obras los tenía que cobrar en la DAU, pero para ese momento los funcionarios no lo atendían más. "Me molestó mucho que vengan con esto. La plata que me debían yo sabía que no la iba a ver más; si me decían que iba todo a la Sala Cuna, no tenía problemas", agregó.

Elías de Pérez había denunciado a Miguel Brito, ex titular de la DAU, por contrataciones a empresas fantasmas. En ese expediente figuraba la empresa de Villafañe.

El secretario general de Libres del Sur, Federico Masso, cuestionó las irregularidades en la DAU. "La sociedad tucumana debe saber que la corrupción y la impunidad con la que actuó y seguirá haciéndolo este gobierno privó a miles de tucumanos de la vivienda propia", dijo.

El Tribunal de Cuentas inició un juicio de responsabilidad en contra de Brito y de Villafañe, entre otros empresarios. El caso salió a la luz porque el Estado pagó $ 320.000 en 2011 a la empresa de Villafañe por una ciclovía de 4 kilómetros, de la que sólo hizo algunos metros de contrapiso. Algo similar ocurrió en 2010 cuando Villafañe tenía que construir 50 rampas para discapacitados, pero hizo ocho, a un costo de $ 25.000.

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