Odebrecht: el acuerdo con Brasil revitalizará cinco causas por coimas

Restan detalles para que la Argentina firme el acuerdo que le permitirá traer las evidencias que desde hace 13 meses duermen en Brasil sobre las coimas de Odebrecht . Eso impactará en al menos cinco investigaciones porteñas, acaso también en otro expediente en Córdoba, y podría sacudir los planes de obra pública del Gobierno. En los tribunales de Comodoro Py, cuatro jueces acumulan cinco pesquisas sobre Odebrecht que podrían dar un salto cualitativo con el material del Lava Jato. El primer paso podría darse el 24 de octubre, cuando debe declarar en Buenos Aires un exejecutivo de Odebrecht.

Se trata de su exvicepresidente para América Latina Luiz Antonio Mameri, quien fue citado a indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento.

Convertido en delator premiado, Mameri ya confesó ante los fiscales brasileños. Admitió que autorizó coimas por US$2,9 millones a funcionarios del Ministerio de Planificación y que los canalizaron a través de un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri , y del lobista Jorge "Corcho" Rodríguez.

La confesión de Mameri en Buenos Aires dependerá, sin embargo, de la letra chica del convenio binacional. ¿Por qué? Porque Mameri y todos los demás brasileños deberán firmar acuerdos individuales de cooperación para luego sí contar lo que saben. Ya sea que viajen al país, se presten a una videoconferencia o reciban en Brasil a los jueces y fiscales que viajen para escucharlos y consultar pruebas adicionales en poder de la "forca da tarefa" del Lava Jato.

Un día después de Mameri, el 25 de octubre, sería el turno de Mauricio Couri Ribeiro para declarar ante el juez federal Martínez de Giorgi, sobre el Sarmiento. Si firma un acuerdo individual de cooperación, podría relatar sus reuniones con un ejecutivo de Iecsa, pero también los pagos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime , a través de una cuenta en Suiza de su testaferro Manuel Vázquez.

Además de esa pesquisa, Martínez de Giorgi también impulsa uno de los dos expedientes por otra obra pública en la que Odebrecht admitió sobornos por US$25 millones a funcionarios argentinos: la extensión de las redes troncales de gasoductos.

El otro expediente sobre esa obra quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas , quien se declaró incompetente antes de la feria judicial y se lo remitió a De Giorgi, quien ahora puede aceptar o rechazar el pase.

En ese proyecto, otro brasileño puede contar todo lo que sabe, previa firma de un acuerdo individual: Marcio Faria. Condenado a 30 años de prisión más una multa por US$6 millones, se convirtió en delator premiado y contó en Brasil lo que sabe. Él también señaló a Corcho Rodríguez como intermediario, junto al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.

Ambos, Corcho Rodríguez y Wagner, también fueron identificados por Luiz Antonio Mameri como los interlocutores de Odebrecht a la hora de pagar sobornos por otros US$14 millones en el tercer proyecto de obra pública que ganó Odebrecht en el país: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas, investigación que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado .

A estos tres jueces con cuatro expedientes se suma la pesquisa a cargo del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Eduardo Taiano sobre la planta de reformado catalítico continuo para YPF en Ensenada, que construyó Odebrecht con un costo que pasó de 130 millones a 285 millones de dólares, más otro contrato para desmontar instalaciones y limpiar la refinería de La Plata, que saltó de $70,5 millones a $323 millones.

Mientras esas son las investigaciones que podrían recibir evidencias desde Brasil, muy distinto es el panorama en el "caso Arribas". En la Argentina, la Corte Suprema debe evaluar si reabre la investigación sobre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral . En Brasil, en tanto, los investigadores mantienen bajo secreto las delaciones del "doleiro" Leonardo Meirelles, tanto en el Lava Jato como en la Operaçao Descarte, según precisaron los diarios Estadao y O Globo.

El impacto en los PPP

Al impacto judicial del acuerdo sellado entre fiscales argentinos y brasileños, sin embargo, podría sumarse otro coletazo en las licitaciones bajo el régimen de participación público-privada (PPP), en las que participan tres empresas que integraron consorcios con Odebrecht en la Argentina, más Techint como subcontratista.

Esas empresas son Roggio y Cartellone -socias en la construcción de la planta potabilizadora de AySA y cuyos titulares, Aldo Roggio y Tito Biagini, se encuentran procesados- y Sacde (ex-Iecsa), socia para soterrar el tren Sarmiento y cuyo exdueño y un exejecutivo fueron citados a indagatoria, en tanto que Techint fue su subcontratista para extender las redes de gasoductos y fue declarada "inidónea" en Brasil para disputar cualquier contrato con el gobierno federal de ese país durante cinco años, decisión que se encuentra suspendida y apelada en Brasil.

La empresa reclama $1500 millones

Odebrecht reclamó ayer a la Justicia argentina el cobro de $1500 millones por obras realizadas en el país y por las que se sospecha que pagó coimas. En plenas vacaciones judiciales se realizó ayer una audiencia en la Cámara Federal, donde los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens escucharon durante 40 minutos las razones de Odebrech para querer cobrar y los argumentos de la Oficina Anticorrupción, que se opuso a que se concrete el pago. Se resolverá la semana próxima.

El juez Daniel Rafecas dictó el mes pasado una medida de no innovar para que Odebrecht no cobre los reclamos de indemnización por dos contratos de obra pública -uno de ellos, por la ampliación de gasoductos-, por los que el magistrado procesó al detenido exministro Julio De Vido y a otros exfuncionarios, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.